La responsabilidad del banquero

Por Carlos Jiménez Villarejo, presidente del Comité de Ética de la Policía de Catalunya (EL PERIÓDICO, 14/11/08):

La Constitución aspira a garantizar “un orden económico y social justo”, característico del Estado social de derecho. Por ello, el reconocimiento de “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” está sujeto a prescripciones constitucionales, como la función social de la propiedad privada, la subordinación de toda la riqueza del país al interés general, la estimulación de una más justa distribución de la riqueza y el compromiso de los poderes públicos de promover una efectiva igualdad de todos los ciudadanos; todo, con el fin de “promover el progreso … de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”.

En consecuencia, son necesarias medidas intervencionistas de todo orden, incluso en el ámbito penal, para proteger a los ciudadanos frente a la actividad abusiva y fraudulenta de los sujetos más relevantes de la actividad económica. Especialmente respecto del capitalismo financiero y el mercado de capitales, donde han sido tan tardías como manifiestamente insuficientes. Con los resultados que eran previsibles y que tanto parecen escandalizar a sus responsables. España, naturalmente, no podía escapar a esta crisis mundial porque tiene su cuota de responsabilidad.

VARIOS EJEMPLOS lo ilustran. Treinta años de democracia no han sido bastantes para aprobar la ley de responsabilidad social corporativa de las empresas, particularmente de las entidades de crédito. Los trabajos preparatorios del Congreso de los Diputados al respecto son esencialmente retóricos pero admiten, eso sí, que “se ha dejado atrás la concepción clásica según la cual únicamente los estados y los individuos pueden ser responsables de abusos de los derechos”.

En efecto, se han producido abusos empresariales y, por lo general, con una absoluta impunidad. Entre los años 1987 y 1989, el Banco Santander comercializó un producto conocido como “cesiones de la nuda propiedad de créditos”, dirigido a captar recursos financieros, uno de cuyos principales reclamos era su opacidad fiscal, por lo que se convirtió en un producto ideal para la inversión de capitales del llamado dinero negro. Así se generó un fraude fiscal de más de 80 millones de euros que determinó la incoación de un proceso penal. Hace un año, la Fiscalía General del Estado, el Gobierno y la Audiencia Nacional pactaron impedir la celebración del juicio oral contra el presidente de la entidad, otros ejecutivos y presuntos defraudadores, evitando así la eventualidad de una condena.

También se abrió otra causa penal porque la presidencia de dicha entidad, generosamente, había abonado a un consejero una pensión anual de jubilación en cuantía superior a los 7.000.000 de euros y una indemnización por cese en su cargo de un ejecutivo de 56.254.732,98 euros. Todos fueron absueltos. Es más, el Tribunal Supremo llegó a justificar estas indemnizaciones por la “absoluta libertad de mercado”, aplicando una insólita doctrina directamente opuesta al planteamiento constitucional.

Por otra parte, el BBV, desde 1987 hasta principios de 2000, desplazó fondos propios hacia cuentas clandestinas domiciliadas en la Isla de Jersey –paraíso fiscal– al margen del control contable y de los órganos de gobierno de la entidad y del Banco de España, cuentas que cuando fueron descubiertas alcanzaban una suma superior a los 6.000 millones de euros. Fondos que, además de no tributar, sirvieron para que el presidente y los consejeros constituyeran a su favor fondos de inversión o planes de pensiones con la aseguradora norteamericana Alico por unos importes aproximados, para cada uno de ellos, de 3.000.000 de euros. Se abrieron los correspondientes procesos penales en los que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo o absolvieron, en nombre también de la libertad de empresa, o impidieron la celebración del juicio con argumentos a la medida de los intereses de los encausados.

PERO AÚN llegaron más lejos. Entre 1997 y 2001, ambos inclusive, prácticamente todo el sistema financiero –bancos y cajas– emitió un producto, denominado “participaciones preferentes”, para captar ahorro en el mercado español. La finalidad del mismo era obtener financiación para sus operaciones fortaleciendo sus recursos propios. Con una particularidad, el producto fue emitido por sociedades filiales de dichas entidades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Así se recaudaron, según el Banco de España, 15.104.544.378 de euros. Todo con el conocimiento y aquiescencia de dicha entidad y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Dada las características de la operación, resultó de extrema dificultad calcular el enorme alcance del fraude fiscal cometido por las entidades de crédito en la tributación del Impuesto de Sociedades. Lo cierto es que cuando trascendió públicamente esta forma de proceder, conscientes todos de su evidente ilicitud, se reformó precipitadamente la ley prohibiendo que dichas operaciones se hicieran desde paraísos fiscales.

Esta es la banca a la que ahora se entregan 50.000 millones de euros para afrontar una crisis que, de forma muy importante, está generada por ella en cuanto protagonista esencial del capitalismo financiero y del mercado de capitales. Ya veremos cómo administra esos fondos y, sobre todo, cómo se controla su destino.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona