Por Elena Valenciano, eurodiputada socialista, y miembro de la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo (EL PAÍS, 15/09/07):
No existe un consenso internacional sobre la edad a la que puede considerarse a una persona adulta para mantener relaciones sexuales, ni tampoco sobre cuántos años ha de tener la víctima para que se tipifique un delito como pornografía infantil. Contemplar en Internet fotografías de menores que están siendo violados no se castiga en casi ningún país. Mientras tanto, millones de niños y niñas son víctimas de la pornografía infantil en todo el mundo. La falta de una definición universal y de una legislación homologable es aprovechada por los delincuentes para extender su maldita red.
La ley española define pornografía infantil como “toda representación de menores de edad en conductas sexualmente explícitas”. En nuestro Código Civil, los 18 años marcan la frontera para tipificar un delito como pornografía infantil, pero en países como Alemania o Austria la edad se rebaja a los 14, y en algunos Estados africanos, a 13. Ahora bien,más allá de las definiciones, lo que debe quedar rotundamente claro es que la pornografía infantil es una violación flagrante de los derechos de la infancia.
La expansión de Internet, que no entiende de fronteras ni de leyes nacionales, ha revolucionado la naturaleza de este delito y ha convertido a los menores en víctimas más vulnerables, si cabe.
El avance de las nuevas tecnologías proporciona a los consumidores de pornografía la posibilidad de enviar y recibir fotografías o vídeos de un lado a otro del mundo en tiempo real corriendo, sólo, un riesgo mínimo. De hecho, las web personales han ido perdiendo peso en detrimento de las comunidades, foros y programas de intercambio, protegiendo eficazmente el anonimato y creando un sentimiento de camaradería que sirve para justificar y normalizar esa práctica. Las fotografías que se intercambian en la Red son cada vez más violentas y denigrantes, incluyendo imágenes de bebés menores de un año.
Según las organizaciones especializadas, en el mundo existen más de cuatro millones de zonas de Internet con material sexual de menores, y cada día se crean alrededor de quinientos sitios nuevos. Sólo en el año 2005, el incremento de sitios pederastas fue del 70% en relación al año anterior.
Si consideramos que el 60% de estas páginas son de pago y que la cuota media de acceso son 40 euros al mes, podemos determinar la gran dimensión de este millonario negocio. Los consumidores de este sórdido negocio son, en un 90%, varones de entre 30 y 45 años de nivel económico medio-alto y con un perfil urbano.
En el transcurso de un congreso sobre prostitución y tráfico de personas al que asistí el año pasado en Toledo, un alto mando de la Guardia Civil narraba su terrible experiencia al requisar imágenes brutales de agresiones sexuales a niños muy pequeños. Y explicaba su sorpresa al comprobar que, muchas veces, al intervenir en un domicilio el ordenador de algún adolescente, descubrían que los consumidores de pornografía infantil eran, en realidad, los padres de los jóvenes.
Quienes piensan que no hacen “nada malo” porque las imágenes existen -están en Internet- y, por lo tanto, el daño ya está hecho, se equivocan. En realidad, son también moralmente responsables del abuso que se ha cometido contra los menores, contribuyendo con su práctica al sostenimiento de la red delictiva. Además, puede que estén transitando, peligrosamente, hacia la pedofilia. Una fina membrana separa el consumo de pornografía infantil del abuso de menores. Se estima que el 30% de los consumidores termina poniendo en práctica lo que ha visto, pasando de la agresión virtual a la real.
Quienes practican el turismo sexual infantil son los principales consumidores de esta pornografía. Muchos de ellos filman sus actos con cámaras digitales para luego vender las imágenes a través de la Red o compartir con otros pedófilos su cruel álbum de viajes. La prostitución, el turismo sexual con menores, la pornografía, el tráfico de personas, forman parte de un mismo entramado criminal.
En España, primer país europeo consumidor de pornografía infantil y segundo en el mundo, según los datos disponibles, hubo que esperar hasta 1999 para que se persiguiera cualquier modalidad de tráfico y distribución, eliminándose también la exigencia de ánimo de lucro en la conducta del autor. En 2004 se dio un paso más con la reforma del Código Penal, que pasó a considerar delito no sólo su producción y distribución sino también la posesión, así como la pornografía técnica y la seudopornografía infantil.
