Por James K. Galbraith, autor de The predator State: How conservatives abandoned the free market and why liberals should too y profesor en la Universidad de Texas (Austin), y William K. Blac, autor de The best way to rob a bank is to own one y profesor en la Universidad de Misuri (Kansas). Traducción: Juan Gabriel López GuiX (LA VANGUARDIA, 24/09/08):
“Son días de milagros y prodigios…”. El mercado se ha derrumbado, ahora sólo el Gobierno nos puede salvar. Se han evaporado treinta años de hipocresía. De pronto, nos encontramos todos juntos, con Henry Paulson y Ben Bernanke a la cabeza, el Congreso remando como galeotes pospartidistas y George Bush intentado pasar inadvertido y buscando - no cabe duda de que fervientemente- las salidas.
Hay que hacer algo, sí. Pero ¿en qué términos? El Tesoro propone gastar 700.000 millones de dólares para comprar títulos respaldados por hipotecas de las que no responde nadie. El secretario del Tesoro, Paulson, pide confianza. ¿Se la ha ganado? No lo olvidemos: ocupó el cargo para limpiar Sarbanes-Oxley, intentó inutilizar la Comisión de Valores y hace dos semanas recurrió a Morgan Stanley - que no era parte desinteresada- en busca de unos consejos que llevaron a la nacionalización de Fannie Mae y Freddie Mac. Por lo tanto, “confiar, pero verificar”, como diría (y dijo) Reagan.
El Congreso tiene que imponer ahora condiciones para proteger a los ciudadanos, el interés nacional y, en no menor medida, los intereses del próximo gobierno. He aquí una breve lista:
1. Una cláusula de descripción de riesgo. El Tesoro debería tener acceso inmediato y completo a la información sobre las carteras, las contrapartes, los métodos de valoración interna utilizados por las compañías financieras, sus modelos propietarios y la historia de los ajustes realizados en esos modelos para reconocer u ocultar pérdidas a medida que se desencadenaba la crisis.
2. Una cláusula de precios. El Tesoro debería crear un mecanismo transparente para establecer un valor de mercado justo y anterior al rescate para los títulos respaldados por hipotecas, poner límites a las primas pagadas por encima de ese valor y exigir que las instituciones financieras valoren la totalidad de sus carteras según el precio de venta. En otras palabras, habría que prohibir la práctica de ocultar pérdidas, la “tolerancia contable”.
3. Una cláusula contra el fraude. Los títulos comprados deberían revisarse y aquellos en los que se encuentren valoraciones fraudulentas, documentación inadecuada, prácticas rapaces y abusivas deberían ser devueltos a los prestamistas con una tasa de penalización.
4. Una cláusula de cumplimiento de la ley. Se debería exigir al Tesoro que creara un marco para las investigaciones y la denuncia de actividades delictivas y que demostrara que ese marco se utiliza de forma agresiva. Se debería exigir a las compañías participantes que investigaran y documentaran fraudes pasados, establecieran controles internos antifraude y, si es el caso, informen a las autoridades competentes de las actividades delictivas. El FBI y el secretario de Justicia adjunto deberían disponer de una autorización plena para perseguir los delitos que están detrás de esta catástrofe.
5. Una cláusula de arbitraje. Un gran peligro del plan de Paulson es que las instituciones, los fondos de inversión libres y demás entidades no estadounidenses aprovecharán la oportunidad para vender sus valores defectuosos a las instituciones estadounidenses habilitadas, con lo que se volverá a llenar el pantano justo cuando el Tesoro intenta drenarlo. Se debería exigir a todas las instituciones financieras estadounidenses que proporcionen una información de referencia sobre sus títulos respaldados por hipotecas y otros valores pertinentes con fecha del 15 de septiembre del 2008.
6. Una cláusula de transparencia. Las operaciones del Tesoro llevadas a cabo de acuerdo con este plan (incluidas las comunicaciones y las consultas con asesores externos) serán transparentes para el Congreso, que podrá obtener toda la información que desee, a intervalos regulares. Sin excepciones.
7. Una cláusula contra el amiguismo. Este programa debe ser dirigido por personas libres de burdos conflictos de intereses. Como garantía, el Tesoro debería exigir plena información financiera a todos los nombrados para administrar el programa e imponer reglas, así como un sistema estricto para hacer cumplir un rígido código de conducta. Nota especial para el Congreso: John McCain encarna el sistema del amiguismo. No debe aprobarse un proyecto de ley que le conceda, como presidente, un control sin límites sobre el modo en que se dirige el programa.
8. Una cláusula de modificación y enajenación. A medida que crezcan las ejecuciones, el Tesoro acabará controlando muchas propiedades físicas que se degradan rápidamente si no son vendidas u ocupadas. Para impedirlo, debería crearse un organismo capaz de modificar con celeridad los contratos hipotecarios existentes, gestionar las conversiones de arrendamiento y alquilar, vender o derribar las casas desocupadas. Este organismo puede ser dirigido, como lo fueron las oficinas de reclutamiento en tiempos de guerra, por los ciudadanos de cada comunidad bajo las pautas federales.
¿Eso es todo? No, eso es sólo un principio. Deberán aplicarse además otras medidas; entre ellas, una reforma reguladora general, alivio hipotecario, coparticipación en los ingresos para proteger el gasto público estatal y local en la medida en que los ingresos por el impuesto sobre propiedades inmobiliarias bajarán, respaldo a la inversión en capital público y creación de empleo. Sin embargo, todo esto incumbirá a la próxima Administración.
Conseguir llegar a la próxima Administración es ahora la tarea del pueblo estadounidense.
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