Por Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca (EL MUNDO, 30/04/10):
Una de las muchas paradojas que se perciben en Iberoamérica es el empeño por ignorar sus procesos integradores mientras se persiste en la retórica de erigir nuevas entidades. La sopa de letras es tan infinita como las combinaciones del alfabeto para hacer acrónimos. Algunos de esos procesos llevan casi medio siglo de andadura pero no han tenido avances sostenidos y languidecen o agonizan. Sólo Centroamérica está haciendo los esfuerzos más serios y persistentes de integración regional.
Hace unas semanas se acordó crear otra organización: la Comunidad de América Latina y Caribe (CALC). Esta tiene el detalle, frente a UNASUR, de englobar a todos los Estados latinoamericanos y los del Caribe. Allí, los sucesivos fracasos dan lugar a nuevas instituciones que dejan a medio terminar las anteriores conformando un milhojas. En la Unión Europea, por el contrario, las insuficiencias dan lugar a reformas pero no abandonamos la inicial organización de integración.
Algunas estrategias unilaterales sí han hecho carambola en la otra orilla del Atlántico. Por ejemplo, Venezuela abandonó la Comunidad Andina de Naciones, y tras ella, como un resorte, Bolivia, dejando a la moribunda CAN en una desaparición agónica. Tras hundir el CAN, Venezuela ha puesto sus ojos en Mercosur, apadrinada por un maquiavélico Brasil. El barco mercosureño, que zozobraba desde hace tiempo -entre otras cosas por el doble juego brasileño-, encalla ahora irremediablemente con la tropa que les llega… Con una sola jugada, dos organizaciones subregionales, ya tocadas, amenazan ahora con el hundimiento. Sin Estado fuerte ni organismo subregional que le tosa, Brasil juega a rancia potencia regional frente al multilateralismo eficaz.
La UE ha apoyado todos los procesos latinoamericanos con paciencia y fe misionera. Nos creemos nuestro modelo, aunque seamos críticos, pues nos ha funcionado con éxito aplastante: la UE es una garantía de paz y bienestar en el marco de una de las sociedades más igualitarias del planeta. Nuestro proceso regional es muy anterior a la globalización; gracias al espacio económico y social creado, nos hemos adelantado y resistido a un mundo global. Es la enseñanza que la UE trató de propagar, de forma tan persistente como inútil, con muchos recursos financieros, por tierras americanas.
La UE defiende el multilateralismo eficaz y, a ese fin estratégico, las organizaciones regionales y subregionales pueden facilitar nuevas oportunidades de estabilidad política, desarrollo económico y social y búsqueda de bienes públicos globales. Los procesos de integración pueden dar una respuesta a la necesidad de gobernabilidad regional y mundial, pero en América Latina y Caribe (ALC) su dispersión, junto con la escasa fortaleza y apoyo político y social, les hace ineficaces.
Una diferencia radical entre el proceso europeo de integración y los procesos latinoamericanos ha sido el consentimiento para compartir soberanía. Para la UE la soberanía es un valor relativo cuyo ejercicio se subordina a la consecución de bienestar en igualdad del conjunto de la población y con ello un verdadero respeto a los derechos humanos. Para los Estados de ALC, la soberanía es una noción absoluta a la que ningún valor se puede subordinar. Esa sacralización de la soberanía ha impedido romper la brecha de miseria material en la que viven sus pueblos.
Aunque a ambas orillas del charco hallamos valores compartidos, nos separa un océano conceptual: la democracia en ALC, cuando la hay, es una democracia electoral. Resulta casi grotesco pensar en una Carta Democrática común entre las dos orillas. Dejando a un lado la dictadura en Cuba y las autocracias populistas de los caudillos bolivarianos, los sistemas estatales de ALC, basados en ejecutivos autocráticos y débiles sistemas de responsabilidad y control parlamentario y judicial, son el obstáculo para llevar a cabo políticas macroeconómicas de desarrollo financiero y social y de redistribución de la renta.
En Latinoamérica no hay separación real de poderes y carecen de una administración imparcial, eficiente y transparente. La diferencia entre las naciones no es la riqueza en recursos materiales; el abismo hoy en día está originado por Estados bien organizados y Estados mal organizados. Hoy, en una economía abierta y globalizada, la ventaja competitiva internacional se funda en sólidas estructuras sociales y políticas que permitan la igualdad de oportunidades y una economía social emergente.
Parece evidente que un marco de integración debe ser una opción endógena sentida y querida por sus propios actores y que el apoyo de la UE no ha podido sustituir ni crear esa voluntad. No cabe fomentar lo que realmente no se desea y la UE debe afrontar una nueva estrategia que tenga en cuenta las necesidades reales de una región tan heterogénea que hace dudar sobre si es una región.
La Comisión no puede aferrarse a su propio modelo como elemento exportable. Debe aceptar sin más que ALC viene optando por etéreos acuerdos milhojas frente al método europeo de gestión centralizada de la unión aduanera, el mercado interior y las políticas comunes. Los dirigentes políticos latinoamericanos no tienen la cultura de la sumisión al Derecho como expresión de la voluntad general, no aprecian los engranajes institucionales ni confían en la ley como instrumento integrador. Su santa voluntad lo decide todo, incluida la perenne falta de equidad de sus sociedades.
La UE debería limitarse a acompañar las iniciativas endógenas de cooperación entre los Estados de ALC. No debe propiciar ni estimular nada que no obedezca al propio impulso y necesidades sentidas por la ciudadanía de esos países. Por ello las relaciones de la UE con los Estados que forman organizaciones subregionales no pueden seguir supeditadas al fortalecimiento de sus respectivos procesos de integración.
Claro que entre los Estados de América Latina y Caribe hay una interdependencia estratégica: tienen fuertes y señalados intereses mutuos en la globalización y sufren problemas comunes que les debilitan como región en un mundo global: zonas sin control gubernamental en las que se expande el crimen organizado (México, Colombia, Brasil, Guatemala…), la carencia de interconectividad de sus infraestructuras, inmensa riqueza en fuentes energéticas pero sin garantía de aprovisionamiento, amplia pobreza y exclusión social, etc. Para algunos Estados los recursos energéticos no son un instrumento para su desarrollo económico y social sino que son un arma política en las relaciones internacionales, ya sean subregionales o globales: sólo favorecen al poder dominante y no a la población, dueña inherente de esos recursos y riquezas naturales. Tienen, pues, problemas específicos y comunes a los que la cooperación transfronteriza puede dar solución y merecen la asistencia técnica y financiera de la UE en sus esfuerzos intrarregionales.
Si hay Estados de ALC que no desean la vía subregional, la quieren abandonar o estiman que mediante esa relación se ven perjudicados, la vía bilateral es plenamente legítima. Todos los instrumentos para la relación eurolatinoamericana son válidos: bilateral, subregional y birregional. Habrá que utilizarlos sin exclusiones ni condiciones. Las relaciones pueden tener una geometría variable y cohonestar mecanismos multinivel. La vía bilateral no debe ser vista como un fracaso de la subregional sino como la adecuada a situaciones diversas entre sí.
La UE no debe malgastar ni un euro más en formación y mantenimiento de estructuras institucionales. Debe cambiar su inútil estrategia, que repite como si fueran mantras en todos sus documentos. La vía subregional no puede mantenerse como prioritaria, pues ese empecinamiento ha llevado al colapso de las relaciones con muchos países de Iberoamérica.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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