Hay que actuar ya

Por Juan Costa, diputado del Grupo Popular en el Congreso (EL MUNDO, 20/10/08):

En Junio de 1963, John Kennedy pronunció su famoso discurso de la Paz en la American University. El Presidente de los EEUU proponía un nuevo marco de cooperación global para fortalecer la paz en el mundo.

Kennedy defendía centrar la atención de la comunidad internacional en resolver los problemas comunes y justificaba esa propuesta afirmando que, al final, todos habitamos este planeta, respiramos el mismo aire, todos nos preocupamos del futuro de nuestros hijos y todos somos mortales.

Hoy, casi 50 años más tarde, la crisis financiera ha puesto de nuevo en evidencia la necesidad de construir nuevos marcos de cooperación internacional. Vivimos una paradoja, la economía global es una y, sin embargo, la sociedad mundial, aunque comparta un destino común, está dividida.

La globalización ha permitido que el mundo haya atravesado la fase de expansión económica más intensa y más amplia de las últimas décadas. Ha creado riqueza en todos los rincones del mundo, sin embargo, esa fuerte integración de la economía no se ha visto acompañada de una globalización de la política. La economía global crea problemas globales, y los problemas globales requieren acciones concertadas, rápidas y eficaces de la comunidad internacional.

La agenda mundial está llena de grandes retos: la crisis financiera, el cambio climático, la necesidad de desbloquear la ronda de Doha, la lucha contra la pobreza, la construcción de una economía más sostenible… En las próximas dos décadas, la economía mundial puede multiplicar su tamaño y aumentar la población en más de 1.000 millones de personas. Eso significa que el patrón actual de consumo de energía, agua, producción agrícola y pesca planteará un nuevo reto: la sostenibilidad.

En este nuevo contexto, en medio de una crisis financiera sin precedentes, el mundo se plantea nuevos interrogantes, como cuál debe ser el papel de los gobiernos, cómo debe ser la regulación en el futuro orden económico y si resulta necesario reformar la arquitectura financiera internacional.

Hoy, la intervención de los estados está justificada, es más, resulta imprescindible. Sin embargo, esa realidad no puede servir para defender un mayor protagonismo de los gobiernos en la actividad económica y atacar los fundamentos de una economía basada en la libertad.

Es cierto que los gobiernos deben asumir un nuevo papel en la economía global, pero ese papel no puede ser una apuesta por el intervencionismo y el proteccionismo. El siglo XXI necesita líderes políticos con una visión del mundo, que tengan la capacidad de liderar la búsqueda de soluciones a los problemas de la agenda global. Deben mirar más allá de sus fronteras, más al exterior y tener la capacidad de descolgar el teléfono y sentarse en una mesa con sus homólogos para construir consensos internacionales. No olvidemos que los problemas del mundo nos afectan a todos en nuestra vida diaria.

Con relación a la futura reforma de la regulación del sistema financiero global, hay que detenerse en analizar las raíces de la crisis. El exceso de dinero fácil y barato alimentó la burbuja y la euforia colocó la valoración del riesgo en un lugar marginal. Al mismo tiempo, el sistema bancario en la sombra acumulaba riesgos insostenibles.

Creo firmemente que es necesario revisar el marco regulatorio y de supervisión del sistema financiero a nivel global, pero esa reforma debe mantener un objetivo: garantizar el pleno ejercicio de la libertad económica de empresas y familias. Los excesos financieros han sido un ataque a la libertad. La falta de transparencia puede haber amparado conductas irresponsables y ha permitido acumular riesgos no sostenibles. Esto debe cambiar. Sin transparencia, la libertad y el mercado no existen.

El sistema financiero necesita una reforma que promueva regulaciones homogéneas aplicadas con criterios idénticos, basadas en el principio de la mejor práctica y que garanticen una mayor transparencia. Asimismo, necesita que los supervisores se preocupen no sólo de la solvencia y liquidez de las entidades individuales, sino también de la sostenibilidad del conjunto del sistema financiero.

En cuanto a la necesidad de reformar la arquitectura financiera global, la respuesta es inequívoca: sí. La cuestión es cómo hacerlo y en qué dirección.

La reforma debe tener como objetivo construir foros globales, es decir, foros dónde se institucionalice el diálogo entre los países para buscar acciones concertadas a los crecientes problemas internacionales. Esos foros deben tener legitimidad y capacidad de representación. Deben ser más democráticos.

El Fondo Monetario Internacional requiere una profunda reforma. Debe contar con un mandato claro para garantizar la estabilidad financiera, debe tener unas reglas de funcionamiento interno más democráticas y debe reconocer el peso real de cada uno de los países en la economía mundial. Sólo así tendrá legitimidad para asumir un mayor protagonismo en la economía global.

En cuanto al G7, es un foro informal y por tanto, no debe erigirse como el gobierno de la economía global. En todo caso, sí debería ganar un mínimo de legitimidad y recoger la voz de las principales economías de Asia, de América Latina y de Africa. Por supuesto, España debe ser miembro permanente.

El Gobierno Español debería presentar y defender una propuesta clara de reforma de la arquitectura económica mundial que reconozca el papel que nuestro país debe jugar en la nueva economía global. Sin embargo, una vez más, no tenemos iniciativa.

En España, el Gobierno sí ha aprobado un conjunto de decretos leyes de apoyo a las entidades financieras, que, en mi opinión, resultan correctos. La primera prioridad de la política económica debe ser garantizar la viabilidad de nuestro sistema financiero. Sin embargo, algunos aspectos de la actuación del Ejecutivo me parecen profundamente criticables.

En primer lugar, el Gobierno quiere ocultar los problemas y dificultades propios de la economía española con la crisis financiera global. Nuestra economía es hoy más vulnerable por las políticas aplicadas por Rodríguez Zapatero durante los últimos cuatro años.

En segundo lugar, si estamos ante una situación excepcional, el Gobierno debería tener la convicción de que es importante un gran acuerdo nacional.

Tercero, el Gobierno no tiene las ideas claras. Los decretos leyes dejan muchas preguntas por resolver. El Ministerio de Economía no las ha aclarado y eso supone incertidumbres y debilita la confianza. No entiendo la remisión a futuros reglamentos de desarrollo. El tiempo es un recurso muy escaso.

Cuarto, las medidas deben ejecutarse con rapidez, transparencia y evitando daños a la competencia. Estamos hablando de medidas para resolver un problema actual. En unas semanas, la foto puede ser distinta. Hay que actuar ya.

Quinto, el paquete de medidas no puede utilizarse para tapar los excesos o responsabilidades que puedan haberse cometido en el pasado. De nuevo, la transparencia es imprescindible.

Finalmente, la ejecución de las medidas debe contemplar como objetivo deseable que los bancos puedan desempeñar mejor su papel como intermediarios entre ahorro e inversión.

Creo que el Gobierno tiene una enorme responsabilidad, y espero que actúe con rapidez y transparencia. La situación es difícil. España merece un liderazgo político en el que se pueda confiar y un Gobierno capaz de construir consensos para resolver los problemas del mundo porque, no olvidemos, todos compartimos un destino común.