Por Daniel Innerarity, profesor de Filosofía en la Universidad de Zaragoza y autor de El nuevo espacio público (EL PAÍS, 30/03/09):
Hablamos mucho de la sociedad y la economía del conocimiento y tal vez no hayamos caído en la cuenta de que para estar a la altura de sus desafíos nos hace falta ser, por así decirlo, más listos que los problemas que plantea. La verdad profunda de esas denominaciones no es otra que la advertencia de que en el origen de nuestros problemas hay un fracaso cognitivo y el mejor instrumento para superarlo es aprender de ellos, desarrollar el saber correspondiente.
En la sociedad del conocimiento necesitamos formas de gobierno que gestionen adecuadamente el saber. Hemos prestado gran atención a la importancia que el conocimiento tiene en nuestras sociedades, pero tal vez no hayamos reparado tanto en las consecuencias ambivalentes de la producción del conocimiento, por ejemplo, en el sistema financiero global.
En este contexto habría que encuadrar la crisis actual, que responde a un desajuste entre la capacidad de innovación de los mercados financieros y nuestra capacidad colectiva de configurarlos inteligentemente. Mientras que los mercados financieros han crecido espectacularmente durante las últimas tres décadas, las expectativas sociales en relación con la regulación pública de estos mercados han experimentado un avance muy pobre. La innovación financiera está siempre al menos un paso por delante de la reglamentación. Hay una asimetría entre el conocimiento privado y el conocimiento público. La aceleración de la producción de conocimiento en las finanzas globales contrasta con la escasa capacidad de las instituciones reguladoras. En Europa, sin ir más lejos, aunque el Banco Central Europeo desarrolla sus funciones de política monetaria, las facultades de supervisión siguen en manos de los bancos nacionales. Este marco es claramente estrecho, y así lo han indicado quienes aconsejan la creación de un organismo de supervisión supraestatal.
La política y el derecho no sólo son incapaces de contrarrestar la desterritorialización de los mercados mediante el desarrollo e implementación de normas vinculantes globalmente, sino que también están perdiendo competencia cognitiva para estar a la altura de la innovación económica. Un ejemplo de ello puede encontrarse en la ambivalencia de la reglamentación financiera. Diversos estudios empíricos han advertido que algunas medidas políticas y legales han agravado los problemas, como es el caso de los acuerdos de Basilea, cuya naturaleza procíclica es ahora manifiesta. Las disposiciones acerca de fondos propios inducen a la expansión de créditos en los periodos favorables y a las restricciones en los momentos malos. Estas regulaciones no sólo han contribuido a la expansión de los productos derivados que están en el origen de la crisis actual, sino que también han incrementado la inestabilidad del mercado crediticio.
No es exagerado decir, por tanto, que entre las causas de la crisis hay un fracaso cognoscitivo. ¿Por qué razón el mundo financiero aparece como más inteligente y dinámico que el mundo de la política y el derecho? Pues fundamentalmente porque la economía tiene una actitud cognitiva, flexibilidad y una enorme capacidad de aprendizaje, mientras que la política y el derecho están acostumbradas a un estilo normativo, que se traduce en una tendencia a dar órdenes allí donde tendrían que aprender. La política y el derecho tienden a reaccionar de manera normativa frente a las decepciones, mientras que la estructura de expectativas que dirige las operaciones de la economía, y del sistema financiero en particular, se caracteriza por una predominancia de las expectativas cognitivas, adaptativas y abiertas al aprendizaje. Por eso la economía y el sistema financiero van por delante tanto en lo que se refiere a la definición de los problemas como a la formulación de los modos de enfrentarse a ellos.
Ésta es la razón por la que puede afirmarse que no habrá solución verdadera a la crisis mientras los actores públicos no sean capaces de generar un saber correspondiente. Hasta ahora, el énfasis sobre el papel de los Estados y de la jerarquía como medio de control ha impedido prestar atención a los aspectos cognitivos de la gobernanza. No se puede ejercer la responsabilidad de la supervisión y la regulación si no se dispone del saber correspondiente que permita comprender los nuevos instrumentos financieros y alertar a los operadores sobre sus riesgos específicos. Para tener un sistema financiero sano es esencial que las autoridades de tutela y los inversores dispongan de información que les permita evaluar correctamente los riesgos, algo de lo que han sido incapaces en la actual crisis. De hecho, ya se han alzado diversas voces que advierten de que tales disposiciones, en la actual coyuntura económica, deberían ser reconsideradas.
No se trata de prohibir la innovación financiera, de la que se siguen muchos buenos efectos para las personas, sino de impedir el abuso y exigir su transparencia, lo cual, evidentemente, no sera fácil, puesto que la innovación se presentará en los próximos años bajo formas que no se pueden prever. El objetivo debe ser corregir las prácticas peligrosas e inaceptables sin suprimir las innovaciones útiles para la colectividad. Esta función es especialmente difícil, ya que en los últimos años han ido adquiriendo una gran significación ciertos tipos de riesgo que no pueden ser manejados con los tradicionales instrumentos económicos y políticos.
