Por Sergio Ramírez, escritor. Fue vicepresidente del Gobierno de Nicaragua en los años ochenta (EL PAÍS, 16/10/08):
Este domingo, muy temprano en la mañana, fuerzas de la Policía Nacional de Nicaragua, actuando bajo las órdenes de un juez, rompieron con mazos y barras las puertas del pequeño edificio que aloja las oficinas de la Fundación Cinco que preside el periodista Carlos Fernando Chamorro, como si se tratara de entrar al cuartel de unos traficantes de drogas. Ya allanado el local, el fiscal que encabezaba el operativo procedió a requisar los archivos de la fundación.
Una operación parecida se había consumado la noche anterior en las oficinas del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), y otras 15 organizaciones de mujeres, derechos humanos, promoción del voto y defensa de los derechos políticos de los ciudadanos.
Un amplio perímetro alrededor de la sede de la fundación fue rodeado por destacamentos policiales mientras duró el operativo, impidiendo el ingreso de personas y el tráfico de vehículos, y las calles de acceso fueron cerradas con cintas amarillas en las que se leía “escena del crimen”.
¿Cuál es el crimen cometido, que merece semejante despliegue y el secuestro de los archivos de organizaciones como la Fundación Cinco y el Movimiento Autónomo de Mujeres? Oponerse al régimen de Daniel Ortega, la corrupción, y los abusos de poder.
La Fundación Cinco, que preside Carlos Fernando, se dedica a promover estudios e investigaciones sobre la comunicación y problemas sociales y ciudadanos, y lo hace con recursos donados por organizaciones internacionales, entre ellas Oxfam. Y algunas veces, esas investigaciones se realizan en colaboración con otras organizaciones, como el Movimiento Autónomo de Mujeres. Son actividades normales en cualquier país normal. No en Nicaragua.
Los medios oficiales de propaganda, a cargo de la primera dama Rosario Murillo, empezaron a acusar hace semanas a Carlos Fernando Chamorro de triangular ilícitamente fondos, y lo declararon de antemano culpable de lavado de dinero, como parte de una feroz campaña de descrédito. A esta campaña siguió la acción de la Fiscalía General, que ya había citado a declarar a Chamorro, durante cinco horas, sin que en ningún momento se le señalara el delito por el cual se le investigaba, algo que viola las garantías del proceso penal justo que manda la Constitución.
El fiscal que consumó el allanamiento y el secuestro de los archivos de la Fundación Cinco tampoco explicó cuáles eran los delitos investigados, y se llevó un total de 15.000 folios, entre estudios, proyectos, correspondencia, estados contables, además de cinco computadoras, cuyos datos no fueron sometidos a comprobación en el acto del secuestro, y podrán ser falseados. ¿Por qué todos estos atropellos?
Carlos Fernando Chamorro, hijo de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el legendario director del diario La Prensa asesinado por la dictadura de Somoza en enero de 1978, es el conductor de Esta Semana, el programa de televisión de información y análisis político que tiene el mayor índice de audiencia. Dirige también el semanario Confidencial, y la Fundación Cinco. Y en su trabajo de periodista es culpable del delito de exponer, a través de rigurosos trabajos de investigación, negocios ilícitos que se consuman al amparo del Gobierno.
Uno de estos casos fue la formación de una compañía fantasma, con gente del círculo de Ortega como verdaderos dueños, organizada para explotar plantas térmicas de producción de energía eléctrica, que sería vendida al Estado a precios sobrevalorados. El otro, el chantaje ejercido, también por gente del círculo de Ortega, sobre empresarios de una compañía de desarrollo turístico en las playas del Pacífico, para obligarlos a darles una tajada en el negocio, un chanchullo que Chamorro expuso con grabaciones de las conversaciones entre los implicados.
¿Y el delito de las dirigentes del Movimiento Autónomo de Mujeres? Su campaña constante y sostenida en contra de la prohibición del aborto terapéutico, una prohibición medieval impuesta por el régimen de los esposos Ortega.
La represión contra Carlos Fernando Chamorro no termina con el allanamiento violento de la Fundación Cinco. No hay duda de que la Fiscalía General está preparando la acusación criminal en contra suya, si no está ya redactada y lista para ser presentada a los jueces penales, en su inmensa mayoría fieles a los mandatos de Ortega, tan fieles como los fiscales.
No importa que no haya bases jurídicas, no importa que se violenten las leyes, no importa que no se respeten las garantías procesales. El objetivo es convertir a Carlos Fernando en rehén, para buscar cómo acallar el ejercicio de su periodismo crítico con la amenaza de la cárcel, o meterlo en la cárcel para escarmiento suyo y de los que se atrevan a denunciar la corrupción y la ilegalidad.
Asunto que tampoco termina allí. Ya que Ortega pretende quedarse en el poder, reformando la Constitución Política que prohíbe la reelección, necesita silencio y sumisión, y las voces que disienten y critican resultan contrarias a su proyecto de control, que no se extiende sólo a las instituciones públicas, control que ya tiene, sino también a las entidades de la sociedad civil, empezando por los medios independientes de comunicación. Pronto veremos a toda Nicaragua rodeada por la cinta amarilla en la que se leerá “escena del crimen”.
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