Firman este artículo Mariano Fernández Bermejo, Alberto Costa, Rachida Dati, Clemente Mastella, Lovro Sturm y Brigitte Zypries, ministros de Justicia de España, Portugal, Francia, Italia, Eslovenia y Alemania, respectivamente (EL PAÍS, 15/09/07):
El pasado 15 de agosto, el asesinato de seis italianos en Duisburgo, Alemania, aparentemente como consecuencia de un ajuste de cuentas entre organizaciones mafiosas, ha puesto de manifiesto el carácter transnacional de la criminalidad y la violencia y que estos fenómenos sitúan a nuestros Estados frente a los mismos desafíos.
El mismo día, Francia tuvo que enfrentarse al drama de los abusos sufridos por un niño, que fue probablemente la víctima de un delincuente sexual reincidente recién salido de la cárcel.
Por otro lado, cuatro miembros de ETA han sido detenidos en Francia hace unos días. En un piso de Cahors había material para preparar explosivos que hubieran podido pasar y detonar en España. Además, uno de los coches utilizado por los terroristas detenidos recientemente había sido alquilado en Portugal.
¿Qué relación existe entre estos hechos y qué consecuencias conllevan? Parece que el primero y el tercero son la ilustración de una criminalidad transfronteriza que consiste en la preparación de un crimen en un país, su ejecución en otro, y ello cuidadosamente planificado más allá de las fronteras. Sin embargo, el segundo es un delito cometido por un individuo aislado en territorio nacional, sin relación por tanto con otros Estados.
Bien sea enfrentándose a la criminalidad organizada internacional, al terrorismo o a los hechos de delincuencia aislados, nuestros Estados deben combatir las mismas lacras: delincuencia sexual, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y terrorismo. Por eso debemos unir nuestras fuerzas y desarrollar conjuntamente respuestas comunes.
El desarrollo ulterior del espacio judicial europeo se ha convertido en una necesidad imperiosa. Es imposible responder aisladamente a la delincuencia: en tanto exista una frontera nacional entre una infracción y su autor, entre un juez y un elemento de prueba, en nuestra Europa de libre circulación de personas y capitales la respuesta policial y judicial será más difícil.
Nuestros tres ejemplos ilustran estas exigencias. El primero nos confirma que las viejas y las nuevas mafias hablan varios idiomas. Se trata de organizaciones capaces de aprovechar cualquier oportunidad de lucro a través o más allá de las fronteras.
Dichas mafias se introducen en la economía lícita, empleando sistemas financieros sofisticados para el blanqueo de dinero y sacando provecho de la dimensión global de los mercados para sus operaciones ilícitas. Se trata de asociaciones de malhechores capaces de establecer lazos con otras organizaciones criminales, actuando a nivel internacional. El éxito de las acciones penales frente a tal desafío pasa directamente por el nivel de eficacia de la cooperación judicial entre nuestros Estados.
En nuestro segundo ejemplo, el niño víctima de un delincuente sexual pudo ser encontrado gracias al dispositivo de alerta de secuestros puesto en marcha en Francia, gracias a las descripciones proporcionadas por un hostelero y un taxista. ¿Cómo mejorar el conjunto de las investigaciones así como los intercambios de informaciones entre las instancias represivas? Porque si el secuestrador hubiese atravesado las fronteras, ¿no deberían haberse difundido estos mensajes también en los países limítrofes? Los servicios policiales y los magistrados de estos países, ¿no hubieran debido ser avisados al igual que los de Francia?
En el tercer caso, se demuestra que las actividades terroristas no tienen fronteras y que la prevención y una actuación eficaz, allí donde se preparan los atentados, pueden salvar muchas vidas y evitar mucho sufrimiento y dolor.
Es evidente: el conjunto de los Estados de la UE debería disponer de un sistema análogo, capaz de funcionar en red. Esto es lo que piden los ciudadanos europeos: una justicia próxima a sus preocupaciones, que proteja a los más débiles y que demuestre, con su eficacia y la armonización de los medios que despliegue, que es capaz, en un espacio ampliado a veintisiete estados, de transmitir y asegurar la protección de los valores comunes sobre los que reposa la UE. Sin lugar a dudas, las reglas mínimas de protección de los derechos de las personas incriminadas son muy importantes para la cooperación judicial en materia penal.
