Por Jorge Salaverry, consultor internacional y ex embajador de Nicaragua en España (REAL INSTITUTO ELCANO, 23/10/08):
Tema: Nicaragua celebra elecciones municipales en noviembre de este año. Participan cinco partidos, pero la contienda real está planteada entre los candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, partido de gobierno) y los de la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Resumen: Daniel Ortega fue elegido presidente por segunda vez en noviembre de 2006, con un escaso 38% de los votos, lo que no le ha impedido desde entonces ir revirtiendo los avances democráticos que a lo largo de tres gobiernos se alcanzaron tras perder el poder en las elecciones de 1990.
Los espacios para expresarse cívicamente se están cerrando a paso acelerado. Cada vez son mayores y más frecuentes los ataques de Ortega a los medios de comunicación independientes y a las ONG no controladas por el gobierno. En las últimas semanas el sandinismo ha impedido de forma violenta, y con la actitud complaciente de la Policía Nacional, manifestaciones pacíficas de repudio al gobierno.
Como las próximas elecciones generales no se celebrarán hasta finales de 2011, los opositores pretenden que estas elecciones municipales de noviembre se conviertan en una manifestación de rechazo a Ortega, algo que, por su propia naturaleza, es muy difícil de lograr, porque en estos comicios los electores votan pensando no en el presidente de la República, sino en quién puede ser el mejor alcalde para su ayuntamiento. Sólo si ganara el liberal Eduardo Montealegre en la capital, Managua, que concentra más del 30% de todos los electores, se podría extrapolar el resultado a nivel nacional, ya que Montealegre es percibido como un candidato de proyección nacional al haber competido con Ortega por la presidencia en 2006.
Un problema con el que hay que vivir en estas elecciones es la desconfianza en la imparcialidad del Consejo Supremo Electoral. Esa desconfianza se acentúa ante la negativa del Consejo, a día de hoy, de acreditar a observadores nacionales e internacionales independientes.
Análisis: El 9 de noviembre los nicaragüenses volverán a las urnas para elegir a 146 alcaldes de los 153 existentes (los otros siete serán elegidos a principios de 2009). Estas elecciones, cuya importancia en circunstancias normales no debería de trascender los límites de cada municipalidad, han sido convertidas por los políticos y los medios de comunicación en un tema de trascendencia nacional, al considerar que sus resultados servirán para determinar si el mandato de Daniel Ortega como presidente de la República tiene o no aceptación popular. Ortega, presidente de Nicaragua en la década de 1980, fue elegido por segunda vez en las elecciones generales de noviembre de 2006 con sólo el 37,99% de los votos. Esto fue posible debido a la combinación de dos elementos: una reforma constitucional del año 2000 que redujo del 45% al 35% el porcentaje mínimo para ser elegido en primera vuelta y, sobre todo, la división del liberalismo que, en vez de ir unido como en ocasiones anteriores, se fraccionó y presentó dos candidatos.
El liberalismo ha demostrado ser la fuerza política mayoritaria de Nicaragua. En las elecciones de 1996 el candidato liberal, Arnoldo Alemán, obtuvo el 51,03% de los votos y derrotó a Ortega, con el 37,75%. En las siguientes elecciones generales de 2001, Ortega volvió a ser derrotado por otro liberal, Enrique Bolaños, que obtuvo el 56,30% contra el 42,30%. En las elecciones de 2006, Ortega logró la victoria pese a haber obtenido un porcentaje de votos inferior al de 2001, cuando perdió.
En 2006 el liberalismo volvió a demostrar que es la ideología política preferida por los nicaragüenses cuando se trata de elegir presidente. Los dos candidatos liberales sumaron el 55,41% de los votos (28,30% de la Alianza Liberal Nicaragüense ALN, Eduardo Montealegre, y 27,11% del Partido Liberal Constitucionalista PLC, José Rizo Castellón) en tanto Daniel Ortega sólo obtuvo el 37,99%. Si el liberalismo no se hubiese dividido, el sandinismo, aún con la reforma constitucional mencionada, no estaría hoy en el poder.
