Propiedad a la China

Por Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China, CASA ASIA-IGADI (EL CORREO DIGITAL, 07/03/07):

En Pekín, el Parlamento debe dar esta semana su visto bueno a la primera legislación acerca de la propiedad privada en más de medio siglo. Pudiera pensarse por ello, y equivocadamente, que el régimen chino introduce en su largo proceso modernizador una variable antes inexistente. Por el contrario, la primera singularidad de esta reglamentación, en discusión desde hace casi una década, es que va muy por detrás de la realidad. Por utilizar un símil urbanístico, de lo que se trata, simplemente, es de hacer los planos de una casa ya construida.

En efecto, son casi ya cinco millones las empresas privadas inventariadas en China y están presentes en casi todo tipo de ámbitos desde que el Partido Comunista, en 2005, aprobó sus «36 puntos sobre la economía privada», documento guía para todo tipo de autoridades y poderes. He ahí otra expresión de la singularidad china, en especial en lo que atañe a la coherencia del compromiso por establecer un Estado de Derecho: no importa que no existan legislación ni decisiones estatales; la clave radica en la formulación de una política partidaria al respecto. A finales de 2006, los empleados del sector sumaban 130 millones de personas. Y en 2005 ya representaba más del 65% del PIB. Su participación en el comercio exterior ha pasado de alcanzar el 1% en 2000 al 15% en 2005.

A la par del desarrollo autónomo del sector, y aunque oficialmente se ha negado la existencia de una política privatizadora, cabe decir que, muy al contrario, ésta sí ha existido, afectando esencialmente a la llamada propiedad social, que ha sido el auténtico motor del crecimiento chino en los últimos lustros. Muchos de los gerentes de este tipo de unidades de producción, en su día ‘elegidos’ por la colectividad laboral, hoy se han convertido en los auténticos dueños de las empresas. Eso explica que en torno al 30% de los empresarios privados chinos pertenezcan al PCCh y que la empresarial sea, en buena medida, una elite ‘dirigida’.

La propiedad privada china es urbana y costera. Su presencia en el ámbito rural y en las zonas del interior del país es poco significativa y ello incide en un factor de diferenciación importante en la configuración y consolidación de distintos sistemas económicos a lo largo y ancho del país.

Por último, el desarrollo de la propiedad privada ha contribuido al deterioro del ambiente laboral. La firma de contratos en este sector es casi una excepción. Las violaciones de todo tipo de derechos y el respeto de las condiciones de trabajo más elementales (seguridad, descanso, retribución, etcétera) son una constante escandalosa. Las autoridades chinas, muy celosas de la observación de la ley en otros ámbitos, hacen la vista gorda en este asunto. A diferencia de lo que ha ocurrido con el desarrollo de la propiedad privada, en este aspecto parecen haber optado por esperar a la próxima aprobación de una nueva ley de contratación laboral, actualmente en discusión, y que, aun otorgando poquísimos derechos laborales y sociales, ya ha provocado numerosas quejas del sector, tanto nacional como extranjero, especialmente de las mismas multinacionales cuya falsa propaganda asegura que contribuyen a mejorar el estándar laboral de los trabajadores chinos.

Según se ha anunciado, el código de derechos reales no contemplará la privatización de la tierra, que seguirá en manos del poder público, «al menos por cien años más». No obstante, pese a esta negativa formal, lo cierto es que si uno se adentra por algunas zonas rurales de las provincias costeras, puede comprobar cómo los agricultores han ‘vendido’ sus parcelas a empresas constructoras privadas que han poblado de nuevas construcciones numerosas superficies antes dedicadas al cultivo de cereales. Y nadie se lo ha impedido aunque, probablemente, no sea del todo legal.

La regulación que sancione el Parlamento chino ‘blanqueará’ las apropiaciones registradas en los últimos años a manos de jefes del Partido y otras autoridades, aportará mayores garantías a los sectores adinerados del país (unos 50 millones de personas) para calmar sus temores y evitar lamentables fugas de capital, pero probablemente no otorgará las garantías suficientes para reprimir los abusos de funcionarios y autoridades que ‘expropian’ las tierras de los campesinos en beneficio de controvertidos proyectos que les permiten amasar grandes fortunas.

La nueva clase empresarial china y el PCCh tendrán que entenderse. Jiang Zemin propuso la teoría de la triple representatividad para argumentar su inclusión en las filas partidarias. En su día, Deng Xiaoping había alertado sobre el fracaso de la reforma si, como consecuencia de ella, surgía una nueva clase burguesa. Esos temores obsesionan aún a los comunistas chinos ya que, paradójicamente, alentando la propiedad privada, bien pudieran estar promoviendo a los propios sepultureros del sistema instaurado en 1949, en muchos aspectos ya poco reconocible.