Por Jordi Casabona, Fundación Sida i Societat (EL PERIÓDICO, 20/04/09):
Acaba de celebrarse en Cáceres la Conferencia Internacional de Donantes del Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, organismo creado en el 2002 por la ONU para recoger fondos para la prevención y el control de estas infecciones en países en vías de desarrollo. Este Fondo Mundial se ha convertido en paradigma de la ayuda multilateral y en banco de pruebas para ver cómo integrar los sectores gubernamentales, no gubernamentales y privados en la generación, ejecución y evaluación de recursos. La reunión ha coincidido en que, desde distintos ámbitos, se ha sugerido que en época de crisis compartir recursos con los países en desarrollo no es la mejor idea. Esto puede tentar a más de uno, pero, por poco que se analice el concepto de cooperación internacional para el desarrollo y los efectos que tendría disminuir las ayudas oficiales al desarrollo en los sectores más pobres, no es defendible limitar esta ayuda.
Primero, hay que recordar que el concepto de desarrollo no se limita a la creación de riqueza, sino que incluye todos los procesos encaminados a conseguir los derechos fundamentales de las personas –incluyendo salud, educación y cultura propia–, y, por tanto, la ayuda al desarrollo está recogida en todos los compromisos internacionales. Segundo, está claro que la pobreza y sus efectos sobre la salud son por ellos mismos un freno al desarrollo económico. Y tercero, como demuestra la actual crisis, en un escenario globalizado los problemas de unos lo acaban siendo de los demás. Como dijo Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación Internacional: “No saldremos de la primera crisis global marginando a la mitad del mundo”. El Estado español ha hecho una clara opción política al aumentar las ayudas oficiales al desarrollo, que en el 2008 supusieron el 0,4% del PIB, y ser el octavo donante mundial. Para el 2012 se pretende llegar al mítico 0,7%. Además, es coherente con el modelo de Estado que las comunidades autónomas –especialmente las que, como Catalunya, tienen larga tradición en cooperación internacional– desarrollen estrategias públicas propias en este terreno que complementen las acciones de la sociedad civil. Catalunya, a través de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, es la comunidad que destina más recursos. En el 2008 supusieron el 0,42% de su presupuesto.
AHORA, el debate no debe ser cuestionar la cooperación internacional al desarrollo, sino ver qué tipo de cooperación y mecanismos de control son necesarios para asegurar, más que nunca, su adecuación y efectividad. Sobre esto hay un montón de recomendaciones, como incluir la utilización de mecanismos públicos de gestión financiera o que un 20% de la ayuda oficial al desarrollo se destine a aspectos sociales básicos. Gran parte de la ayuda española en salud se vehicula a través de iniciativas internacionales. En concreto, en Cáceres se anunció que este año se contribuirá al Fondo con 213 millones de dólares.
Si bien este tipo de iniciativas facilitan la coordinación, también es cierto que son una alternativa fotogénica y administrativamente fácil sobre la que se tiene muy poca influencia. La ayuda multilateral debe estar equilibrada con la ayuda directa y enmarcada en una estrategia propia. Además, no puede olvidarse el papel de las oenegés como ejecutoras, pues, aparte del valor añadido que representa para el país involucrar a la sociedad civil en la cooperación al desarrollo, pueden –especialmente en países con estructura administrativa, pero poco compromiso político– reforzar el papel del sector público local desde las bases.
En lo tocante a la salud y a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es necesario que al menos un 15% de la ayuda oficial al desarrollo se destine a ello. Aun así, en el 2015 aún serían necesarios 27.000 millones de dólares adicionales, y, en el caso del sida, los 10.000 millones inicialmente estimados para revertir la epidemia ya se han convertido en 15.000. Por eso es preocupante constatar una disminución del peso relativo que el sector de la salud tiene en la ayuda oficial al desarrollo. Es de ingenuos pensar que la cooperación, tanto de organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, no tiene intereses estratégicos o sectoriales, pero precisamente para evitar que la acción de la cooperación acabe reflejando solo las sensibilidades de los políticos del momento o sometidas a alguno de los distintos tipos de simpatías clientelares existentes, hay que poner en la agenda dos aspectos clave: la profesionalización de los cuerpos técnicos de las agencias de cooperación internacional al desarrollo y la realización de evaluaciones objetivas y públicas. Finalmente, es imprescindible que las políticas de este tipo de las autonomías se coordinen con la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, entre las propias autonomías y con las iniciativas municipales.