Así pues, para entender los actuales problemas de gobernanza del mercado financiero global hay que considerar las características y consecuencias de la producción del conocimiento en el sistema financiero y la relevancia del conocimiento para la política. ¿Qué nuevas formas de gobernanza corresponden a la creciente desterritorialización y autonomía de las transacciones financieras? ¿Cuáles serán las instituciones y los sistemas de regulación financiera apropiados para un mundo de innovación financiera y de globalización?
Hay que constatar, de entrada, que la política tiene grandes dificultades a la hora de configurar una gobernanza global e intervenir con eficacia configuradora en los procesos de globalización. Tiene que decidir si aspira a desempeñar esa función o se contenta con el papel de víctima. Y para ello lo primero que debe superarse es esa desproporción entre la dimensión mundial de los problemas y la impotente provincialidad de las soluciones, entre el carácter global de los mercados financieros y el carácter doméstico de los bancos centrales y las agencias supervisoras.
Hasta ahora, los Estados han respondido a la crisis con medidas que toman poco en cuenta su impacto sobre los demás países. Pero conviene no perder de vista que las políticas poco cooperativas no hacen otra cosa que debilitar todavía más la economía global. Contra la tentación del proteccionismo o las soluciones unilaterales debe recordarse que lo que falló tras la crisis del 29 no fue el mercado, sino los Estados y su falta de colaboración. La reforma de las normas financieras y su vigilancia deben llevarse a cabo a nivel internacional. Aunque la idea de un regulador financiero global sea de momento poco realista, la solución a la crisis requiere una mayor coordinación de las políticas de regulación y supervisión financiera.
En última instancia, lo que se nos plantea es llevar a cabo una gobernanza inteligente de la economía financiera, y esto exige que revisemos a fondo la función de la política en una sociedad del conocimiento de manera que gane capacidad de gobernar los acontecimientos, autoridad supervisora, comprensión de la complejidad, visión de conjunto, inteligencia sistémica, competencia estratégica y anticipación. El verdadero objetivo de la política sería poner en marcha formas de cooperación cognitiva, es decir, crear las condiciones para combinar óptimamente lógicas funcionales heterogéneas, estructuras de gobernanza y recursos de conocimiento. Las políticas del conocimiento deben tomar en cuenta una diversidad de perspectivas e instrumentos y ponerlos en relación entre sí para promover procesos de aprendizaje colectivo. Sólo así podríamos conseguir que las quejas correctas dieran paso a las soluciones eficaces.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
Hablamos mucho de la sociedad y la economía del conocimiento y tal vez no hayamos caído en la cuenta de que para estar a la altura de sus desafíos nos hace falta ser, por así decirlo, más listos que los problemas que plantea. La verdad profunda de esas denominaciones no es otra que la advertencia de que en el origen de nuestros problemas hay un fracaso cognitivo y el mejor instrumento para superarlo es aprender de ellos, desarrollar el saber correspondiente.
En la sociedad del conocimiento necesitamos formas de gobierno que gestionen adecuadamente el saber. Hemos prestado gran atención a la importancia que el conocimiento tiene en nuestras sociedades, pero tal vez no hayamos reparado tanto en las consecuencias ambivalentes de la producción del conocimiento, por ejemplo, en el sistema financiero global.
En este contexto habría que encuadrar la crisis actual, que responde a un desajuste entre la capacidad de innovación de los mercados financieros y nuestra capacidad colectiva de configurarlos inteligentemente. Mientras que los mercados financieros han crecido espectacularmente durante las últimas tres décadas, las expectativas sociales en relación con la regulación pública de estos mercados han experimentado un avance muy pobre. La innovación financiera está siempre al menos un paso por delante de la reglamentación. Hay una asimetría entre el conocimiento privado y el conocimiento público. La aceleración de la producción de conocimiento en las finanzas globales contrasta con la escasa capacidad de las instituciones reguladoras. En Europa, sin ir más lejos, aunque el Banco Central Europeo desarrolla sus funciones de política monetaria, las facultades de supervisión siguen en manos de los bancos nacionales. Este marco es claramente estrecho, y así lo han indicado quienes aconsejan la creación de un organismo de supervisión supraestatal.
La política y el derecho no sólo son incapaces de contrarrestar la desterritorialización de los mercados mediante el desarrollo e implementación de normas vinculantes globalmente, sino que también están perdiendo competencia cognitiva para estar a la altura de la innovación económica. Un ejemplo de ello puede encontrarse en la ambivalencia de la reglamentación financiera. Diversos estudios empíricos han advertido que algunas medidas políticas y legales han agravado los problemas, como es el caso de los acuerdos de Basilea, cuya naturaleza procíclica es ahora manifiesta. Las disposiciones acerca de fondos propios inducen a la expansión de créditos en los periodos favorables y a las restricciones en los momentos malos. Estas regulaciones no sólo han contribuido a la expansión de los productos derivados que están en el origen de la crisis actual, sino que también han incrementado la inestabilidad del mercado crediticio.
No es exagerado decir, por tanto, que entre las causas de la crisis hay un fracaso cognoscitivo. ¿Por qué razón el mundo financiero aparece como más inteligente y dinámico que el mundo de la política y el derecho? Pues fundamentalmente porque la economía tiene una actitud cognitiva, flexibilidad y una enorme capacidad de aprendizaje, mientras que la política y el derecho están acostumbradas a un estilo normativo, que se traduce en una tendencia a dar órdenes allí donde tendrían que aprender. La política y el derecho tienden a reaccionar de manera normativa frente a las decepciones, mientras que la estructura de expectativas que dirige las operaciones de la economía, y del sistema financiero en particular, se caracteriza por una predominancia de las expectativas cognitivas, adaptativas y abiertas al aprendizaje. Por eso la economía y el sistema financiero van por delante tanto en lo que se refiere a la definición de los problemas como a la formulación de los modos de enfrentarse a ellos.
Ésta es la razón por la que puede afirmarse que no habrá solución verdadera a la crisis mientras los actores públicos no sean capaces de generar un saber correspondiente. Hasta ahora, el énfasis sobre el papel de los Estados y de la jerarquía como medio de control ha impedido prestar atención a los aspectos cognitivos de la gobernanza. No se puede ejercer la responsabilidad de la supervisión y la regulación si no se dispone del saber correspondiente que permita comprender los nuevos instrumentos financieros y alertar a los operadores sobre sus riesgos específicos. Para tener un sistema financiero sano es esencial que las autoridades de tutela y los inversores dispongan de información que les permita evaluar correctamente los riesgos, algo de lo que han sido incapaces en la actual crisis. De hecho, ya se han alzado diversas voces que advierten de que tales disposiciones, en la actual coyuntura económica, deberían ser reconsideradas.
No se trata de prohibir la innovación financiera, de la que se siguen muchos buenos efectos para las personas, sino de impedir el abuso y exigir su transparencia, lo cual, evidentemente, no sera fácil, puesto que la innovación se presentará en los próximos años bajo formas que no se pueden prever. El objetivo debe ser corregir las prácticas peligrosas e inaceptables sin suprimir las innovaciones útiles para la colectividad. Esta función es especialmente difícil, ya que en los últimos años han ido adquiriendo una gran significación ciertos tipos de riesgo que no pueden ser manejados con los tradicionales instrumentos económicos y políticos.
Así pues, para entender los actuales problemas de gobernanza del mercado financiero global hay que considerar las características y consecuencias de la producción del conocimiento en el sistema financiero y la relevancia del conocimiento para la política. ¿Qué nuevas formas de gobernanza corresponden a la creciente desterritorialización y autonomía de las transacciones financieras? ¿Cuáles serán las instituciones y los sistemas de regulación financiera apropiados para un mundo de innovación financiera y de globalización?
Hay que constatar, de entrada, que la política tiene grandes dificultades a la hora de configurar una gobernanza global e intervenir con eficacia configuradora en los procesos de globalización. Tiene que decidir si aspira a desempeñar esa función o se contenta con el papel de víctima. Y para ello lo primero que debe superarse es esa desproporción entre la dimensión mundial de los problemas y la impotente provincialidad de las soluciones, entre el carácter global de los mercados financieros y el carácter doméstico de los bancos centrales y las agencias supervisoras.
Hasta ahora, los Estados han respondido a la crisis con medidas que toman poco en cuenta su impacto sobre los demás países. Pero conviene no perder de vista que las políticas poco cooperativas no hacen otra cosa que debilitar todavía más la economía global. Contra la tentación del proteccionismo o las soluciones unilaterales debe recordarse que lo que falló tras la crisis del 29 no fue el mercado, sino los Estados y su falta de colaboración. La reforma de las normas financieras y su vigilancia deben llevarse a cabo a nivel internacional. Aunque la idea de un regulador financiero global sea de momento poco realista, la solución a la crisis requiere una mayor coordinación de las políticas de regulación y supervisión financiera.
En última instancia, lo que se nos plantea es llevar a cabo una gobernanza inteligente de la economía financiera, y esto exige que revisemos a fondo la función de la política en una sociedad del conocimiento de manera que gane capacidad de gobernar los acontecimientos, autoridad supervisora, comprensión de la complejidad, visión de conjunto, inteligencia sistémica, competencia estratégica y anticipación. El verdadero objetivo de la política sería poner en marcha formas de cooperación cognitiva, es decir, crear las condiciones para combinar óptimamente lógicas funcionales heterogéneas, estructuras de gobernanza y recursos de conocimiento. Las políticas del conocimiento deben tomar en cuenta una diversidad de perspectivas e instrumentos y ponerlos en relación entre sí para promover procesos de aprendizaje colectivo. Sólo así podríamos conseguir que las quejas correctas dieran paso a las soluciones eficaces.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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