Por Raquel Ojeda García, profesora titular en Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Jaén. Experta en el Magreb y en gestión pública local (REAL INSTITUTO ELCANO, 26/08/08):
Tema: El proceso de democratización abierto en Mauritania tras el golpe de Estado de agosto de 2005 representó un cambio sustancial con respecto al régimen del anterior presidente Uld Taya. La valoración positiva de ese período de transición comenzó a quedar en entredicho tras la remodelación gubernamental de mayo de 2008. El golpe de Estado militar, perpetrado el 6 de agosto de 2008, plantea un escenario político en el que se pone fin a la vía democrática iniciada en 2007. El nomadismo político y la vertebración de los intereses a través de las tribus son algunas de las características que persisten en la vida política de Mauritania.
Resumen: En este ARI se analizan los principales cambios acontecidos en Mauritania desde el golpe de Estado de agosto de 2005, incluidas las implicaciones internas de las remodelaciones gubernamentales de mayo y junio de 2008. Asimismo, se estudian las causas del golpe de Estado del 6 de agosto de 2008, así como las primeras reacciones nacionales e internacionales. El período abierto tras el incruento golpe de Estado de 2005 supuso una transformación con respecto al régimen político instaurado por el anterior presidente, Maauiya Sid Ahmed Uld Taya. La victoria de Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas en marzo de 2007, y el nombramiento del tercer candidato más votado, Zein Ould Zeidán, como primer ministro crearon muchas expectativas entre la población. Sin embargo, sólo había transcurrido poco más de un año cuando Ould Zeidán presentó su dimisión el 6 de mayo de 2008. El período de inestabilidad política parece haberse cerrado con el golpe de Estado del 6 de agosto de 2008, y con él se han desvanecido las esperanzas de consolidar un régimen democrático en Mauritania.
Análisis: El golpe de Estado del 3 de agosto de 2005 se inscribió en la lógica política de Mauritania. Los jefes de Estado han emergido tradicionalmente entre los militares a través del uso de la fuerza desde 1978, fecha en la que se expulsó del poder a Moktar Ould Daddah, el primer jefe de Estado tras la independencia de Mauritania en 1961. El propio Maauiya Sid Ahmed Uld Taya llegó al poder en 1984 a través de un golpe de Estado. En 2003, antes de la convocatoria de unas elecciones presidenciales, se produjo otro intento. Sin embargo, en la actuación del 3 de agosto de 2005, dos militares próximos a Uld Taya: el comandante del batallón de la seguridad presidencial, el coronel Mohamed Ould Abdelaziz, y el director de la seguridad nacional, Ely Ould Mohamed Vall, se hicieron con el poder mientras Uld Taya asistía en Arabia Saudí a los funerales del rey Fahd. En esa ocasión se rompió con la trayectoria golpista mauritana porque se trató de una actuación bien organizada e incruenta, y porque encontró una reacción favorable por parte de la población y de las fuerzas de la oposición.
El Consejo Militar para la Justicia y la Democracia (CMJD) fue el órgano militar constituido para la dirección del país mientras se llevaba a cabo la transición para instaurar unas estructuras de representación y gobierno democráticamente elegidas. Las principales claves del éxito temporal del período de transición fueron la celebración de un referéndum constitucional y de elecciones generales, municipales y presidenciales en un tiempo récord y bajo los principios teóricos de unas elecciones libres y competitivas.
Las reacciones de las grandes potencias y de los organismos internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana, la Liga de Estados Árabes y la Organización Internacional de la Francofonía ante el golpe de 2005 fueron de condena. Algunas de ellas incluso amenazaron con la exclusión de Mauritania como Estado miembro. Sin embargo, el transcurso del tiempo puso de manifiesto la voluntad de respeto y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el CMJD. De esta manera los militares de la junta lograron obtener el apoyo y la financiación para llevar a cabo las distintas convocatorias electorales.
La evolución del sistema político tras el golpe de Estado de 2005 y durante el período de transición
El referéndum constitucional de junio de 2006 dio el pistoletazo de salida a una transformación institucional y normativa. Sin embargo, las modificaciones propuestas no supusieron un cuestionamiento en profundidad de la Constitución, pues la reforma de 2006 no se alejó del texto constitucional de 1991 promovido por Uld Taya. Los principales cambios de la reforma de 2006 estaban orientados de forma especial a permitir la alternancia política, con la reducción del mandato presidencial de 6 a 5 años y con una sola reelección, así como la modificación del controvertido artículo 104, que permitía la pervivencia de normas preconstitucionales con el fin de mantener normas opresivas e inconstitucionales. Su modificación en la reforma constitucional de 2006 permitía la adaptación de leyes y reglamentos anteriores a los nuevos derechos y libertades consagrados en la Constitución. El 96% de los votos emitidos en dicho referéndum fueron favorables a la reforma y el índice de participación alcanzó el 76%.
Durante el período de transición se crearon distintos organismos como el Comité Interministerial encargado de la Transición, cuya misión era supervisar, impulsar, programar y seguir el proceso para la instauración de un sistema democrático bajo el marco del consenso y la concertación; la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI); la Alta Autoridad para la Prensa y el Audiovisual (HAPA, en sus siglas en francés) y el Observatorio Nacional de las Elecciones (ONE). Asimismo, se realizó un censo administrativo para garantizar el derecho de todos los ciudadanos mauritanos al voto. Se volvió a revisar esta lista electoral para la celebración de las elecciones generales y, posteriormente, las presidenciales, de forma que ningún elector quedara excluido del escrutinio. Estos avances, junto con el compromiso por parte de los militares del CMJD y los miembros del Gobierno nombrados por éstos de no presentarse a las elecciones, ponían de manifiesto la voluntad de la junta militar en el poder de iniciar un proceso de cambio.
Después del referéndum constitucional, se convocaron las elecciones generales y municipales en noviembre y diciembre de 2006, respectivamente. Los índices de participación, aunque fueron algo menores que en el referéndum, rondaron el 70%. El número de partidos políticos legalizados que se presentaron ascendió a 25, además de la presencia de 600 candidatos independientes. Ambos procesos electorales fueron ejemplares y estuvieron exentos de irregularidades. En ellos se respetaron los principios de transparencia, limpieza y libertad, y fueron avalados por la observación electoral internacional y nacional.
En las elecciones generales, celebradas en dos rondas los días 16 y 26 de noviembre, 41 candidatos independientes obtuvieron escaños y decidieron reagruparse en un único partido: la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI). La RNI se convirtió en el gran apoyo a Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y tras su victoria. Este grupo mayoritario es un elemento clave para entender la crisis gubernamental producida en mayo de 2008, y agravada a finales de junio con la presentación de una moción de censura tras el nombramiento de Yahya Ould El Waghef, jefe del partido Pacto Nacional para el Desarrollo y la Democracia (PNDD–ADIL), como primer ministro. Este partido es la nueva formación que reagrupa a los diputados independientes y a los que apoyaron a Ould Cheikh Abdellahi en la segunda vuelta de las presidenciales.
Los partidos de la antigua oposición al régimen de Uld Taya habían constituido el 25 de mayo de 2006 –antes de las elecciones– la Coalición de Fuerzas por el Cambio Democrático (CFCD), cuyo objetivo era evitar que los grupos políticos herederos inmediatos del régimen de Uld Taya alcanzaran el poder. Para frenar esta coalición se constituyó el 8 de enero de 2007 otra precisamente con los partidos pertenecientes a la órbita de los detentadores del poder del anterior régimen, el Partido Republicano Democrático y Social (PRDS) y los afines a Uld Taya. Esta segunda coalición se denominó Mithaq, que significa pacto o convención. Según los resultados de las elecciones generales, los partidos pertenecientes a la CFCD consiguieron 35 escaños mientras que los partidos del Mithaq e independientes lograron aglutinar 60 escaños (en este bloque se han incluido los 5 escaños de la Alianza Popular Progresista (APP), cuyo líder, Ould Boulkheir, rompió con la CFCD y no prestó su apoyo a Ahmed Ould Daddah, de la Reagrupación de Fuerzas Democráticas (RFD), durante la segunda vuelta de las presidenciales. Este giro en su posicionamiento político le sirvió para ser nombrado presidente de la Asamblea Nacional.
