Por Elena Arnedo, ginecóloga y escritora (EL MUNDO, 30/03/09):
Hace ya 20 años que en España está legalizado el aborto. Hubo en su día las consabidas protestas de los grupos autodenominados provida, de la jerarquía eclesiástica y de los católicos más fundamentalistas y beligerantes y de la derecha política que, como ya había hecho con la planificación familiar, se opuso a la ley y la recurrió ante el Constitucional, llevándose el inesperado disgusto de ver como éste reconocía la constitucionalidad de la ley y abría paso a la legalización parcial del aborto. Durante estos años los gobiernos de Aznar no se opusieron a la ley y no pretendieron siquiera hacerla más restrictiva. Y es que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo fue plenamente aceptada por la sociedad y, gracias a ella, muchas mujeres han podido poner fin a la tragedia personal que hubiera supuesto continuar con un embarazo no deseado o peligroso, o que hubiera supuesto el nacimiento de un niño condenado a la muerte o a una vida vegetal.
Porque, habrá que repetirlo una vez más, ninguna mujer aborta sin importantes y meditadas razones para hacerlo. Nadie duda de que todo aborto supone una dura y difícil decisión, que se recurre a él por un fallo en el control de la natalidad o de la educación afectivo sexual. Cada uno de los más de 100.000 abortos anuales no suponen otros tantos dramas -el drama era la situación anterior- sino la recuperación de los proyectos vitales, de la integridad, de la dignidad, de la libertad, de la autonomía o de la salud de esas mujeres. Bienes y derechos constitucionales a tener muy en cuenta. Esos miles de mujeres españolas no son asesinas de niños, no son delincuentes que deban ser encarceladas y apartadas de la sociedad por su peligrosidad.Son ciudadanas inofensivas socialmente, honradas, reflexivas y respetuosas con la ley. Por el contrario, son víctimas de situaciones vitales profundamente conflictivas y traumáticas.
Desde el punto de vista legal existe un conflicto de intereses entre dos bienes constitucionales: el feto y la madre, y tanto la ley como el sentido común consideran prioritaria la protección de la madre frente al producto que se desarrolla en su útero fecundado. En cambio, la doctrina católica llega al extremo, si se presenta el dilema de que el feto sólo pueda nacer a costa de la vida de la madre, de preconizar que se sacrifique a ésta y que, de paso, el médico creyente practicante cometa el asesinato de una mujer.
La vigente ley de despenalización parcial del aborto, en la que éste sigue siendo un delito salvo en determinadas circunstancias, a pesar de ser una ley de indicaciones teóricamente muy restrictiva, se ha venido aplicando como una ley de plazos, ya que el 95% de los abortos se realizaron antes de las 16 semanas y el 68% en las 8 primeras. Y el 97% bajo el concepto jurídico indeterminado de grave peligro para la salud psíquica de la embarazada y el 98% en clínicas privadas acreditadas. Todo lo cual conducía a una situación de inseguridad jurídica intolerable para los médicos y las mujeres.
Así pues ¿a qué viene ahora esta masiva movilización en contra de la nueva legislación? Obviamente, no se trata del rechazo a una ley de plazos, se trata de coger el rábano por las hojas y lanzarse de nuevo a la cruzada contra cualquier tipo de aborto.Y de nuevo estigmatizar y llamar asesinas a las mujeres que no pueden seguir adelante con sus embarazos. Y en esta fanática ofensiva contra lo que llaman «las patologías de la razón» da igual utilizar cualquier sinrazón. ¿Cabe mayor disparate que esos carteles propagandísticos en los que se ve a una cría de lince junto a un bebé que ya gatea y se sugiere que el niño es el más desprotegido? Con todo el respeto por la vida animal, por la biodiversidad y por los linces, a nadie le cabe la menor duda de que el más querido y protegido es, naturalmente, el bebé.
¿Por qué ese empecinamiento en querer confundir embriones con niños ya nacidos o con hombres y mujeres hechos y derechos?