Tenemos que dotarnos de los mismos instrumentos y de reglas análogas. También debemos prestar atención al fortalecimiento de la dimensión tecnológica europea, gracias a la justicia electrónica, tanto para mejorar la eficacia de la lucha contra la criminalidad transfronteriza como para simplificar la vida de los ciudadanos y de las empresas europeas.
Desde esta perspectiva, el nuevo Tratado de Reforma representa una ocasión histórica. Las nuevas reglas relativas al proceso decisorio de las instituciones europeas prevén que, en materia de justicia, las decisiones sean adoptadas por mayoría y ya no por unanimidad.
Conocemos las prioridades: ahora tenemos que aplicarlas si queremos que la cooperación judicial y jurídica sea óptima. A la luz de los ejemplos señalados, es importante marcarse los objetivos siguientes:
1. Reforzar la unidad de cooperación judicial Eurojust, vigilando su cumplimiento por parte de los Estados miembros y examinando la posibilidad de atribuir a Eurojust otros poderes con el fin de facilitar las investigaciones y persecuciones transnacionales, previendo la participación de los miembros de Eurojust en los equipos conjuntos de investigación.
2. Desarrollar rápidamente los instrumentos previstos por la UE en materia de reconocimiento mutuo de las decisiones de confiscación, para que sea posible confiscar los activos de los delitos transnacionales en todo el territorio de la Unión.
3. Mejorar el acceso de los ciudadanos y de las empresas a los instrumentos de la justicia electrónica, gracias al nuevo portal europeo de justicia.
4. Acordar un instrumento de la UE que mejore el intercambio de informaciones judiciales, así como adoptar dispositivos comunes, como la alerta de secuestro.
No se trata de una declaración de intenciones suplementaria. Nuestro convencimiento es que es necesario actuar. El ámbito de la Europa de la Justicia es amplio y complejo. Pero representa lo que responde a las necesidades reales de los ciudadanos europeos y es capaz de acercarlos a las instituciones de la Unión.
Queremos trabajar juntos para que todo esto sea una realidad.
El pasado 15 de agosto, el asesinato de seis italianos en Duisburgo, Alemania, aparentemente como consecuencia de un ajuste de cuentas entre organizaciones mafiosas, ha puesto de manifiesto el carácter transnacional de la criminalidad y la violencia y que estos fenómenos sitúan a nuestros Estados frente a los mismos desafíos.
El mismo día, Francia tuvo que enfrentarse al drama de los abusos sufridos por un niño, que fue probablemente la víctima de un delincuente sexual reincidente recién salido de la cárcel.
Por otro lado, cuatro miembros de ETA han sido detenidos en Francia hace unos días. En un piso de Cahors había material para preparar explosivos que hubieran podido pasar y detonar en España. Además, uno de los coches utilizado por los terroristas detenidos recientemente había sido alquilado en Portugal.
¿Qué relación existe entre estos hechos y qué consecuencias conllevan? Parece que el primero y el tercero son la ilustración de una criminalidad transfronteriza que consiste en la preparación de un crimen en un país, su ejecución en otro, y ello cuidadosamente planificado más allá de las fronteras. Sin embargo, el segundo es un delito cometido por un individuo aislado en territorio nacional, sin relación por tanto con otros Estados.
Bien sea enfrentándose a la criminalidad organizada internacional, al terrorismo o a los hechos de delincuencia aislados, nuestros Estados deben combatir las mismas lacras: delincuencia sexual, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y terrorismo. Por eso debemos unir nuestras fuerzas y desarrollar conjuntamente respuestas comunes.
El desarrollo ulterior del espacio judicial europeo se ha convertido en una necesidad imperiosa. Es imposible responder aisladamente a la delincuencia: en tanto exista una frontera nacional entre una infracción y su autor, entre un juez y un elemento de prueba, en nuestra Europa de libre circulación de personas y capitales la respuesta policial y judicial será más difícil.