La celebración de los distintos procesos electorales permitió la constitución de unos poderes (legislativo y ejecutivo) según los principios de la democracia representativa, mediante una transición de un régimen autoritario con un sistema de partidos caracterizado por la omnipresencia del partido hegemónico (el PRDS), a otro en donde se abrió la participación a las distintas fuerzas políticas, incluidos los partidos de la oposición. Todo ello sin contar con un contexto económico favorable ni un apoyo internacional explícito, puesto que Uld Taya había logrado el apoyo de Estados Unidos tras los atentados del 11–S al colocar a Mauritania como un país “amigo” en la política exterior estadounidense y como una pieza fundamental en su “guerra contra el terror”.
El cuestionamiento de la transición democrática tras las remodelaciones gubernamentales de mayo y junio de 2008
El éxito temporal del proceso de transición chocó con la incapacidad por parte del Gobierno de gestionar las grandes cuestiones pendientes en Mauritania. La situación económica y social del país no podía cambiar radicalmente en el transcurso de poco más de un año (de agosto de 2005 a abril de 2007, momento en el que se produjo el traspaso de poderes de los militares a las autoridades civiles recién elegidas). Se habían creado muchas expectativas por las posibilidades económicas y de financiación que se abrían gracias al descubrimiento de yacimientos petrolíferos en Mauritania, aunque no se sostuvieron durante mucho tiempo. Ni la capacidad de producción ni de explotación son tan elevadas como se pensó en un primer momento. Por ello, las asignaturas pendientes de carácter económico y social no se han podido resolver con la llegada de los ingresos por la explotación de los yacimientos.
La gestión de dossieres tan complicados como el de la seguridad alimentaria, agravado con la subida de precios de los bienes de primera necesidad y el imparable aumento del precio del barril de petróleo a nivel internacional, ha debilitado al ejecutivo mauritano. Por otra parte, persisten los desequilibrios sociales y las secuelas de la dominación extrema, incluidas las permanentes denuncias de la existencia de situaciones de esclavitud. La integración social y la convivencia entre las distintas comunidades étnicas, así como la gestión del retorno de los expulsados en 1989, es otra de las cuestiones más delicadas de solucionar. El llamado problema del passif humanitaire consiste en la articulación del retorno e integración de los refugiados negro–mauritanos (peul y toucouleur en su mayoría) que vivían en el exilio de Senegal a raíz de la represión del ejército mauritano (dominado por la etnia bidán, o tribus moras) contra esas comunidades entre 1989 y 1991. La mayor dificultad consiste en garantizar el pleno reconocimiento de los derechos políticos y económicos de los recién retornados. El jefe del Estado depuesto el 6 de agosto de 2008, Ould Cheikh Abdallahi, había prometido resolver esta cuestión, aunque sólo se ha permitido el retorno de dos grupos muy reducidos de negro–mauritanos, que están instalados en una especie de campos de refugiados, sin que existan los mecanismos legales e institucionales para su plena integración y, sobre todo, la devolución de sus bienes o tierras.
La seguridad también se presentó como problema para el Gobierno de Zein Ould Zeidán, el primer ministro nombrado en abril de 2007 (Ould Zeidán fue el tercer candidato más votado en las elecciones presidenciales, con un perfil más próximo al de un tecnócrata que al de un líder de un partido). El asesinato de cuatro turistas franceses en diciembre de 2007, la suspensión del rally Lisboa–Dakar y la bomba que estalló en una discoteca en Nuakchot, cercana a la embajada de Israel a principios de 2008, transmitieron la imagen de Mauritania como un país inseguro e incapaz de controlar sus fronteras de una forma eficaz.