A pesar del tradicional enfrentamiento entre ciencia y religión, ahora la iglesia, tal vez consciente de la irracionalidad y contradicción de sus dogmas, intenta recurrir a argumentos científicos para apoyar sus sofismas. Sin embrago, la famosa Declaración de Madrid firmada, al parecer, por numerosos académicos -de cualquier disciplina- que pretende fundamentar el rechazo al aborto en los «conocimientos actuales sobre genética, embriología y biología molecular», ha sido refutada por científicos prestigiosos que se dedican a la investigación. Manifiestan su rechazo y su indignación ante la «utilización ideológica y partidista de la ciencia (…) la difusión e interpretación de los datos científicos debe estar exenta de influencias ideológicas o creencias religiosas. El momento en que puede considerarse humano un ser no puede establecerse mediante criterios científicos. Consideramos importante evitar que se confunda a la sociedad contaminando problemas de carácter social con argumentos a los que la ciencia no otorga legitimidad».
Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y todas las creencias religiosas son dignas de respeto, salvo cuando quieren imponerse a los otros. Corren el riesgo de convertirse en crueldad cuando estigmatizan, condenan e insultan a miles de afligidas mujeres.
En este momento, la derecha política, en contradicción con los mandatos de su iglesia, defiende como propias la planificación familiar y ¡hasta la educación sexual! ¡Después de años y años de haberse opuesto radicalmente a ambas cosas ahora afirman creer en ellas como la solución contra el aborto!
Cansa repetir una vez más que las leyes que despenalizan el aborto no obligan a nadie a abortar, que en los países con las leyes más permisivas no aumenta el número de abortos, que Holanda es el país de la Unión Europea con menor porcentaje de abortos a pesar de tener una ley que permite abortar libremente hasta las 24 semanas.
En cambio, si la iglesia consiguiera su propósito, la penalización total de aborto, las mujeres se verían abocadas de nuevo a abortar clandestinamente, poniendo en peligro su salud y su vida y corriendo el riesgo de ser encarceladas.
La posibilidad legal de interrumpir un embarazo no deseado nos afecta a todos: a las mujeres en primer lugar, pero también a los niños ya nacidos y a los hombres que sí aman a las mujeres.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
Hace ya 20 años que en España está legalizado el aborto. Hubo en su día las consabidas protestas de los grupos autodenominados provida, de la jerarquía eclesiástica y de los católicos más fundamentalistas y beligerantes y de la derecha política que, como ya había hecho con la planificación familiar, se opuso a la ley y la recurrió ante el Constitucional, llevándose el inesperado disgusto de ver como éste reconocía la constitucionalidad de la ley y abría paso a la legalización parcial del aborto. Durante estos años los gobiernos de Aznar no se opusieron a la ley y no pretendieron siquiera hacerla más restrictiva. Y es que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo fue plenamente aceptada por la sociedad y, gracias a ella, muchas mujeres han podido poner fin a la tragedia personal que hubiera supuesto continuar con un embarazo no deseado o peligroso, o que hubiera supuesto el nacimiento de un niño condenado a la muerte o a una vida vegetal.
Porque, habrá que repetirlo una vez más, ninguna mujer aborta sin importantes y meditadas razones para hacerlo. Nadie duda de que todo aborto supone una dura y difícil decisión, que se recurre a él por un fallo en el control de la natalidad o de la educación afectivo sexual. Cada uno de los más de 100.000 abortos anuales no suponen otros tantos dramas -el drama era la situación anterior- sino la recuperación de los proyectos vitales, de la integridad, de la dignidad, de la libertad, de la autonomía o de la salud de esas mujeres. Bienes y derechos constitucionales a tener muy en cuenta. Esos miles de mujeres españolas no son asesinas de niños, no son delincuentes que deban ser encarceladas y apartadas de la sociedad por su peligrosidad.Son ciudadanas inofensivas socialmente, honradas, reflexivas y respetuosas con la ley. Por el contrario, son víctimas de situaciones vitales profundamente conflictivas y traumáticas.
Desde el punto de vista legal existe un conflicto de intereses entre dos bienes constitucionales: el feto y la madre, y tanto la ley como el sentido común consideran prioritaria la protección de la madre frente al producto que se desarrolla en su útero fecundado. En cambio, la doctrina católica llega al extremo, si se presenta el dilema de que el feto sólo pueda nacer a costa de la vida de la madre, de preconizar que se sacrifique a ésta y que, de paso, el médico creyente practicante cometa el asesinato de una mujer.
La vigente ley de despenalización parcial del aborto, en la que éste sigue siendo un delito salvo en determinadas circunstancias, a pesar de ser una ley de indicaciones teóricamente muy restrictiva, se ha venido aplicando como una ley de plazos, ya que el 95% de los abortos se realizaron antes de las 16 semanas y el 68% en las 8 primeras. Y el 97% bajo el concepto jurídico indeterminado de grave peligro para la salud psíquica de la embarazada y el 98% en clínicas privadas acreditadas. Todo lo cual conducía a una situación de inseguridad jurídica intolerable para los médicos y las mujeres.
Así pues ¿a qué viene ahora esta masiva movilización en contra de la nueva legislación? Obviamente, no se trata del rechazo a una ley de plazos, se trata de coger el rábano por las hojas y lanzarse de nuevo a la cruzada contra cualquier tipo de aborto.Y de nuevo estigmatizar y llamar asesinas a las mujeres que no pueden seguir adelante con sus embarazos. Y en esta fanática ofensiva contra lo que llaman «las patologías de la razón» da igual utilizar cualquier sinrazón. ¿Cabe mayor disparate que esos carteles propagandísticos en los que se ve a una cría de lince junto a un bebé que ya gatea y se sugiere que el niño es el más desprotegido? Con todo el respeto por la vida animal, por la biodiversidad y por los linces, a nadie le cabe la menor duda de que el más querido y protegido es, naturalmente, el bebé.
¿Por qué ese empecinamiento en querer confundir embriones con niños ya nacidos o con hombres y mujeres hechos y derechos?
A pesar del tradicional enfrentamiento entre ciencia y religión, ahora la iglesia, tal vez consciente de la irracionalidad y contradicción de sus dogmas, intenta recurrir a argumentos científicos para apoyar sus sofismas. Sin embrago, la famosa Declaración de Madrid firmada, al parecer, por numerosos académicos -de cualquier disciplina- que pretende fundamentar el rechazo al aborto en los «conocimientos actuales sobre genética, embriología y biología molecular», ha sido refutada por científicos prestigiosos que se dedican a la investigación. Manifiestan su rechazo y su indignación ante la «utilización ideológica y partidista de la ciencia (…) la difusión e interpretación de los datos científicos debe estar exenta de influencias ideológicas o creencias religiosas. El momento en que puede considerarse humano un ser no puede establecerse mediante criterios científicos. Consideramos importante evitar que se confunda a la sociedad contaminando problemas de carácter social con argumentos a los que la ciencia no otorga legitimidad».
Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y todas las creencias religiosas son dignas de respeto, salvo cuando quieren imponerse a los otros. Corren el riesgo de convertirse en crueldad cuando estigmatizan, condenan e insultan a miles de afligidas mujeres.
En este momento, la derecha política, en contradicción con los mandatos de su iglesia, defiende como propias la planificación familiar y ¡hasta la educación sexual! ¡Después de años y años de haberse opuesto radicalmente a ambas cosas ahora afirman creer en ellas como la solución contra el aborto!
Cansa repetir una vez más que las leyes que despenalizan el aborto no obligan a nadie a abortar, que en los países con las leyes más permisivas no aumenta el número de abortos, que Holanda es el país de la Unión Europea con menor porcentaje de abortos a pesar de tener una ley que permite abortar libremente hasta las 24 semanas.
En cambio, si la iglesia consiguiera su propósito, la penalización total de aborto, las mujeres se verían abocadas de nuevo a abortar clandestinamente, poniendo en peligro su salud y su vida y corriendo el riesgo de ser encarceladas.
La posibilidad legal de interrumpir un embarazo no deseado nos afecta a todos: a las mujeres en primer lugar, pero también a los niños ya nacidos y a los hombres que sí aman a las mujeres.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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