La crisis (2)

Por Manuel Castells (LA VANGUARDIA, 04/10/08):

En medio del torbellino financiero global, ¿es España diferente? Sólo en parte.

Es cierto que nuestro sistema financiero está saneado y regulado en la medida de lo posible, como se repite en medios oficiales con la intencion de no sembrar incertidumbre que pudiera desestabilizar las instituciones de depósito y provocar una crisis derivada de la psicología colectiva de crisis. Por otro lado, como los mercados financieros son globales e interdependientes, no puede evitarse el contagio de un país por la presencia en sus bancos de “activos tóxicos”, es decir, títulos financieros sin respaldo real y que son pasivo más que activo en las cuentas de las entidades financieras.

Si los gobiernos han tenido que intervenir en Alemania para salvar a Hypo, el mayor banco hipotecario del país, en el Benelux para rescatar a la gigantesca Fortis, en Francia para nacionalizar Dexia mientras se preparan para reflotar la legendaria Caisse d ´ Epargne, en Inglaterra para evitar la quiebra de bancos hipotecarios como el Bradford & Bingley, en Italia para proteger a Unicredit, con la Comisión Europea presta para intervenir en el conjunto del sistema bancario de la Unión, ¿por qué no aquí? Sobre todo teniendo en cuenta que la protección de los depósitos de los ahorradores españoles es la más baja de Europa (se sitúa en el mínimo establecido por la Unión Europea, 20.000 euros por titular de cuenta y entidad, en contraste con 70.000 en Francia, 63.000 en el Reino Unido o 175.000 en Estados Unidos - en la propuesta actual, que incrementó los 60.000 euros que había anteriormente-). En realidad, los argumentos tranquilizadores son sólidos.

El fondo español de garantías de depósitos es el mejor provisto de Europa, la vigilancia del Banco de España ha obligado a los bancos a mantener una liquidez razonable desde hace tiempo y los precedentes históricos tales como Banesto o Banca Catalana muestran la capacidad de la intervención preventiva del Estado antes de que los depósitos corran peligro. Al menos en ausencia de una crisis generalizada con reacciones en cadena de quiebras no absorbidas por el Estado en Estados Unidos y en Europa. Por eso es tan importante la aprobación por el Congreso estadounidense del plan de rescate (una vez reformado para que no sea un festín de banqueros a costa del contribuyente) para calmar a los mercados y frenar la caída de los valores bursátiles. Pero si una quiebra de parte del sistema financiero semejante a la que ha ocurrido en Estados Unidos es poco probable, las consecuencias de la crisis para la economía española son graves y profundas. Porque si los bancos no tienen grandes problemas de solvencia, sí tienen problemas de liquidez. Y es que nuestro sistema financiero depende del crédito exterior para financiar a las familias y empresas, sobre todo pymes. En la medida en que en el mercado global se ha ido cerrando el grifo del crédito fácil, nuestras entidades financieras han tenido que reducir sus préstamos en el último año.

De ahí la restricción de la actividad hipotecaria (caída anual del 47%) y por consiguiente la crisis inmobiliaria que está en el origen del estancamiento económico. Un altísimo nivel de paro y los elevados tipos de interés se traducen en un aumento de la morosidad que presiona a las entidades financieras, agravando sus dificultades de tesorería.

Es decir: el sistema está saneado y regulado, pero es cada vez menos capaz de proporcionar capital a la economía. Sin capital no hay inversión, no hay empleo y no hay crecimiento de la demanda.

La recesión en que ya estamos metidos supone la quiebra de un modelo de crecimiento que hace tiempo califiqué de inestable. Un modelo caracterizado por un alto crecimiento económico con bajo o nulo crecimiento de la productividad (exceptuando algunos sectores dinámicos como las finanzas o las telecomunicaciones). La economía española de la última década ha crecido a partir de tres factores básicos interrelacionados: el crecimiento del empleo, alimentado por la inmigración; el crecimiento del sector inmobiliario y de la construcción, y el crecimiento del turismo.

La inmigración ha sido un factor clave no sólo por proporcionar mano de obra abundante y barata, sino también porque un inmigrante, al instalarse en el país, crea una importante demanda. El empleo creció sustancialmente en sectores de servicios y de construcción de baja productividad y escasa cualificación. De modo que cuando se para el financiamiento del sector inmobiliario y se reduce empleo en un contexto de estancamiento del turismo como consecuencia del bajo crecimiento del entorno europeo, apenas quedan resortes para reactivar la economía española, salvo la inversión pública.

Más aún cuando los sectores manufactureros tradicionales (sobre todo el automóvil) acentúan su crisis, tanto por caída de la demanda derivada en parte del precio de la gasolina y en parte de la restricción del crédito, como por factores estructurales que hacen cada vez más difícil el mantenimiento en España de cadenas de montaje en serie. Sin un sistema de innovación eficaz, sin una suficiente capacidad instalada de desarrollo tecnológico y de servicios avanzados de procesamiento de información y con un bajo nivel de educación en la fuerza de trabajo, el antiguo modelo de crecimiento español ha entrado en crisis probablemente irreversible al secarse las fuentes de crédito fácil con tipos de interés real negativos y por tanto la economía de la demanda en que nos habíamos montado. Así, no corre peligro nuestro sistema financiero, que se ha replegado en orden. Lo que está agotándose es la bonanza de que disfrutábamos vendiendo nuestra calidad de vida, poniéndole cemento encima, importando trabajadores y montándonos en la lógica del endéudate y vive que son dos días. La economía, aun en recesión, tal vez pueda resistir el choque. Pero la sociedad puede digerir mal el duro despertar a la regla fundamental de la economía: sin productividad y competitividad no se crea ni riqueza ni empleo. Se acabó la fiesta. Tendremos que trabajar como chinos y además para los chinos, que son los únicos que pueden invertir. Continuará.