El Programa Especial de Intervención del Banco Mundial no escapó tampoco a las críticas. Los posibles destinatarios de sus ayudas veían cómo una gestión caótica alejaba la posibilidad de mejorar la producción agrícola, controlar los precios y asegurar el abastecimiento. La prensa escrita no dejaba de denunciar situaciones de corrupción política y la población, en general, no podía soportar el aumento imparable de los precios, mientras el Gobierno se mostraba incapaz de dar respuesta a las necesidades más acuciantes. Este grave déficit de la llamada “legitimidad por rendimientos” de los poderes públicos generó un contexto propicio para la primera remodelación gubernamental el 11 de mayo de 2008.
Zein Ould Zeidán, presionado por el jefe del Estado, presentó su dimisión el 6 de mayo de 2008, tras poco más de un año desde su nombramiento como primer ministro. Ould Cheikh Abdellahi nombró como sustituto a Yahya Ould El Waghef, jefe del partido Pacto Nacional para el Desarrollo y la Democracia (PNDD–ADIL, mayoritario en el Parlamento). Las principales críticas a este nuevo Gobierno se centraron en torno a varios ejes. Por un lado, a pesar de los intentos por parte del primer ministro de negociar y de abrir la formación del Gobierno a todas las fuerzas políticas, los partidos que se mantuvieron fuera de esta oferta, así como la prensa, afirmaron que esta estrategia no respondió a un intento sincero de conformación de un Gobierno de conciliación o de unidad nacional, pues la oferta hecha desde el poder no era de negociación. El programa del jefe del Estado no se podía cuestionar ni negociar y la respuesta de los líderes consultados para formar parte del Gobierno debía ser prácticamente inmediata. Eso no fue obstáculo para que dos de los partidos de la oposición que habían formado parte de la CFCD, la Unión de Fuerzas del Progreso (UFP) y Tawassoul, aceptaran carteras ministeriales en el Gobierno formado en mayo de 2008. La actitud del partido Tawassoul sorprendió a varios analistas políticos. Durante el Gobierno de Ould Zeidán, este partido había manifestado su firme oposición al mantenimiento de relaciones diplomáticas de Mauritania con Israel. Sin embargo, aceptó formar parte del Gobierno de Yahya Ould El Waghef en mayo de 2008, aunque éste no rompiera las relaciones con Israel.
Por otro lado, el primer Gobierno nombrado por Yahya Ould El Waghef el 11 de mayo de 2008 recibió duras críticas por la entrada de ministros próximos al antiguo PRDS y al anterior presidente Uld Taya. Para la prensa escrita mauritana y los partidos de la oposición como la RFD, el hecho de recuperar a destacadas figuras de los gobiernos de Uld Taya por parte del nuevo primer ministro puso en duda el camino iniciado hacia la democratización de las instituciones y de la vida política mauritana, pues dejaba en entredicho las promesas de cambio de Ould Cheikh Abdallahi. El hecho de recurrir a ministros próximos a Uld Taya significaba, por un lado, que no se había conseguido desterrar a la clase política que contribuyó al mantenimiento del régimen dictatorial de Uld Taya, Por otro lado, se ponía de manifiesto que los recursos de poder no se ciñen sólo a las estructuras formales del Estado, sino que forman parte de los equilibrios tribales y de sus relaciones clientelares que determinan, en definitiva, las reglas del juego político.
