El precipicio boliviano

Por Antoni Traveria, periodista. Director de la Fundación Casa Amèrica Catalunya (EL PERIÓDICO, 21/09/08):

Bolivia ha estado demasiado cerca de caer al precipicio de una guerra civil. Las fuertes tensiones de los últimos años entre los dos sectores sociales enfrentados tuvieron como consecuencia el estallido de la violencia y los asesinatos. Pasados los días, aún se desconoce la cifra precisa de la masacre de campesinos del 11 de septiembre en el departamento amazónico de Pando, un mínimo de 15 y un máximo de 30. La decidida intervención política de los países de la región en apoyo firme a la legitimidad del Gobierno de Evo Morales ha logrado neutralizar la rebelión, al menos de momento. Una tenue esperanza se abre ahora con la enésima mesa de diálogo constituida entre Gobierno y oposición para alcanzar un acuerdo que satisfaga las demandas de ambas partes alejando los fantasmas del peor de los escenarios.

LA MASACRE de campesinos ha sido la gota que ha desbordado el vaso que acumulaba las encendidas pasiones bolivianas. Los prefectos de oposición al presidente Evo Morales han cambiado su estrategia y parecen apostar ahora por la negociación para alcanzar un acuerdo que les permita mantener el control del poder local. Estarían incluso dispuestos a dejar en manos de la justicia el posible procesamiento del gobernador Leopoldo Fernández, detenido como presunto autor intelectual e instigador de los asesinatos en el departamento de Pando. También el Gobierno acepta ahora discutir el destino de los fondos excedentes del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH), con el que el Estado financia la Renta Dignidad para los ancianos, apostando por un acuerdo que haga compatibles las reivindicaciones autonomistas de las regiones rebeldes con la nueva Constitución.

Pero, en el fondo, los orígenes de este enfrentamiento son étnicos, culturales y de clase. La Constitución que propugna Evo Morales tiene un marcado acento indigenista con expresas menciones a los derechos de los ciudadanos de los pueblos originarios que chocan frontalmente con los intereses de las élites que han venido dominando el poder, no siempre desde los gobiernos, desde su independencia, hace ahora 183 años. Como ejemplo, se establecen límites a los latifundios, se habla de autonomías indígenas, se oficializan todas las lenguas nativas, se expresa la obligación de los funcionarios públicos de conocer y hablar una de ellas además del castellano, con una declaración política de principios en la que el indigenismo obtiene el reconocimiento oficial que nunca obtuvo antes. Para los aymaras y los collas, es sinónimo de justicia. Para los cambas, los bolivianos de la zona oriental, es revanchismo, rencor y venganza.

EL ALTIPLANO boliviano, desde el punto de vista económico y social, poco tiene en común con las provincias de la llamada Media Luna del oriente, no solo en términos de riqueza y desarrollo, sino también respecto a las tradiciones culturales o sus visiones ideológicas. Basta pasear unas horas por las calles de Santa Cruz, repletas de coches 4×4 último modelo, para hacerse una idea de una prosperidad de la que no gozan en las regiones del occidente. En la década de los 70, Santa Cruz tenía 50.000 habitantes; hoy alcanza los 2.000.000. Recibe casi la mitad de la inversión extranjera de toda Bolivia. Genera el 62% de las divisas y aporta alrededor del 37% del total de impuestos. Es, sin duda, la locomotora económica de Bolivia, un país que, en fuerte contraste, es, detrás de Haití, el más pobre de América Latina, con los peores índices de equidad y distribución del ingreso por habitante. Si el proyecto de Evo Morales tuvo éxito es porque acertó al asumir en un solo programa de gobierno las reivindicaciones indígenas, los sentimientos nacionalistas y el rechazo a la economía neoliberal importada desde Washington.

La resistencia de quienes se sienten perjudicados en sus intereses estaba en el guión. Evo Morales calculó mal, sin embargo, sus propias fuerzas y las de sus adversarios. Aun obteniendo el enorme apoyo del 68% de la población en el referendo del pasado 10 de agosto, casi 15 puntos más que en las elecciones presidenciales del 18 de diciembre del 2005, los gobernadores rebeldes se atrincheraron en sus feudos para zancadillear el proceso e imponer desde su gran poder local, de facto, sus propias leyes regionales. La desobediencia, la agitación, el traslado de las protestas a las calles, el aliento en la formación de grupos radicales armados, fueron instrumentos de presión para enfrentar las decisiones políticas del gobierno de La Paz.

SE HA LLEGADO al extremismo, demasiado lejos, y esas consignas repetidas de “derrocar o matar al indio” no hacían presagiar nada bueno. Tras la declaración de firme apoyo a Evo Morales, por parte de la inmensa mayoría de gobiernos de la región en Santiago de Chile, la incógnita es saber hasta qué punto los grupos más radicales están dispuestos a obedecer las órdenes de quienes lideran la rebelión. Y es que han sido algunos de ellos los que han añadido gasolina al fuego.