VIVIMOS TIEMPOS en que a menudo no es políticamente correcto hablar de valores más allá de los de la bolsa, pero no se puede hablar de cooperación sin hablar de solidaridad. Por consistencia con el discurso construido en las sociedades del bienestar y por agradecimiento histórico, pero también por cuestiones prácticas, ahora no toca hacer solo números en casa: ahora toca ser más solidarios. Sin embargo, en política, la memoria es débil y los valores, efímeros, y siempre habrá quien caerá en la fácil demagogia de criticar que se lleven a cabo políticas de solidaridad en tiempos de crisis. Pero tal vez así se verá quién se lo cree y quién lo aparenta… cuando no es cosa de un céntimo.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
Acaba de celebrarse en Cáceres la Conferencia Internacional de Donantes del Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, organismo creado en el 2002 por la ONU para recoger fondos para la prevención y el control de estas infecciones en países en vías de desarrollo. Este Fondo Mundial se ha convertido en paradigma de la ayuda multilateral y en banco de pruebas para ver cómo integrar los sectores gubernamentales, no gubernamentales y privados en la generación, ejecución y evaluación de recursos. La reunión ha coincidido en que, desde distintos ámbitos, se ha sugerido que en época de crisis compartir recursos con los países en desarrollo no es la mejor idea. Esto puede tentar a más de uno, pero, por poco que se analice el concepto de cooperación internacional para el desarrollo y los efectos que tendría disminuir las ayudas oficiales al desarrollo en los sectores más pobres, no es defendible limitar esta ayuda.
Primero, hay que recordar que el concepto de desarrollo no se limita a la creación de riqueza, sino que incluye todos los procesos encaminados a conseguir los derechos fundamentales de las personas –incluyendo salud, educación y cultura propia–, y, por tanto, la ayuda al desarrollo está recogida en todos los compromisos internacionales. Segundo, está claro que la pobreza y sus efectos sobre la salud son por ellos mismos un freno al desarrollo económico. Y tercero, como demuestra la actual crisis, en un escenario globalizado los problemas de unos lo acaban siendo de los demás. Como dijo Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación Internacional: “No saldremos de la primera crisis global marginando a la mitad del mundo”. El Estado español ha hecho una clara opción política al aumentar las ayudas oficiales al desarrollo, que en el 2008 supusieron el 0,4% del PIB, y ser el octavo donante mundial. Para el 2012 se pretende llegar al mítico 0,7%. Además, es coherente con el modelo de Estado que las comunidades autónomas –especialmente las que, como Catalunya, tienen larga tradición en cooperación internacional– desarrollen estrategias públicas propias en este terreno que complementen las acciones de la sociedad civil. Catalunya, a través de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, es la comunidad que destina más recursos. En el 2008 supusieron el 0,42% de su presupuesto.
AHORA, el debate no debe ser cuestionar la cooperación internacional al desarrollo, sino ver qué tipo de cooperación y mecanismos de control son necesarios para asegurar, más que nunca, su adecuación y efectividad. Sobre esto hay un montón de recomendaciones, como incluir la utilización de mecanismos públicos de gestión financiera o que un 20% de la ayuda oficial al desarrollo se destine a aspectos sociales básicos. Gran parte de la ayuda española en salud se vehicula a través de iniciativas internacionales. En concreto, en Cáceres se anunció que este año se contribuirá al Fondo con 213 millones de dólares.
Si bien este tipo de iniciativas facilitan la coordinación, también es cierto que son una alternativa fotogénica y administrativamente fácil sobre la que se tiene muy poca influencia. La ayuda multilateral debe estar equilibrada con la ayuda directa y enmarcada en una estrategia propia. Además, no puede olvidarse el papel de las oenegés como ejecutoras, pues, aparte del valor añadido que representa para el país involucrar a la sociedad civil en la cooperación al desarrollo, pueden –especialmente en países con estructura administrativa, pero poco compromiso político– reforzar el papel del sector público local desde las bases.
En lo tocante a la salud y a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es necesario que al menos un 15% de la ayuda oficial al desarrollo se destine a ello. Aun así, en el 2015 aún serían necesarios 27.000 millones de dólares adicionales, y, en el caso del sida, los 10.000 millones inicialmente estimados para revertir la epidemia ya se han convertido en 15.000. Por eso es preocupante constatar una disminución del peso relativo que el sector de la salud tiene en la ayuda oficial al desarrollo. Es de ingenuos pensar que la cooperación, tanto de organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, no tiene intereses estratégicos o sectoriales, pero precisamente para evitar que la acción de la cooperación acabe reflejando solo las sensibilidades de los políticos del momento o sometidas a alguno de los distintos tipos de simpatías clientelares existentes, hay que poner en la agenda dos aspectos clave: la profesionalización de los cuerpos técnicos de las agencias de cooperación internacional al desarrollo y la realización de evaluaciones objetivas y públicas. Finalmente, es imprescindible que las políticas de este tipo de las autonomías se coordinen con la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, entre las propias autonomías y con las iniciativas municipales.
VIVIMOS TIEMPOS en que a menudo no es políticamente correcto hablar de valores más allá de los de la bolsa, pero no se puede hablar de cooperación sin hablar de solidaridad. Por consistencia con el discurso construido en las sociedades del bienestar y por agradecimiento histórico, pero también por cuestiones prácticas, ahora no toca hacer solo números en casa: ahora toca ser más solidarios. Sin embargo, en política, la memoria es débil y los valores, efímeros, y siempre habrá quien caerá en la fácil demagogia de criticar que se lleven a cabo políticas de solidaridad en tiempos de crisis. Pero tal vez así se verá quién se lo cree y quién lo aparenta… cuando no es cosa de un céntimo.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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