Nuestros tres ejemplos ilustran estas exigencias. El primero nos confirma que las viejas y las nuevas mafias hablan varios idiomas. Se trata de organizaciones capaces de aprovechar cualquier oportunidad de lucro a través o más allá de las fronteras.
Dichas mafias se introducen en la economía lícita, empleando sistemas financieros sofisticados para el blanqueo de dinero y sacando provecho de la dimensión global de los mercados para sus operaciones ilícitas. Se trata de asociaciones de malhechores capaces de establecer lazos con otras organizaciones criminales, actuando a nivel internacional. El éxito de las acciones penales frente a tal desafío pasa directamente por el nivel de eficacia de la cooperación judicial entre nuestros Estados.
En nuestro segundo ejemplo, el niño víctima de un delincuente sexual pudo ser encontrado gracias al dispositivo de alerta de secuestros puesto en marcha en Francia, gracias a las descripciones proporcionadas por un hostelero y un taxista. ¿Cómo mejorar el conjunto de las investigaciones así como los intercambios de informaciones entre las instancias represivas? Porque si el secuestrador hubiese atravesado las fronteras, ¿no deberían haberse difundido estos mensajes también en los países limítrofes? Los servicios policiales y los magistrados de estos países, ¿no hubieran debido ser avisados al igual que los de Francia?
En el tercer caso, se demuestra que las actividades terroristas no tienen fronteras y que la prevención y una actuación eficaz, allí donde se preparan los atentados, pueden salvar muchas vidas y evitar mucho sufrimiento y dolor.
Es evidente: el conjunto de los Estados de la UE debería disponer de un sistema análogo, capaz de funcionar en red. Esto es lo que piden los ciudadanos europeos: una justicia próxima a sus preocupaciones, que proteja a los más débiles y que demuestre, con su eficacia y la armonización de los medios que despliegue, que es capaz, en un espacio ampliado a veintisiete estados, de transmitir y asegurar la protección de los valores comunes sobre los que reposa la UE. Sin lugar a dudas, las reglas mínimas de protección de los derechos de las personas incriminadas son muy importantes para la cooperación judicial en materia penal.
Tenemos que dotarnos de los mismos instrumentos y de reglas análogas. También debemos prestar atención al fortalecimiento de la dimensión tecnológica europea, gracias a la justicia electrónica, tanto para mejorar la eficacia de la lucha contra la criminalidad transfronteriza como para simplificar la vida de los ciudadanos y de las empresas europeas.
Desde esta perspectiva, el nuevo Tratado de Reforma representa una ocasión histórica. Las nuevas reglas relativas al proceso decisorio de las instituciones europeas prevén que, en materia de justicia, las decisiones sean adoptadas por mayoría y ya no por unanimidad.
Conocemos las prioridades: ahora tenemos que aplicarlas si queremos que la cooperación judicial y jurídica sea óptima. A la luz de los ejemplos señalados, es importante marcarse los objetivos siguientes:
1. Reforzar la unidad de cooperación judicial Eurojust, vigilando su cumplimiento por parte de los Estados miembros y examinando la posibilidad de atribuir a Eurojust otros poderes con el fin de facilitar las investigaciones y persecuciones transnacionales, previendo la participación de los miembros de Eurojust en los equipos conjuntos de investigación.
2. Desarrollar rápidamente los instrumentos previstos por la UE en materia de reconocimiento mutuo de las decisiones de confiscación, para que sea posible confiscar los activos de los delitos transnacionales en todo el territorio de la Unión.
3. Mejorar el acceso de los ciudadanos y de las empresas a los instrumentos de la justicia electrónica, gracias al nuevo portal europeo de justicia.
4. Acordar un instrumento de la UE que mejore el intercambio de informaciones judiciales, así como adoptar dispositivos comunes, como la alerta de secuestro.
No se trata de una declaración de intenciones suplementaria. Nuestro convencimiento es que es necesario actuar. El ámbito de la Europa de la Justicia es amplio y complejo. Pero representa lo que responde a las necesidades reales de los ciudadanos europeos y es capaz de acercarlos a las instituciones de la Unión.
Queremos trabajar juntos para que todo esto sea una realidad.
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