Por Emilio Menéndez del Valle, embajador de España y eurodiputado socialista (EL PAÍS, 24/08/08):
En 1991, a punto de dejar su mandato como secretario general de Naciones Unidas, el peruano Pérez de Cuéllar realizó una declaración contundente: “El derecho de injerencia, en contraposición a la interpretación rígida del principio de no intervención, se está abriendo camino”. Apenas un mes después, en la primera entrevista concedida, el nuevo secretario general, el egipcio Butros Gali, fue preguntado sobre si la ONU debe favorecer la extensión de la democracia en el mundo. Gali respondió: “Igual que se ofrece asistencia técnica para construir hospitales, debe existir una en favor de la democracia. Sin embargo, esta ayuda debe evitar toda injerencia en los asuntos internos”.
Uno y otro tenían en cuenta el mismo artículo 2 (7) de la Carta: “Ninguna disposición autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados (…), pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo VII”. En dicho capítulo se persigue un equilibrio entre el respeto a la soberanía estatal y la intervención colectiva internacional que busca promover “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos”.
Después se fue abriendo paso el debate sobre el derecho (¿deber?) de injerencia o el derecho (¿deber?) de intervención humanitaria. Hoy en día se discute sobre la “responsabilidad de proteger” y el principio de la jurisdicción universal, invocada ésta por el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Moreno Ocampo, al encausar por genocidio y crímenes de guerra al presidente de Sudán, Al Bashir.
El principio básico consiste en que los Estados soberanos tienen la responsabilidad de proteger a sus propios ciudadanos (algo que no ocurre en Sudán y, en menor medida, en Zimbabue). Como consecuencia de ello, cuando un Estado no quiere o no puede protegerlos de flagrantes violaciones de derechos humanos, la responsabilidad es asumida por la comunidad internacional.
Los Estados africanos (y casi todos los demás) son opuestos a la cesión o matización de la soberanía. Nada extraño. Los Estados de la Unión Europea han tardado décadas en acordar una renuncia parcial a la misma. No obstante, destacados ciudadanos (¿o súbditos?) africanos han comenzado a clamar contra la soberanía estrictamente considerada. Morgan Tsvangirai, líder de la oposición democrática en Zimbabue, harto del déspota Mugabe, persigue “derribar las barreras de la soberanía estatal”.
Si bien la inmensa mayoría de los Estados africanos y su organización colectiva, la Unión Africana (UA), siguen aferrados a la no intervención estricta, últimamente se ha producido una interesante evolución. Podríamos decir que África (o parte de ella) ha pasado de la “no injerencia” a la “no indiferencia”, porque determinadas barbaridades han removido conciencias. Un ejemplo señero es Somalia. La UA acaba de solicitar (9-7-2008) que “el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopte medidas contra todos aquellos que persiguen poner en peligro el proceso político en curso en Somalia y la estabilidad de la región”. Otro ejemplo es Zimbabue. En junio -ahítos de la ineficaz, tendenciosa y condescendiente “diplomacia silenciosa” del presidente surafricano hacia Mugabe-, Zambia, Botsuana, Nigeria y Ghana, entre otros, se mostraron especialmente críticos.
Hay, pues, en África (o había hasta el procesamiento del presidente sudanés) un relativo avance positivo, aún insuficiente, en relación con la concepción estricta de la soberanía. El procesamiento que promueve el TPI ¿va a suponer que África se quede, por ahora, en la “no indiferencia” e incluso retorne abruptamente a la “no injerencia”?
Hay que impulsar las capacidades de los africanos de actuar y asumir sus propias responsabilidades, partiendo de la base de que quienes mejor entienden los conflictos son quienes habitan ese continente, que, por cierto, siempre ha gozado de mecanismos tradicionales para mitigarlos. No cabe duda de que en intervenciones mantenedoras o defensoras de la paz, tropas africanas bien entrenadas y responsabilizadas tendrían la ventaja de conocer el entorno y participar de similar cultura. Cuando pase la tempestad del caso Bashir, un entendimiento, con mecanismos y supervisión adecuados, se hará imprescindible entre Occidente y la hoy agitada África. La fuerza conjunta (UA/ONU) apenas desplegada en Darfur es un posible modelo para la futura cooperación entre la ONU, las instituciones regionales y las internacionales.
Por otra parte, hay que entender que -aun después de la tormenta- África siga siendo hostil a la responsabilidad de proteger mientras no sea corresponsabilizada en la elaboración de la teoría y en la ejecución de la práctica. Es defendible que toda normativa -incluso la de la soberanía estatal- tiene sus excepciones, pero para los integrantes más débiles del sistema (los africanos) puede resultar más desfavorable no tener voz en la calificación de lo que es excepcional que no haber participado en la redacción de las normas. Hay que incorporar África al sistema.
