Por Thierry Desrues, científico titular del CSIC en el IESA de Córdoba y coordinador, con Miguel Hernando de Larramendi, de la obra colectiva: Mohamed VI. Procesos políticos y cambio social en Marruecos, Almuzara, Córdoba, 2011 (EL PAÍS, 13/09/11):
En Marruecos, la reciente reforma del texto constitucional refleja en múltiples ámbitos (identidad, lenguas, igualdad de género, Estado de derecho o gobernanza) que Mohamed VI tiene un proyecto de modernización de su país. No obstante, los cambios introducidos no modifican sustancialmente las relaciones de poder entre palacio y los dispositivos democráticos existentes (el Gobierno y el Parlamento). Lo que en un principio podría parecer como un golpe maestro (versión maquiavélica o lampedusiana) que mantiene la centralidad monárquica, refleja en realidad la debilidad de los dispositivos democráticos. Los partidos políticos no han sabido regenerarse y avanzan a remolque de las iniciativas reales, a sabiendas de que la popularidad de Mohamed VI erosiona la propia legitimidad de la actual estructura de partidos.
Ahora bien, el proyecto de modernización promovido desde palacio necesita ganar hegemonía en términos gramscianos. Dicho con otras palabras: para que pueda ser llevado a buen término sin generar riesgos de inestabilidad, el proyecto impulsado por Mohamed VI requiere ser asumido por unos partidos políticos renovados, que cuenten con respaldo popular y con capacidad de gestión cuando asuman responsabilidades de gobierno.
Si bien son diversas las evaluaciones que existen sobre la acción de Mohamed VI en los 12 años que lleva reinando, las que proceden de los sectores llamados “modernizadores” pueden reagruparse alrededor de dos grandes tendencias. Ambas comparten el temor ante los riesgos de involución violenta, pero discrepan entre ellas a la hora de valorar las convicciones democráticas del soberano.
En el contexto del referéndum constitucional, una primera corriente de opinión considera que el nuevo texto profundiza en la trayectoria de las reformas ya iniciadas en los últimos años con respecto a la lengua amazige, la promoción de la igualdad entre sexos, la reconciliación con distintos colectivos víctimas de la represión durante los años de plomo o la lucha contra la pobreza. La cooptación de figuras procedentes de la oposición izquierdista y de la sociedad civil refuerza su convicción de que el régimen puede reformarse desde dentro. Ante las insuficiencias y las dudas sobre los avances democráticos insisten, con cierto tono comprensivo, en los graves problemas sociales y económicos heredados, en el riesgo islamopopulista, en la amenaza terrorista, en la incertidumbre que pesa sobre el contencioso en el Sáhara o en la incógnita que representa el Ejército ante los distintos escenarios de cambio que podrían surgir.
Esta corriente de opinión considera que tales elementos justifican un proceso gradual de reformas que se enmarcaría dentro de una visión estratégica a largo plazo: la democratización como objeto final. Como consecuencia de esta valoración, definen una estrategia colaborativa respetando el ritmo y plazos marcados por palacio.
La segunda corriente de opinión, en cambio, rechaza la convergencia entre el relato democrático y la acción de Mohamed VI. Aun cuando reconocen que el texto constitucional contiene ciertos avances, insisten en que los progresos en materia de democratización parlamentaria de la monarquía alauí no son tales. Para ellos, es justamente en los ámbitos fundamentales de los sistemas democráticos (primer ministro, Gobierno, Parlamento, Poder Judicial) donde las reformas no se están dando con la celeridad debida. Ante el ansia de reformas que atraviesa el mundo árabe o por los cambios sociales que experimenta la propia sociedad marroquí, demandan una reforma que conduzca a una verdadera monarquía parlamentaria en Marruecos.
Esta corriente de opinión considera también que la metodología seguida para reformar la Constitución no es democrática, lo que hace que la califiquen de “Constitución otorgada”. Esta posición sintoniza con las críticas hacia el despotismo, la corrupción y las desigualdades sociales surgidas del movimiento del 20 de febrero.
Este movimiento, que actúa como la voz de la mayoría silenciosa, aglutina a un conjunto heterogéneo de jóvenes sin afiliación política, personalidades, asociaciones y fuerzas políticas fundamentalmente de la izquierda no gubernamental y del islamismo ilegal de Justicia y Espiritualidad.
A pesar de los resultados exitosos del referéndum constitucional del pasado 1 de julio, la realidad es que Mohamed VI se encuentra solo en el proceso de reforma. Por un lado, el aparente apoyo que recibe de la primera corriente modernizadora va acompañado de una buena dosis de conformismo que acaba asemejándose con demasiada frecuencia al servilismo voluntario y que no sirve para impulsar el proceso de reforma.
Los partidos oficialistas no han sido capaces de cumplir con su papel de correa de transmisión de la voluntad real, quedándose muy por debajo de las expectativas de reforma constitucional trazadas por la hoja de ruta del monarca. Por otro lado, la posición más crítica de la segunda corriente modernizadora, y por tanto poco proclive a la colaboración, genera una situación de “suma cero” que contribuye a deslegitimar el proceso de reforma ante ciertos sectores de la opinión pública nacional e internacional.
Los tres discursos que Mohamed VI ha pronunciado este año, así como las intervenciones de las fuerzas de seguridad, han demostrado que no está dispuesto a que se le imponga el contenido de la agenda política. Unos afirman que puede contar para su proyecto de reforma con el Ejército y las fuerzas de seguridad, así como con el personal religioso, la tecnocracia, las grandes familias vinculadas a la dinastía alauí, las organizaciones de la sociedad civil que colaboran en las instancias consultivas y, siempre está ahí, la reserva de apoyo del medio rural. Otros, en cambio, señalan que dicha lealtad es instrumental y que no es homogénea, al verse afectados estos grupos por los cambios que atraviesan al conjunto de la sociedad marroquí.
Ante este panorama, merece destacar la polémica levantada por el Partido Justicia y Desarrollo (PJD) sobre el lugar de la religión y las lenguas en los borradores de la Constitución. A pesar de que es sabido que el Rey no comulga con el proyecto de sociedad de los islamistas, estos últimos no se han visto contrarrestados por las demás fuerzas políticas. El PJD sale reforzado del pulso constitucional; en cambio, el Partido Autenticidad y Modernidad, creado por Fouad Ali el Himma, el amigo del rey, para frenar el avance islamista ha sido la principal víctima del movimiento del 20-F.
La obsolescencia del sistema de partidos políticos, anclado en unas prácticas que ya no encajan con las demandas de la ciudadanía y con las dinámicas del cambio social experimentado en Marruecos, podía haber empujado a la monarquía a apostar, como ocurrió en otros contextos de transición democrática (como el español), por un proceso de reforma política que ofreciese un verdadero papel protagonista a los partidos políticos en el edificio constitucional y, por tanto, les empujase a renovarse o morir.
En contraste, la desconfianza de palacio hacia la capacidad de los partidos para adaptarse al ritmo que sería necesario para que actúen de verdaderos impulsores de la hoja de ruta marcada por el propio Rey, ha vuelto a colocar al monarca como el eje alrededor del cual todo acabará por girar. Así lo deja entrever el hecho de que en víspera de las elecciones previstas para noviembre no se vean aún señales de reconfiguración del escenario partidista.
Huérfano de un sistema de partidos y un Parlamento legitimados por la población, cabe decir que el rey se encuentra solo ante su pueblo. En esta posición de soledad tiene que gestionar las presiones contradictorias de los adeptos del statu quo, de los partidarios de la reforma constitucional y de los díscolos que no se resignan a esperar la instauración de la democracia.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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