Sin embargo, el acceso a contenidos pornográficos de menores no está tipificado como delito en nuestro país. Además, ni la apología de la pederastia (relatos y enlaces que aluden a contenidos de sexo con menores) ni la pornografía infantil virtual (manipulación de las imágenes de adultos para que parezcan menores) ni asistir a espectáculos de pornografía infantil están regulados, y el tráfico o difusión se castiga con penas que oscilan entre uno y cuatro años de prisión.
La Unión Europea se ha situado a la cabeza de la lucha contra este delito. En 2002 adoptaba una Decisión Marco relativa a la orden de detención que ha permitido reducir de 18 meses a varias semanas el tiempo para tramitar una extradición por esta causa. En marzo de 2006 entró en vigor una recomendación de la UE que establece un aumento de las penas. Por su parte, el Parlamento Europeo firmó el pasado año una declaración sobre la prohibición de constituir asociaciones, movimientos o partidos inspirados en principios pedófilos. La iniciativa supuso una contundente respuesta a la promoción de un partido político en los Países Bajos denominado Amor al Prójimo, Libertad y Diversidad, que pretendía liberalizar la pornografía infantil y las relaciones sexuales entre adultos y niños.
Junto al endurecimiento y armonización judicial, la toma de conciencia de los internautas es fundamental. Sólo en nuestro país, la Guardia Civil recibe al año alrededor de 8.000 denuncias de personas que se encuentran con este tipo de páginas en la Red. En muchos Estados, los proveedores de servicios de Internet han creado códigos de conducta para combatir la pornografía infantil. Asimismo, la industria tecnológica ha comenzado a desarrollar programas informáticos de clasificación y filtrado de contenidos.
Pero es la conciencia social la que podrá conducirnos a la tolerancia cero frente a todo tipo de maltrato infantil, que tiene en el abuso y la explotación sexual una de sus caras más amargas.Una sociedad moderna y equilibrada debe medirse, también, por el grado de protección que ejerce sobre su infancia, procurándole los recursos necesarios para que se conviertan en adultos sanos y libres. Ningún “respetable ciudadano” debe arrebatarles su niñez.
No existe un consenso internacional sobre la edad a la que puede considerarse a una persona adulta para mantener relaciones sexuales, ni tampoco sobre cuántos años ha de tener la víctima para que se tipifique un delito como pornografía infantil. Contemplar en Internet fotografías de menores que están siendo violados no se castiga en casi ningún país. Mientras tanto, millones de niños y niñas son víctimas de la pornografía infantil en todo el mundo. La falta de una definición universal y de una legislación homologable es aprovechada por los delincuentes para extender su maldita red.
La ley española define pornografía infantil como “toda representación de menores de edad en conductas sexualmente explícitas”. En nuestro Código Civil, los 18 años marcan la frontera para tipificar un delito como pornografía infantil, pero en países como Alemania o Austria la edad se rebaja a los 14, y en algunos Estados africanos, a 13. Ahora bien,más allá de las definiciones, lo que debe quedar rotundamente claro es que la pornografía infantil es una violación flagrante de los derechos de la infancia.
La expansión de Internet, que no entiende de fronteras ni de leyes nacionales, ha revolucionado la naturaleza de este delito y ha convertido a los menores en víctimas más vulnerables, si cabe.
El avance de las nuevas tecnologías proporciona a los consumidores de pornografía la posibilidad de enviar y recibir fotografías o vídeos de un lado a otro del mundo en tiempo real corriendo, sólo, un riesgo mínimo. De hecho, las web personales han ido perdiendo peso en detrimento de las comunidades, foros y programas de intercambio, protegiendo eficazmente el anonimato y creando un sentimiento de camaradería que sirve para justificar y normalizar esa práctica. Las fotografías que se intercambian en la Red son cada vez más violentas y denigrantes, incluyendo imágenes de bebés menores de un año.
Según las organizaciones especializadas, en el mundo existen más de cuatro millones de zonas de Internet con material sexual de menores, y cada día se crean alrededor de quinientos sitios nuevos. Sólo en el año 2005, el incremento de sitios pederastas fue del 70% en relación al año anterior.
