Por José Graziano da Silva, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe (LA VANGUARDIA, 25/06/07):
La cohesión social, como esquema de desarrollo de los pueblos basado en la promoción de los derechos humanos, se articula en torno a tres ideas básicas íntimamente relacionadas entre ellas: hay que reducir las brechas sociales, especialmente la de los ingresos, hay que garantizar el disfrute de derechos de los ciudadanos y hay que promover el sentido de pertenencia a la sociedad.
Estas ideas constituyen el nuevo paradigma de desarrollo en América Latina que se inspira en la experiencia europea de acercamiento de sociedades diversas y economías dispares, con el objeto de construir un modelo propio, a sabiendas de que se vive una realidad histórica y geopolítica diferente y, sobre todo, de que se está en un punto de partida distinto.
Una primera gran diferencia radica en el tema del hambre. Europa no tenía 53 millones de hambrientos, como tiene América Latina, cuando empezó a hablar de cohesión social. No tenía más de nueve millones de niños desnutridos cuando propuso la promoción del sentido de pertenencia al “espacio europeo”, y tampoco tenía generaciones de pobres condenados a seguir perpetuando la miseria y la exclusión sin perspectivas de futuro.
En América Latina, en cambio, hay hambre de más cohesión social, es cierto, pero también hambre de la básica, de alimentos sanos y nutritivos, suficientes y permanentes. En Panamá, por ejemplo, un cuarto de la población pasa hambre, en la República Dominicana casi uno de cada tres ciudadanos no come lo suficiente, y en Guatemala uno de cada dos niños está desnutrido.
Hoy América Latina está en una situación extraordinariamente favorable para reducir drásticamente la profunda brecha económica y social que nos ha afectado secularmente, ya que hace mucho tiempo que no se veían cinco años de crecimiento sostenido en la mayor parte de los países de la región. También se ha reducido la pobreza extrema y la indigencia, los gobiernos han dado una mayor atención a los problemas sociales y ha habido una institucionalización creciente de la democracia.
¿Cómo es posible, entonces, que las sociedades latinoamericanas no puedan cubrir necesidades tan básicas como la alimentación y la nutrición de sus ciudadanos? Sobre todo, considerando que en el 2004 la región de América Latina y el Caribe produjo un 30% más de alimentos de los que se necesitarían para alimentar a todos sus habitantes.
Al notar que el hambre y la desnutrición estaban quedando descolgadas de la locomotora de la cohesión social en América Latina, la FAO, la Cepal y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) están haciendo un esfuerzo por llevar el tema del hambre a un lugar prioritario en la agenda del desarrollo en la región.
Actualmente hay dos iniciativas en curso en la región, cuyos objetivos son erradicar el hambre y la desnutrición crónica cuanto antes. Una se llama “América Latina y Caribe sin hambre”, lanzada por Brasil y Guatemala y apoyada por la FAO, y la otra es “Hacia la erradicación de la desnutrición crónica infantil”, lanzada por el PMA, con el apoyo de Cepal y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ambas son iniciativas que no sólo apoyan la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio de reducir el hambre a la mitad para el año 2015, sino que van un poco más allá: ya no se trata de reducir el hambre a la mitad, sino que hay que acabar con ella el año 2025 a más tardar.
América Latina tiene los recursos naturales, humanos, financieros, de infraestructuras y de instituciones democráticas necesarios para acabar con el hambre, pero es la voluntad política la que casi siempre ha faltado.
¿Qué hacer, entonces, para avanzar hacia sociedades más cohesionadas? Pues se hace imprescindible mayor voluntad política para la construcción de una institucionalidad adecuada y duradera, que traspase gobiernos y partidos políticos, para lo cual se necesitan leyes de seguridad alimentaria, planes de largo plazo, estrategias consensuadas con diversos actores, para poder crear verdaderas “políticas de Estado” y programas nacionales de amplia envergadura. Y, obviamente, necesitamos lo esencial: los recursos financieros y las capacidades técnicas para llevar a cabo programas concretos en beneficio de los más necesitados.
En la dimensión política de la cohesión social también son importantes los pactos para avanzar hacia el futuro con modelos que armonicen mayor inclusión social y sentido de pertenencia. Esto significa, entre otras cosas, abrir canales a la participación ciudadana, dar voz a los que no la tienen y aprender a escuchar para procesar sus demandas.
La erradicación del hambre debe ser la primera prioridad política, y la primera urgencia temporal, en el camino hacia una mayor cohesión social y equidad en América Latina. El derecho a la alimentación debe formar parte de los derechos mínimos que toda sociedad debe garantizar a sus ciudadanos para avanzar hacia una distribución más equitativa de oportunidades y asegurar ciudadanía plena para todos. Reducir la brecha de oportunidades e ingresos implica mejorar las condiciones de vida de aquellos que no tienen lo elemental para vivir: una adecuada alimentación. Si estamos convencidos de que sí se puede acabar con el flagelo del hambre, entonces tiene que dejar de ser éste un reclamo retórico para convertirse en un compromiso real. Mientras exista hambre no habrá bienestar
La cohesión social, como esquema de desarrollo de los pueblos basado en la promoción de los derechos humanos, se articula en torno a tres ideas básicas íntimamente relacionadas entre ellas: hay que reducir las brechas sociales, especialmente la de los ingresos, hay que garantizar el disfrute de derechos de los ciudadanos y hay que promover el sentido de pertenencia a la sociedad.
Estas ideas constituyen el nuevo paradigma de desarrollo en América Latina que se inspira en la experiencia europea de acercamiento de sociedades diversas y economías dispares, con el objeto de construir un modelo propio, a sabiendas de que se vive una realidad histórica y geopolítica diferente y, sobre todo, de que se está en un punto de partida distinto.
Una primera gran diferencia radica en el tema del hambre. Europa no tenía 53 millones de hambrientos, como tiene América Latina, cuando empezó a hablar de cohesión social. No tenía más de nueve millones de niños desnutridos cuando propuso la promoción del sentido de pertenencia al “espacio europeo”, y tampoco tenía generaciones de pobres condenados a seguir perpetuando la miseria y la exclusión sin perspectivas de futuro.
En América Latina, en cambio, hay hambre de más cohesión social, es cierto, pero también hambre de la básica, de alimentos sanos y nutritivos, suficientes y permanentes. En Panamá, por ejemplo, un cuarto de la población pasa hambre, en la República Dominicana casi uno de cada tres ciudadanos no come lo suficiente, y en Guatemala uno de cada dos niños está desnutrido.
Hoy América Latina está en una situación extraordinariamente favorable para reducir drásticamente la profunda brecha económica y social que nos ha afectado secularmente, ya que hace mucho tiempo que no se veían cinco años de crecimiento sostenido en la mayor parte de los países de la región. También se ha reducido la pobreza extrema y la indigencia, los gobiernos han dado una mayor atención a los problemas sociales y ha habido una institucionalización creciente de la democracia.
¿Cómo es posible, entonces, que las sociedades latinoamericanas no puedan cubrir necesidades tan básicas como la alimentación y la nutrición de sus ciudadanos? Sobre todo, considerando que en el 2004 la región de América Latina y el Caribe produjo un 30% más de alimentos de los que se necesitarían para alimentar a todos sus habitantes.
Al notar que el hambre y la desnutrición estaban quedando descolgadas de la locomotora de la cohesión social en América Latina, la FAO, la Cepal y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) están haciendo un esfuerzo por llevar el tema del hambre a un lugar prioritario en la agenda del desarrollo en la región.
Actualmente hay dos iniciativas en curso en la región, cuyos objetivos son erradicar el hambre y la desnutrición crónica cuanto antes. Una se llama “América Latina y Caribe sin hambre”, lanzada por Brasil y Guatemala y apoyada por la FAO, y la otra es “Hacia la erradicación de la desnutrición crónica infantil”, lanzada por el PMA, con el apoyo de Cepal y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ambas son iniciativas que no sólo apoyan la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio de reducir el hambre a la mitad para el año 2015, sino que van un poco más allá: ya no se trata de reducir el hambre a la mitad, sino que hay que acabar con ella el año 2025 a más tardar.
América Latina tiene los recursos naturales, humanos, financieros, de infraestructuras y de instituciones democráticas necesarios para acabar con el hambre, pero es la voluntad política la que casi siempre ha faltado.
¿Qué hacer, entonces, para avanzar hacia sociedades más cohesionadas? Pues se hace imprescindible mayor voluntad política para la construcción de una institucionalidad adecuada y duradera, que traspase gobiernos y partidos políticos, para lo cual se necesitan leyes de seguridad alimentaria, planes de largo plazo, estrategias consensuadas con diversos actores, para poder crear verdaderas “políticas de Estado” y programas nacionales de amplia envergadura. Y, obviamente, necesitamos lo esencial: los recursos financieros y las capacidades técnicas para llevar a cabo programas concretos en beneficio de los más necesitados.
En la dimensión política de la cohesión social también son importantes los pactos para avanzar hacia el futuro con modelos que armonicen mayor inclusión social y sentido de pertenencia. Esto significa, entre otras cosas, abrir canales a la participación ciudadana, dar voz a los que no la tienen y aprender a escuchar para procesar sus demandas.
La erradicación del hambre debe ser la primera prioridad política, y la primera urgencia temporal, en el camino hacia una mayor cohesión social y equidad en América Latina. El derecho a la alimentación debe formar parte de los derechos mínimos que toda sociedad debe garantizar a sus ciudadanos para avanzar hacia una distribución más equitativa de oportunidades y asegurar ciudadanía plena para todos. Reducir la brecha de oportunidades e ingresos implica mejorar las condiciones de vida de aquellos que no tienen lo elemental para vivir: una adecuada alimentación. Si estamos convencidos de que sí se puede acabar con el flagelo del hambre, entonces tiene que dejar de ser éste un reclamo retórico para convertirse en un compromiso real. Mientras exista hambre no habrá bienestar
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