AGENCIAS - Jartum - 05/03/2009
Más de dos mil personas han vuelto hoy a salir a las calles de Jartum, capital de Sudán, para apoyar al presidente del país, Omar al Bashir, sobre el que pesa desde ayer una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la región de Darfur. Al Bashir, aclamado por las masas de su país, mantiene su pulso contra la justicia internacional y ha asegurado que la CPI no está "moralmente capacitada" para emitir una orden de arresto contra él.
El presidente sudanés ha hecho estas declaraciones ante el Consejo de Ministros. "Aquellos que han emitido una orden de arresto no están cualificados moral u objetivamente para tomar estas decisiones y medidas, porque son responsables de la humillación y el saqueo de la riqueza de los pueblos", ha asegurado Al Bashir en un breve discurso televisado. El mandatario ha agregado que responderá a la decisión de la CPI con "más esfuerzos para alcanzar la paz".
Al Bashir, vestido de civil y mostrando una gran serenidad, ha sacado a relucir el conflicto en Oriente Próximo, mientras la comunidad internacional le acusa de delitos que se cobraron la vida de más de 300.000 personas."Aquellos que atacan Gaza con todo tipo de armas son los que deben ser llevados ante la justicia, no nosotros", ha dicho.
El presidente sudanés ha subrayado que la orden del tribunal internacional, con sede en La Haya, no se había dictado sólo contra él, sino contra "todos los estados que rechazan la política de dictados" de los países occidentales. "Sudán, que rechazó todo tipo de humillación y que resistió al colonialismo, no puede aceptar el regreso de ese colonialismo otra vez", ha declarado solemnemente. Omar al Bashir se hizo con el poder en 1989 mediante un golpe militar que provocó el estallido de la guerra civil entre el norte musulmán y el sur cristiano y animista. Desde entonces gobierna con puño de hierro en una región dividida en facciones rebeldes y que no ha dejado de sangrar por las disputas de los recursos.
El conflicto de Darfur, región del oeste de Sudán y fronteriza con Chad, estalló en febrero de 2003 cuando dos grupos rebeldes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI) y el Movimiento para la Liberación de Sudán (MLS), se levantaron en armas contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región. Según han denunciado diversas ONG y la ONU, el conflicto, que todavía sangra a los habitantes de la zona, causó la muerte de más de 300.000 personas y obligó a más de dos millones y medio de civiles a huir y permanecer en campos de refugiados por temor a las violaciones y el miedo.
Expulsión de ONG
Como respuesta al dictado de la CPI, al menos diez ONG se han visto obligadas a abandonar la zona. El Gobierno de Jartum asegura que no puede garantizar la seguridad de los cooperantes tras conocerse la decisión judicial, pero Oxfam y Save the Children, dos de las diez organizaciones humanitarias expulsadas de Sudán, han advertido de que esta acción pone en peligro cientos de miles de vidas.
"Si se revoca la licencia de Oxfam, se verán afectados más de 600.000 sudaneses a los que proveemos diariamente de ayuda humanitaria y al desarrollo vitales, incluida agua limpia", ha advertido Penny Lawrence, directora internacional de esa ONG. Por su parte, el director de operaciones internacionales de la sección británica de Save the Children, Ken Calwell, ha asegurado: "Esto tiene implicaciones muy preocupantes para los 50.000 niños a los que prestamos actualmente apoyo en Jartum y el noreste del país".
Más de dos mil personas han vuelto hoy a salir a las calles de Jartum, capital de Sudán, para apoyar al presidente del país, Omar al Bashir, sobre el que pesa desde ayer una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la región de Darfur. Al Bashir, aclamado por las masas de su país, mantiene su pulso contra la justicia internacional y ha asegurado que la CPI no está "moralmente capacitada" para emitir una orden de arresto contra él.
El presidente sudanés ha hecho estas declaraciones ante el Consejo de Ministros. "Aquellos que han emitido una orden de arresto no están cualificados moral u objetivamente para tomar estas decisiones y medidas, porque son responsables de la humillación y el saqueo de la riqueza de los pueblos", ha asegurado Al Bashir en un breve discurso televisado. El mandatario ha agregado que responderá a la decisión de la CPI con "más esfuerzos para alcanzar la paz".
Al Bashir, vestido de civil y mostrando una gran serenidad, ha sacado a relucir el conflicto en Oriente Próximo, mientras la comunidad internacional le acusa de delitos que se cobraron la vida de más de 300.000 personas."Aquellos que atacan Gaza con todo tipo de armas son los que deben ser llevados ante la justicia, no nosotros", ha dicho.
El presidente sudanés ha subrayado que la orden del tribunal internacional, con sede en La Haya, no se había dictado sólo contra él, sino contra "todos los estados que rechazan la política de dictados" de los países occidentales. "Sudán, que rechazó todo tipo de humillación y que resistió al colonialismo, no puede aceptar el regreso de ese colonialismo otra vez", ha declarado solemnemente. Omar al Bashir se hizo con el poder en 1989 mediante un golpe militar que provocó el estallido de la guerra civil entre el norte musulmán y el sur cristiano y animista. Desde entonces gobierna con puño de hierro en una región dividida en facciones rebeldes y que no ha dejado de sangrar por las disputas de los recursos.
El conflicto de Darfur, región del oeste de Sudán y fronteriza con Chad, estalló en febrero de 2003 cuando dos grupos rebeldes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI) y el Movimiento para la Liberación de Sudán (MLS), se levantaron en armas contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región. Según han denunciado diversas ONG y la ONU, el conflicto, que todavía sangra a los habitantes de la zona, causó la muerte de más de 300.000 personas y obligó a más de dos millones y medio de civiles a huir y permanecer en campos de refugiados por temor a las violaciones y el miedo.
Expulsión de ONG
Como respuesta al dictado de la CPI, al menos diez ONG se han visto obligadas a abandonar la zona. El Gobierno de Jartum asegura que no puede garantizar la seguridad de los cooperantes tras conocerse la decisión judicial, pero Oxfam y Save the Children, dos de las diez organizaciones humanitarias expulsadas de Sudán, han advertido de que esta acción pone en peligro cientos de miles de vidas.
"Si se revoca la licencia de Oxfam, se verán afectados más de 600.000 sudaneses a los que proveemos diariamente de ayuda humanitaria y al desarrollo vitales, incluida agua limpia", ha advertido Penny Lawrence, directora internacional de esa ONG. Por su parte, el director de operaciones internacionales de la sección británica de Save the Children, Ken Calwell, ha asegurado: "Esto tiene implicaciones muy preocupantes para los 50.000 niños a los que prestamos actualmente apoyo en Jartum y el noreste del país".
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