Si consideramos que el 60% de estas páginas son de pago y que la cuota media de acceso son 40 euros al mes, podemos determinar la gran dimensión de este millonario negocio. Los consumidores de este sórdido negocio son, en un 90%, varones de entre 30 y 45 años de nivel económico medio-alto y con un perfil urbano.
En el transcurso de un congreso sobre prostitución y tráfico de personas al que asistí el año pasado en Toledo, un alto mando de la Guardia Civil narraba su terrible experiencia al requisar imágenes brutales de agresiones sexuales a niños muy pequeños. Y explicaba su sorpresa al comprobar que, muchas veces, al intervenir en un domicilio el ordenador de algún adolescente, descubrían que los consumidores de pornografía infantil eran, en realidad, los padres de los jóvenes.
Quienes piensan que no hacen “nada malo” porque las imágenes existen -están en Internet- y, por lo tanto, el daño ya está hecho, se equivocan. En realidad, son también moralmente responsables del abuso que se ha cometido contra los menores, contribuyendo con su práctica al sostenimiento de la red delictiva. Además, puede que estén transitando, peligrosamente, hacia la pedofilia. Una fina membrana separa el consumo de pornografía infantil del abuso de menores. Se estima que el 30% de los consumidores termina poniendo en práctica lo que ha visto, pasando de la agresión virtual a la real.
Quienes practican el turismo sexual infantil son los principales consumidores de esta pornografía. Muchos de ellos filman sus actos con cámaras digitales para luego vender las imágenes a través de la Red o compartir con otros pedófilos su cruel álbum de viajes. La prostitución, el turismo sexual con menores, la pornografía, el tráfico de personas, forman parte de un mismo entramado criminal.
En España, primer país europeo consumidor de pornografía infantil y segundo en el mundo, según los datos disponibles, hubo que esperar hasta 1999 para que se persiguiera cualquier modalidad de tráfico y distribución, eliminándose también la exigencia de ánimo de lucro en la conducta del autor. En 2004 se dio un paso más con la reforma del Código Penal, que pasó a considerar delito no sólo su producción y distribución sino también la posesión, así como la pornografía técnica y la seudopornografía infantil.
Sin embargo, el acceso a contenidos pornográficos de menores no está tipificado como delito en nuestro país. Además, ni la apología de la pederastia (relatos y enlaces que aluden a contenidos de sexo con menores) ni la pornografía infantil virtual (manipulación de las imágenes de adultos para que parezcan menores) ni asistir a espectáculos de pornografía infantil están regulados, y el tráfico o difusión se castiga con penas que oscilan entre uno y cuatro años de prisión.
La Unión Europea se ha situado a la cabeza de la lucha contra este delito. En 2002 adoptaba una Decisión Marco relativa a la orden de detención que ha permitido reducir de 18 meses a varias semanas el tiempo para tramitar una extradición por esta causa. En marzo de 2006 entró en vigor una recomendación de la UE que establece un aumento de las penas. Por su parte, el Parlamento Europeo firmó el pasado año una declaración sobre la prohibición de constituir asociaciones, movimientos o partidos inspirados en principios pedófilos. La iniciativa supuso una contundente respuesta a la promoción de un partido político en los Países Bajos denominado Amor al Prójimo, Libertad y Diversidad, que pretendía liberalizar la pornografía infantil y las relaciones sexuales entre adultos y niños.
Junto al endurecimiento y armonización judicial, la toma de conciencia de los internautas es fundamental. Sólo en nuestro país, la Guardia Civil recibe al año alrededor de 8.000 denuncias de personas que se encuentran con este tipo de páginas en la Red. En muchos Estados, los proveedores de servicios de Internet han creado códigos de conducta para combatir la pornografía infantil. Asimismo, la industria tecnológica ha comenzado a desarrollar programas informáticos de clasificación y filtrado de contenidos.
Pero es la conciencia social la que podrá conducirnos a la tolerancia cero frente a todo tipo de maltrato infantil, que tiene en el abuso y la explotación sexual una de sus caras más amargas.Una sociedad moderna y equilibrada debe medirse, también, por el grado de protección que ejerce sobre su infancia, procurándole los recursos necesarios para que se conviertan en adultos sanos y libres. Ningún “respetable ciudadano” debe arrebatarles su niñez.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario