Por Luigi Zingales, profesor de Ciencias Empresariales y Finanzas en la Escuela de Posgrado de Administración de Empresas de la Universidad de Chicago y coautor, junto con Raghuram G. Rajan, de Saving Capitalism from the Capitalists (“Salvar el capitalismo de los capitalistas”). Traducido del inglés por Carlos Manzano (Project Syndicate, 22/03/11):
Quien crea que el sector financiero americano había tenido suficiente mala publicidad, debe informarse mejor. El juicio de Raj Rajaratnam, multimillonario gestor de fondos de cobertura acusado de utilizar información privilegida para la contratación en bolsa, acaba de comenzar. Es probable que ofrezca una revelación particularmente escabrosa del punto débil y corrupto del mundo financiero.
El juicio de Rajaratnam es notable en muchos sentidos. En primer lugar, es una de las pocas causas judiciales por utilización e información privilegiada contra un gestor profesional de fondos de cobertura. Históricamente, los fiscales generales federales y de los estados han preferido procesar a los autores de contrataciones en bolsa “ocasionales”, pues llaman mucho la atención.
Por ejemplo, cuando un pequeño banco italiano recibió de alguien que nunca había intervenido en la bolsa la orden de comprar un gran número de acciones de US Shoe poco antes de que esta empresa fuera comprada por la empresa italiana fabricante de gafas Luxottica, no resultó difícil sospechar que había gato encerrado. Dicho de otro modo, precisamente porque quienes intervienen ocasionalmente en la bolsa lo hacen raras veces, resulta mucho más fácil demostrar una relación de causalidad entre sus transacciones y una información secreta e ilegal. En cambio, resulta mucho más difícil descubrir un problema cuando una persona hace centenares de transacciones todos los días.
En el caso de Rajaratnam, la posibilidad de establecer esa vinculación se debió a la vigilancia telefónica. Éste es el segundo aspecto notable del juicio: es la primera causa por utilización de información privilegiada que se ha basado en un instrumento generalmente utilizado para instruir causas relacionadas con drogas o con la mafia. Cuando se revele en el tribunal el contenido de esas conversaciones, no apaciguará precisamente la ya considerable desconfianza, por no decir algo peor, que el público siente respecto del sector financiero.
Pero el aspecto más notable de esta causa es la categoría de las personas implicadas. En los casos anteriores de procesamientos por utilización de información privilegiada de personas que no hubieran intervenido ocasionalmente en la bolsa estuvieron implicados por lo general financieros delincuentes, como Ivan Boesky en el decenio de 1980.
Esta vez, se trata del propio corazón empresarial de los Estados Unidos. Un director general de McKinsey, Anil Kumar, ya se ha declarado culpable de haber facilitado información a Rajaratnam a cambio de pagos al contado de al menos 1,75 millones de dólares. Raja Gupta, director general mundial de McKinsey durante nueve años, está acusado de ser uno de los conspiradores, como también Rajiv Goel, director general de Intel.
Cuesta tanto concebir que ejecutivos de éxito pongan en peligro su carrera y reputación de ese modo, que probablemente seamos muchos los que abrigamos la esperanza de que las acusaciones resulten carentes de fundamento, pero recientes investigaciones académicas –de Lauren Cohen, Andrea Frazzini y Christopher Malloy– demuestran que no es inverosímil que compañeros de la época universitaria como Kumar, Goel y Rajaratnam se reunieran para compartir información confidencial.
Esas investigaciones muestran que los gestores de carteras apostaron grandes sumas a favor de empresas cuyos directores eran amigos y conocidos suyos de la época universitaria y obtuvieron un ocho por ciento más de beneficios anuales. Una interpretación benévola de esos resultados es la de que los compañeros de la época universitaria se conocen mejor; así, un gerente de cartera tiene una ventaja al juzgar la competencia del director general, si compartió la época universitaria con él, pero dicha interpretación benévola resulta difícil de conciliar con el descubrimiento de que esos grandes beneficios se dan en torno a fechas en las que se anunciaron noticias empresariales.
Después de diez semanas de un juicio así, resultará fácil al público sacar la conclusión de que todos los fondos de cobertura son corruptos y de que el sistema está amañado para perjudicar a quienes carecen de información privilegiada. Por fortuna, no es así. Auque hay, desde luego, algunas manzanas podridas en el sector de los fondos de cobertura, la mayoría de quienes intervienen en él actúan correctamente y sus investigaciones legítimas contribuyen a hacer más eficiente el mercado.
No obstante, resultará difícil a los gestores honrados de fondos de cobertura quitarse la mácula que por culpa de unos agentes de bolsa delincuentes ha recaído sobre ese sector. Una forma de hacerlo es la de adoptar una actitud proactiva de transparencia. Los fondos de cobertura deben informar públicamente sobre todas las operaciones que se remonten a al menos dos años atrás. Semejante transparencia con retraso no debilitaría su competitividad, pues la media vida de la mayoría de las estrategias bursátiles es muy corta, pero les granjearía la credibilidad que entraña el no tener nada que ocultar.
La transparencia pública voluntaria por parte de los fondos de cobertura podría prevenir también una intervención reglamentadora mucho más fuerte que podría acompañar a los alarmantes titulares provocados por el juicio de Rajaratnam.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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