La figura del jefe del Estado no había sido cuestionada hasta que el líder de la RFD, Ould Daddah, salió en la televisión Al Yazira para criticar principalmente al Gobierno y al primer ministro, a quien reprochó su incapacidad para gobernar y gestionar el país, y también al presidente de la República. Pero lo que más sorprendía de la precipitación de acontecimientos en la vida política mauritana no era el enrarecimiento del debate político entre el principal partido de la oposición y el Gobierno, sino la permanente amenaza por parte del partido mayoritario, el PNDD–ADIL, de su fraccionamiento. Sobre todo, pesaba la amenaza de la presentación de una moción de censura por los disidentes del partido mayoritario. Al final, la dimisión de algunos diputados del partido PNDD–ADIL tuvo como resultado la presentación de una moción de censura al gobierno de Yahya Ould El Waghef el 30 de junio de 2008, firmada por 39 diputados. Según fuentes periodísticas, esta actuación habría estado alentada por algunos militares profundamente descontentos con la gestión del presidente (a quien también apoyaron desde la sombra en su candidatura presidencial) y, especialmente, con la destitución de Ould Zeidán sin contar con ellos. Según esa teoría, tras la ruptura del partido mayoritario estaría la estrategia de algunos de los militares que participaron en el golpe de Estado de 2005 que no terminaban de ver su proyecto puesto en marcha. Entre tanta confusión, lo único que parece evidente es que los militares siguen presentes en la escena política y que la situación económica y las inercias en la estructuración social y en la articulación política de los intereses en términos tribales y clientelares no facilita la tarea de ningún ejecutivo.
Como resultado de la incertidumbre política, Yahya Ould El Waghef presentó su dimisión el 3 de julio de 2008 tras la presentación de una moción de censura. El día 15 se nombró otro Gobierno, encabezado por El Waghef, en el que se intentaron mantener los equilibrios regionales e incluyó a aquellos partidos que mostraban un apoyo claro a Ould Cheikh Abdellahi. En ese nuevo Gobierno se mantuvo o nombró a personas que ocuparon puestos de segunda fila durante el régimen de Uld Taya. Por otro lado, se criticó el hecho de que los nuevos ministros (10 sobre un total de 30) eran personas sin experiencia política y desconocidos para la opinión pública.
El desenlace final: el golpe de Estado del 6 de agosto de 2008
Todas las remodelaciones gubernamentales que se sucedieron de poco sirvieron ante el movimiento de los militares Mohamed Ould Abdelaziz y Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed (conocido como Ghazouani). Estos protagonizaron un golpe de Estado el 6 de agosto de 2008.
El detonante de esta reacción por parte de los militares fue el decreto del presidente Ould Cheikh Abdellahi, hecho público el mismo día 6 de agosto, en el que se destituía a los generales Mohamed Ould Abdelaziz (jefe de la Guardia Presidencial), Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed y Félix Negri. Estos dos primeros habían formado parte de CMJD, tras el golpe de Estado de 2005 y, además, habían apoyado, entre bambalinas, al candidato independiente Ould Cheikh Abdellahi en las elecciones presidenciales. El grave pecado del presidente fue intentar deshacerse de la omnipresencia de éstos en el campo político.
Los golpistas constituyeron un Alto Consejo de Estado, formado por 11 militares y afirmaron la pretensión de organizar nuevas elecciones, en breve, sin concretar fechas. El propio Abdelaziz, quien encabeza el Alto Consejo de Estado, afirmó que no se trataba de un golpe de Estado, sino que es una actuación para “redirigir” la situación del país. Las contradicciones de los golpistas han sido numerosas. Por un lado, los militares han prometido no disolver el Parlamento y respetar el estado de derecho, las libertades de los ciudadanos y las instituciones democráticas existentes. Por otro, han retenido al presidente de la República, al primer ministro y al ministro del Interior. Estos dos últimos fueron liberados el 11 de agosto de 2008, aunque el primero de ellos fue detenido de nuevo unos días más tarde. Las primeras medidas que tomaron los golpistas, tras hacerse con el control del palacio presidencial, la televisión, la radio y el aeropuerto de Nuakchot, fueron derogar el decreto presidencial que los había relevado de sus puestos y la destitución de los responsables de la televisión y la radio.
