Por Luis Alejandre (EL PERIÓDICO, 24/07/07):
Escribí recientemente (domingo, 3 de junio) que ciertos rayos de esperanza se vislumbraban en el incierto horizonte colombiano cuando se daba por hecho un intercambio humanitario entre rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y miembros del grupo guerrillero encarcelados en prisiones del Estado. Se trataba de buscar una solución satisfactoria para 56 rehenes, colombianos, norteamericanos y, entre ellos, la candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, de ascendencia francesa, que propició la intervención de Nicolas Sarkozy, y su declaración en el G-8 en apoyo del intercambio y, en el fondo, para respaldar a Álvaro Uribe.
Escribí recientemente (domingo, 3 de junio) que ciertos rayos de esperanza se vislumbraban en el incierto horizonte colombiano cuando se daba por hecho un intercambio humanitario entre rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y miembros del grupo guerrillero encarcelados en prisiones del Estado. Se trataba de buscar una solución satisfactoria para 56 rehenes, colombianos, norteamericanos y, entre ellos, la candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, de ascendencia francesa, que propició la intervención de Nicolas Sarkozy, y su declaración en el G-8 en apoyo del intercambio y, en el fondo, para respaldar a Álvaro Uribe.
Creía realmente en la posibilidad de que con la liberación de Rodrigo Granda, considerado el canciller de las FARC, buscaba Uribe abrir una puerta a la negociación, a la vez que lavaba las condiciones poco ortodoxas con las que había sido secuestrado aquel en Caracas en el 2004.
La lógica de Sarkozy, de las embajadas de España, Suiza y Francia, que llevan el mayor esfuerzo en las negociaciones, de los asesores de Uribe, saltó por los aires el pasado 28 de junio, cuando se conoció que 11 de los secuestrados, todos diputados provinciales de la Asamblea del Valle del Cauca, habían muerto violentamente. Llevaban en poder de las FARC desde abril del 2002.
EL COMUNICADO tenía fecha del 23 y relataba unos hechos acaecidos el 18 de junio, 11 días después de que Uribe iniciase la liberación de prisioneros del grupo insurgente. Su comandancia, que había transmitido a sus frentes la cruel orden de matar a los rehenes ante cualquier indicio de rescate militar, acusa ahora al Gobierno de desarrollar “una demencial intransigencia apoyada en la estrategia de rescate militar”.
El Gobierno les ha llamado simplemente asesinos, y reclama los cuerpos de los diputados para que una comisión internacional dictamine si murieron a consecuencia de “tiros cruzados” en un combate o si recibieron un tiro de gracia.
Lo aberrante está en la orden de la dirección de las FARC de eliminar a los prisioneros ante cualquier amenaza, orden que viola todas las leyes de la guerra y todos los convenios derivados de ellas.
NO ES descartable que, ante la sensibilización del momento, agravada por la reciente fuga de secuestrados, en cualquier rincón del Cauca o de Nariño se hubiesen producido refriegas en lo que se considera un importante corredor estratégico del Putumayo al Pacífico, salida natural de la coca. Incluso hay quien afirma que la presencia de cazarrecompensas puede haber provocado la masacre. No debe despreciarse esta hipótesis teniendo en cuenta que hablamos de cantidades que van desde los dos millones y medio de dólares para cada uno de los ocho miembros que constituyen el secretariado de las FARC, hasta los 100.000 dólares por un mando de tercer nivel de la organización.
Porque es significativo que las FARC no acusasen directamente al Ejército, como es habitual en sus comunicados, sino a “un grupo militar sin identificar hasta el momento”. Alguien pudo pensar que era un rescate militar en regla y ejecutó órdenes. Más complicado resulta pensar que la comandancia de las FARC, con plena responsabilidad, retase al presidente Uribe, respondiendo a la liberación de Granda con 11 asesinatos selectivos. Sería sencillamente utilizar a personas como escudos de una política terca y deshumanizada. Rompería toda la lógica, incluso del maquiavelismo mas frío y cruel.
A VECES PIENSO que los gabinetes presidenciales, los secretarios generales de Naciones Unidas o de la OTAN deberían tener en plantilla, una célula –llamémosla B– formada por asesinos convictos, psicópatas irrecuperables, deprimidos crónicos e inconformistas fanatizados, y pasarles previamente algunas decisiones. Los asesores normales responden con estudios de opinión, con análisis sociológicos, incluso con ecuaciones económicas, utilizando la lógica política que da prioridad a lo posible sobre lo deseable, que busca –soy bien pensado– el bien general. El gabinete B respondería con instinto, con odio, pero sería –quizá– más certero y próximo a la lógica de ciertos grupos que llevan décadas regando de sangre y dolor a sus sociedades.
AYUDARÍAN a prever lo imprevisible, a imaginar lo inimaginable, llámese Torres Gemelas, llámese Atocha, llámese metro de Londres, llámese T-4. Quiero imaginar, y lo deseo de todo corazón, que en Colombia no impere esta lógica después de conocer la cruel e innecesaria muerte de 11 representantes del pueblo del valle del Cauca.
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