En 1991, a punto de dejar su mandato como secretario general de Naciones Unidas, el peruano Pérez de Cuéllar realizó una declaración contundente: “El derecho de injerencia, en contraposición a la interpretación rígida del principio de no intervención, se está abriendo camino”. Apenas un mes después, en la primera entrevista concedida, el nuevo secretario general, el egipcio Butros Gali, fue preguntado sobre si la ONU debe favorecer la extensión de la democracia en el mundo. Gali respondió: “Igual que se ofrece asistencia técnica para construir hospitales, debe existir una en favor de la democracia. Sin embargo, esta ayuda debe evitar toda injerencia en los asuntos internos”.
Uno y otro tenían en cuenta el mismo artículo 2 (7) de la Carta: “Ninguna disposición autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados (…), pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo VII”. En dicho capítulo se persigue un equilibrio entre el respeto a la soberanía estatal y la intervención colectiva internacional que busca promover “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos”.
Después se fue abriendo paso el debate sobre el derecho (¿deber?) de injerencia o el derecho (¿deber?) de intervención humanitaria. Hoy en día se discute sobre la “responsabilidad de proteger” y el principio de la jurisdicción universal, invocada ésta por el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Moreno Ocampo, al encausar por genocidio y crímenes de guerra al presidente de Sudán, Al Bashir.
El principio básico consiste en que los Estados soberanos tienen la responsabilidad de proteger a sus propios ciudadanos (algo que no ocurre en Sudán y, en menor medida, en Zimbabue). Como consecuencia de ello, cuando un Estado no quiere o no puede protegerlos de flagrantes violaciones de derechos humanos, la responsabilidad es asumida por la comunidad internacional.
Los Estados africanos (y casi todos los demás) son opuestos a la cesión o matización de la soberanía. Nada extraño. Los Estados de la Unión Europea han tardado décadas en acordar una renuncia parcial a la misma. No obstante, destacados ciudadanos (¿o súbditos?) africanos han comenzado a clamar contra la soberanía estrictamente considerada. Morgan Tsvangirai, líder de la oposición democrática en Zimbabue, harto del déspota Mugabe, persigue “derribar las barreras de la soberanía estatal”.
Si bien la inmensa mayoría de los Estados africanos y su organización colectiva, la Unión Africana (UA), siguen aferrados a la no intervención estricta, últimamente se ha producido una interesante evolución. Podríamos decir que África (o parte de ella) ha pasado de la “no injerencia” a la “no indiferencia”, porque determinadas barbaridades han removido conciencias. Un ejemplo señero es Somalia. La UA acaba de solicitar (9-7-2008) que “el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopte medidas contra todos aquellos que persiguen poner en peligro el proceso político en curso en Somalia y la estabilidad de la región”. Otro ejemplo es Zimbabue. En junio -ahítos de la ineficaz, tendenciosa y condescendiente “diplomacia silenciosa” del presidente surafricano hacia Mugabe-, Zambia, Botsuana, Nigeria y Ghana, entre otros, se mostraron especialmente críticos.
Hay, pues, en África (o había hasta el procesamiento del presidente sudanés) un relativo avance positivo, aún insuficiente, en relación con la concepción estricta de la soberanía. El procesamiento que promueve el TPI ¿va a suponer que África se quede, por ahora, en la “no indiferencia” e incluso retorne abruptamente a la “no injerencia”?
Hay que impulsar las capacidades de los africanos de actuar y asumir sus propias responsabilidades, partiendo de la base de que quienes mejor entienden los conflictos son quienes habitan ese continente, que, por cierto, siempre ha gozado de mecanismos tradicionales para mitigarlos. No cabe duda de que en intervenciones mantenedoras o defensoras de la paz, tropas africanas bien entrenadas y responsabilizadas tendrían la ventaja de conocer el entorno y participar de similar cultura. Cuando pase la tempestad del caso Bashir, un entendimiento, con mecanismos y supervisión adecuados, se hará imprescindible entre Occidente y la hoy agitada África. La fuerza conjunta (UA/ONU) apenas desplegada en Darfur es un posible modelo para la futura cooperación entre la ONU, las instituciones regionales y las internacionales.
Por otra parte, hay que entender que -aun después de la tormenta- África siga siendo hostil a la responsabilidad de proteger mientras no sea corresponsabilizada en la elaboración de la teoría y en la ejecución de la práctica. Es defendible que toda normativa -incluso la de la soberanía estatal- tiene sus excepciones, pero para los integrantes más débiles del sistema (los africanos) puede resultar más desfavorable no tener voz en la calificación de lo que es excepcional que no haber participado en la redacción de las normas. Hay que incorporar África al sistema.
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