Gobierno y mercado

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 16/10/08):

Es sabido que una de las máximas que definía la política económica a partir de los años de Thatcher y Reagan era aquella que decía : “El Gobierno es el problema, no la solución”. De ahí toda la ola de privatizaciones y de regulaciones que, con gobiernos de uno u otro signo, ha dominado la escena económica de los últimos casi treinta años.

No voy a entrar en una disputa para la cual no estoy capacitado: la de si esta filosofía económica liberal ha sido la causante de la actual crisis económica o bien, al contrario, la crisis es consecuencia de la filosofía intervencionista, en concreto de la mala gestión de los organismos reguladores aún existentes en Estados Unidos, sea la Reserva Federal o los organismos de garantía de crédito. Ahora bien, cualquier persona no experta es capaz, hoy por hoy, de constatar un hecho: que en estos aciagos y angustiosos días de septiembre y octubre, el Gobierno, los gobiernos, no han sido el problema, sino que han sido los instrumentos para llegar a una solución. Si esta solución surtirá los efectos deseados lo comprobaremos en las próximas semanas y meses. Pero, en todo caso, cualquiera de las partes implicadas, sean empresarios o sindicatos, banqueros o industriales, liberales o socialdemócratas, todos se han acogido al amparo de los poderes públicos, ciertamente con propuestas diferenciadas (no es lo mismo el plan Paulson que el plan Brown, y la ideología y los intereses se dejan notar en ambos), pero siempre, todos, han exigido la intervención del Estado. Parece que, en este caso, el mercado ha sido el problema y el Gobierno la solución, al revés de lo que decían Thatcher y Reagan.

De esta coyuntura, pero no creo que debamos extraer soluciones extremas, pasar de un lado al otro del péndulo: seguramente ni el mercado ni el Estado son o bien el problema o bien la solución. En cambio, quizás una combinación entre ambos sea probablemente una solución razonable. Echemos una mirada a la historia.

Los partidarios de que el Estado debe abstenerse de intervenir en economía critican probablemente al mercantilismo de las monarquías absolutas de los siglos XVII y XVIII, pero no hay duda de que en aquellos tiempos esta política económica alcanzó logros indudables, sólo hay que recordar las medidas llevadas a cabo por Colbert en Francia. Ciertamente, el libre comercio propugnado por los liberales del XIX y del XX dio un impulso espectacular al progreso económico, pero, a su vez, este crecimiento ocasionó traumáticas crisis económicas y provocó profundas desigualdades sociales que dieron lugar a inmensas bolsas de pobreza, a sangrientas guerras y a revoluciones.

Tras 1945, estos vaivenes parecieron alcanzar un punto de confluencia. El Estado social o Estado de bienestar intentó asumir los principios y valores que hasta entonces habían dividido a la sociedad entre unas irreconciliables derechas e izquierdas. En el Estado social se combinaron bajo formas políticas democráticas libre mercado e intervencionismo económico, derechos individuales y derechos sociales. Esta solución la alcanzaron sin un claro diseño previo personajes tan distintos como Roosevelt, Atlee, Keynes, Adenauer, De Gasperi, Monnet, Togliatti, Ergard, Nenni, De Gaulle o Galbraith. Era una rara mezcla de demócratas norteamericanos, laboristas y liberales ingleses, democristianos y socialdemócratas europeos y, aún, comunistas de la línea italiana, rara mezcla que sólo fue posible porque todos fueron pragmáticos en lugar de fundamentalistas. Cuando los conservadores Churchill y Eden sucedieron en el Reino Unido a los laboristas, no tocaron ni una coma de las políticas de nacionalización de la industria, aumento de los impuestos e implantación de una poderosa seguridad social, una auténtica revolución establecida por sus antecesores y profundamente contraria a su ideología: los conservadores ingleses fueron pragmáticos puros. La etapa del Estado social ha sido, quizá, la más beneficiosa de la historia, la que más progreso ha aportado a Occidente en libertad e igualdad y, a pesar de las reformas recientes, sigue vigente.

No obstante, el Estado social estaba pensado para los países occidentales. Fuera de esta área geográfica, la pobreza, las guerras y la inseguridad en buena parte siguen imperando. La globalización se ha intensificado en los últimos 20 años, es un dato incontestado de la realidad que nos rodea. Pues bien, la tarea actual es extender al conjunto de la humanidad las ventajas que el Estado social ya ha logrado en Occidente. No hay que buscar el inalcanzable “hombre nuevo” de los fundamentalistas de la izquierda que siempre resultan totalitarios, hay que construir una sociedad liberal y socialdemócrata a escala mundial, una sociedad en la que el mercado y la libre competencia internacional estén regulados por unos poderes públicos democráticos que logren una economía eficiente y, además, garanticen los derechos individuales y sociales. Para todo ello, ni Estado ni mercado deben constituir un problema, sino que la combinación entre ambos debe ser la solución. Tenemos políticos pragmáticos que pueden entender el alcance de lo que está sucediendo. Brown, Sarkozy, Merkel, Putin, Lula y el mismo Zapatero parecen tener esta condición. Obama, si gana las elecciones, como sería deseable, podría ser el presidente perfecto para la nueva etapa que su país y el mundo deben comenzar.