El sandinismo gobernante, a través del control que ejerce sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE), ha logrado conformar un panorama electoral favorable a sus intereses. En junio de 2008, el CSE le quitó la personalidad jurídica al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) para que el FSLN quedara como único partido sandinista en la papeleta electoral (en el mismo acto suprimió también la personalidad jurídica del centenario Partido Conservador). Previamente había ya privado a Eduardo Montealegre de la representación legal de la ALN, para entregársela al diputado Eliseo Núñez Hernández. Su hijo, el también diputado Eliseo Núñez Morales, lo ha denunciado como un “tonto útil” en manos del sandinismo.
Las maniobras del Consejo, no obstante, han tenido dos consecuencias no deseadas por el oficialismo. En primer lugar, hicieron que Eduardo Montealegre se uniera con la otra facción liberal para ser el candidato de la Alianza PLC a la alcaldía de Managua, y también que el MRS llamara a sus partidarios a votar “en contra” de los candidatos del FSLN, lo que tácitamente es un llamamiento a sus miembros y electores a votar en favor de los candidatos de la Alianza PLC, único verdadero contendiente del FSLN.
En las elecciones municipales de 2004 los resultados fueron distintos. El PLC pasó de 94 alcaldías a 57, mientras el FSLN pasó de 52 a 87, incluyendo 14 cabeceras departamentales (equivalentes a capitales de provincia) y reteniendo la capital, Managua. En las elecciones que se avecinan, el FSLN espera no sólo renovar mandato en las alcaldías que ya gestiona sino también aumentar unas cuantas. Confía en que lo podrá lograr como consecuencia de las obras que sus alcaldes han hecho en estos 22 meses en los que el gobierno central los ha favorecido con una asignación casi exclusiva de los recursos provenientes de la abundante cooperación venezolana. La Alianza PLC, por su parte, aspira a arrebatarle al FSLN algunos municipios, especialmente la joya de la corona, la alcaldía de Managua, en la actualidad en manos del sandinista Dionisio Marenco.
Durante el primer gobierno sandinista, en los años 80, Argüello fue acusado de somocista (seguidor del derrocado presidente Anastasio Somoza) y por ello sufrió la expropiación de sus bienes. En la guerra que en esa década se libró entre el Ejército Popular Sandinista y la Resistencia Nicaragüense (la Contra) Alexis apoyó a la Resistencia, y aunque no participó en la lucha armada, en alguna ocasión llegó a visitar un campamento de la Resistencia para hacerse la foto vestido con uniforme de combatiente. Su pasado somocista hace que algunos sandinistas se sientan incómodos con él. Sin embargo, logró imponerse como candidato del FSLN porque goza del favor de Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo. Mientras fue vicealcalde, Argüello demostró no tener habilidades administrativas, y en esta campaña ha rehusado aceptar el reto que le ha lanzado Montealegre para debatir en público los problemas de la capital y sus posibles soluciones.
El candidato liberal, Montealegre, tiene una sólida formación profesional y amplia experiencia administrativa, tanto en el sector público como en el privado. Fue candidato a la presidencia por la ALN en las elecciones generales de 2006 y quedó en segundo lugar después de Daniel Ortega. Montealegre resulta ser en estas elecciones un buen candidato, ya que a la simpatía personal acumulada como candidato de una de las facciones liberales en las elecciones generales de 2006, se suma el hecho de que esta vez va unido con la otra facción y representa una candidatura de unidad liberal.
Si bien en la papeleta de votación aparece otra candidatura liberal, la de la ALN, de la que precisamente Montealegre fue candidato en las generales de 2006, no es de esperar que le quite muchos votos a la Alianza PLC. En una encuesta reciente, el candidato de ALN aparece con tan solo un 1,2% de intención de voto.
El MRS se ha convertido en un fuerte crítico del gobierno de Ortega y ha contribuido a que se conozcan internacionalmente los rasgos dictatoriales de su presidencia. Ortega les ha respondido haciendo que el CSE, que él controla, le quitara la personalidad jurídica en junio de 2008 para que no pudiera participar en los comicios de noviembre.
En las elecciones municipales de 2004 el FSLN y el MRS fueron unidos, pero es evidente que ahora el sandinismo orteguista temía que si el MRS participaba de manera independiente le restaría una cantidad considerable de votos, especialmente en Managua y algunas cabeceras departamentales importantes.
Al verse impedido de participar en las elecciones, el MRS había manifestado inicialmente su intención de hacer un llamamiento a la abstención o al voto nulo. Sin embargo, al final decidió no apoyar de manera explícita a ningún candidato pero convino en pedirle a sus miembros y simpatizantes que voten contra lo que denominaron “la dictadura somocista Ortega-Murillo”.
