Por SILVIA BLANCO - Madrid - (El Pais.com, 17/06/2011)
John Edward López, colombiano de 24 años, es uno de los numerosos exmilitares de su país que en las últimas dos semanas han contestado a una peculiar oferta de empleo en Internet. Se trata de trabajar como mercenario en Emiratos Árabes Unidos durante al menos un año. En el anuncio se requiere experiencia en combate. Él dice tenerla. "He estado en el Guaviare y Meta [zonas con presencia de las FARC]" y, agrega, no tiene miedo del riesgo que podría suponer este trabajo. El sueldo prometido es de 2.550 dólares al mes, cinco veces más de lo que ganaba hasta ahora.
La palabra mercenario es tan controvertida como las actividades que el gremio lleva a cabo por el mundo. Llámense contratistas o empresas de seguridad militar privadas, están en plena expansión y vivieron su propia burbuja con las guerras de Afganistán e Irak. Entre 2001 y 2006 brotaron más empresas y se consolidaron las grandes multinacionales estadounidenses y británicas, que controlan el 70% del sector. Hoy, el negocio mueve 100.000 millones de dólares anuales (70.000 millones de euros), según la ONU.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatió recientemente en Ginebra la necesidad de dotar de un marco legal internacional a estas empresas. De establecer con claridad, para todos los países, cuáles son las funciones que pueden desempeñar y cuáles corresponden exclusivamente a los Estados. En realidad, llevan años discutiendo el tema. El principal escollo es la negativa occidental (sobre todo, Francia, Reino Unido y EE UU, donde están las principales compañías), que prefiere la autorregulación. La industria también, claro.
José Luis Gómez del Prado, presidente del grupo de trabajo de la ONU sobre el tema que ha documentado desde 2006 decenas de irregularidades cometidas por estas empresas, explica que "hay un gran vacío legal. El problema es la falta de rendición de cuentas de las compañías, aunque las haya contratado un Gobierno con los impuestos del contribuyente. El ejemplo más claro es Blackwater". El 16 de septiembre de 2007, un grupo de empleados de esta empresa, que ahora se llama Xe Services, ante la sospecha de un ataque de la insurgencia, disparó contra civiles en la concurrida plaza de Nisour, en Bagdad. Mataron a 17 personas e hirieron a 24. Este suceso desató la indignación de los iraquíes y simbolizó la impunidad que suponía la privatización de la guerra. Nadie ha sido condenado todavía por esos hechos. Una maraña legal y jurisdiccional lo ha impedido hasta que en abril un tribunal de EE UU reactivó el caso.
Empleados de la firma estadounidense Blackwater participan en un tiroteo en la ciudad iraquí de Nayaf, en abril de 2004.- GERVASIO SÁNCHEZ (AP)
Uno de los temores de la ONU es que "se use a mercenarios o se recurra a estas empresas para reprimir movimientos prodemocráticos", como apunta Gómez del Prado. En Libia, Muamar el Gadafi ha utilizado a mercenarios africanos para tratar de aplastar la revuelta interna que ha desembocado en guerra civil. Algunos de ellos, capturados por los rebeldes, explicaron a Reuters que las autoridades libias les engañaron o los reclutaron por la fuerza y les dieron armas. Al Yazira filmó hace dos semanas a un grupo de hombres occidentales armados hablando con los rebeldes en la primera línea de fuego cerca de Misrata. Al día siguiente, The Guardian informó de que eran antiguos militares británicos que ayudaban a la OTAN a identificar objetivos para bombardeos.
El episodio es confuso. Pero sí parece verosímil que en un país del que se ha apoderado el caos, sin apenas control fronterizo por el este, se cuelen espías y compañías de seguridad militar privadas que han encontrado en Libia un nuevo hábitat. SGSI Group es una de ellas. Su fundador y gerente, Víctor González Moreno, de 41 años, afirma que está en Bengasi desde hace un par de meses. Explica que tienen a 50 trabajadores allí y que se dedican a adiestrar en el uso de las armas al improvisado ejército que busca derrocar a Gadafi. Asegura, a través de una entrecortada conversación por Skype, que ya han entrenado a unos 1.500 hombres. SGSI Group fue fundada en 1997 con capital español, pero está radicada en Gibraltar. Su responsable de prensa, Mar Monsoriu, afirma que tienen un campo de entrenamiento en Cesárea (Israel). El director de SGSI subraya que no cobran por entrenar a los civiles libios. Pero confía en que sea una inversión de futuro: "No digo que una vez pase la tormenta no vayamos a quedar en muy buena situación con los posibles nuevos clientes".
En este negocio es importante la nacionalidad y la formación. En las tarifas internacionales que maneja el grupo de trabajo de la ONU respecto a los contratistas en Irak, un ex Navy Seal o un exmarine de EE UU, un exlegionario francés o un británico cobran hasta 30 veces más (unos 30.000 dólares al mes) que un hondureño, un indio o un peruano, que cobrarían unos mil euros.
Los mercenarios no solo trabajan en guerras. Ni solo para empresas. La propia ONU contrata seguridad privada para proteger a su personal o sus edificios, igual que ONG o periodistas en zonas de conflicto. Las empresas de seguridad militar han logrado hacerse necesarias allí donde los Estados prefieren mirar para otro lado o es demasiado caro actuar.
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