¿Cómo piensan que se puede materializar esa petición? “Hay que votar por el mal menor” ha dicho uno de sus líderes, y ex candidato a la presidencia en las últimas elecciones generales, Edmundo Jarquín. Señaló que “se taparán la nariz” cuando deban votar en la casilla del liberalismo, lo que consideran “el mal menor”. El MRS se ha convencido de que Nicaragua, bajo la presidencia de Daniel Ortega, va camino a una dictadura que, de consolidarse, costará a los nicaragüenses mucho dolor y sufrimiento desembarazarse de ella.
Ante un organismo electoral tan cuestionado salta a la vista la necesidad de contar con supervisores nacionales e internacionales independientes. En las elecciones anteriores los ha habido, y aunque quizá no han servido para impedir hechos indebidos, al menos han sido permitidos. Esta vez, hasta la fecha, el CSE no ha querido acreditar a la Organización de Estados Americanos (OEA) y ni siquiera a los nacionales que en otras ocasiones han desplegado un gran número de observadores, como el conocido y experimentado grupo de Ética y Transparencia, IPADE, o Hagamos Democracia. La presión para su acreditación continúa.
Al único observador internacional que el CSE ha acreditado es el Consejo de Expertos Electorales de América Latina (CEELA), conformado por ex magistrados de organismos electorales latinoamericanos de tendencia izquierdista. Sus vínculos se manifestaron en una reunión del Foro de São Paulo celebrada en Managua el 20 de julio de 2007. Un magistrado sandinista del CSE, José Luis Villavicencio, reveló que durante una reunión en Venezuela se discutió sobre la conveniencia de formar “un organismo latinoamericano de magistrados y ex magistrados que fuese independiente de la OEA” a fin de poder “desarrollar nuestra propia estrategia de lucha para apoyar e incidir en la organización de los partidos políticos de izquierda en su lucha por acceder al poder mediante este sistema (el electoral)”.
Estimo que quienes así piensan cometen un grave error. Para que fuese un verdadero plebiscito tendría que preguntarse de manera directa a los votantes si están o no de acuerdo con la gestión de Ortega, y esa pregunta no se hará. En los comicios municipales lo que la mayor parte de los electores tienen en mente a la hora de votar no es al presidente de la República, que ni siquiera aparece en las papeletas de votación, sino al candidato que estiman que podría hacer una mejor labor en pro de su municipio. Por consiguiente, del número de alcaldías que ganen los sandinistas y los liberales no podrá determinarse el grado de apoyo popular de que disfruta el presidente Ortega.
En todo caso, es solamente en el resultado que tengan las elecciones en Managua –la capital– donde sería más aceptable hacer una lectura en clave plebiscitaria, ya que además de tener más del 30% de los votantes, el candidato liberal, Montealegre, que en las generales de 2006 compitió contra Ortega, está haciendo una campaña en la que insiste en presentar su posible triunfo como una derrota sobre Ortega más que sobre su oponente Alexis Argüello. Se entiende fácilmente por qué el gobierno está volcando todos sus esfuerzos e ilimitados recursos financieros para asegurar el triunfo de su candidato en Managua.
Conclusiones: Las elecciones de noviembre serán, en lo general, lo que son: unas elecciones municipales en las que en la casi totalidad de ayuntamientos, salvo Managua, la gente elegirá pensando en cuál de los candidatos podría ser el mejor alcalde para su municipio, y no pensando en que si con su voto aprueba o rechaza a Daniel Ortega. El gran problema de estas elecciones es que se llega a ellas con un CSE en el que los electores tienen muy poca confianza, La desconfianza se agrava por el persistente rechazo del CSE a aceptar observadores nacionales e internacionales independientes. La sola presencia del CEELA dista mucho de satisfacer la necesidad de contar, como en comicios anteriores, con una observación plural e independiente.
Lo que parece claro, al margen del resultado que produzcan estas elecciones, es que Daniel Ortega tratará después de ellas de eliminar, a través de una reforma a la Constitución, la disposición legal que le impide presentarse otra vez como candidato a la presidencia en 2011. Las esperanzas que abrigan algunos de que si el Frente Sandinista no logra un número de alcaldías mayor que la Alianza PLC podría hacer desistir a Ortega de ese propósito no parecen tener mucho fundamento.
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