Las principales reacciones internacionales fueron de condena. La Unión Africana fue la primera en tomar una decisión firme y la primera en suspender la ayuda a Mauritania. Estados Unidos decidió cancelar la ayuda a Mauritania y exigir la inmediata vuelta al orden constitucional y democrático anterior. Esa fue también la postura de la Unión Europea. Francia, que en un principio tuvo declaraciones menos contundentes y abogó por mantener la “estabilidad” del país sin hacer una condena expresa del golpe, decidió posteriormente la suspensión de la ayuda financiera que no afecte directamente a la ayuda alimentaria.
Las reacciones internas o nacionales que se han podido seguir a través de la prensa local han sido de distinto calado. Por un lado, el mismo día del golpe se reunió de forma espontánea un centenar de personas para defender y apoyar a Ould Cheikh Abdellahi, aunque el grupo fue rápidamente dispersado. Por otro lado, ha habido manifestaciones más numerosas y consentidas de apoyo a los golpistas. En general, la ciudadanía parece no haberse movilizado ni a favor ni en contra. Probablemente, los problemas cotidianos y la desafección política les han alejado de los movimientos y las maniobras de unos y otros, aunque las hagan en su nombre.
En cuanto a las formaciones políticas, el escenario ha quedado también dividido. Algunos de los parlamentarios que dimitieron del PNDD–ADIL y que estuvieron detrás de la presentación de la moción de censura y del hostigamiento institucional desde mayo de 2008 han apoyado claramente a los militares que se han hecho con los resortes del poder. La posición del RFD y de su líder Ould Daddah es quizá de las notas más llamativas. Sin apoyar claramente a los golpistas, sí ha justificado su actuación como consecuencia de la deriva del régimen bajo las manos de Ould Cheikh Abdellahi. Según Ould Daddah, éste no había sabido gestionar el país y lo estaba conduciendo a la ruina. En esta línea se inscriben cuatro partidos (RFD, AJD/MR, MDD y HATEM), los cuales, sin aplaudir abiertamente el golpe de Estado, dan por finalizado la época Abdellahi, y parecen prepararse para la negociación con los militares y establecer las condiciones para una nueva transición.
Una nueva coalición ha sido formada en apoyo al presidente Ould Cheikh Abdellahi, por el partido PNDD–ADIL, APP, Tawassoul, UFP y el Partido por la Libertad, la Igualdad y la Justicia (PLEJ). La coalición ha sido denominada Frente Nacional por la Defensa de la Democracia (FNDD). Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Messaoud Ould Boulkheir, realizó unas declaraciones en las que afirmaba que no reconocía más poder ejecutivo legítimo que el depositado en el presidente elegido democráticamente, Sidi Ould Cheikh Abdellahi.
Conclusiones: Si la crisis gubernamental desatada en mayo de 2008 abría muchas incertidumbres con respecto a la estabilidad del Gobierno y su continuidad, el posterior golpe de Estado parece haber disipado algunas de esas dudas. El golpe militar del 6 de agosto de 2008 ha truncado el proceso de transición hacia la democracia que había iniciado Mauritania tres años atrás. La situación de ingobernabilidad que vivía el país (económica, social y política) se ha agravado con el golpe de Estado, que no ha venido más que a generar más dificultades.
Las turbulencias políticas del verano de 2008 parecen demostrar que los cambios democráticos no se habían asentado en la cultura política de Mauritania, mucho más difícil y lenta de cambiar. La fuerte presencia de los militares en la vida política, el presidencialismo o la política del “gran hombre” en el que se centran todas las esperanzas y todos los poderes (avalado, además, por la Constitución), el nomadismo político y la vertebración de los intereses a través de las tribus son algunas de las características que persisten en la vida política de Mauritania y que no facilitan la tarea de ningún ejecutivo.
Tema: El proceso de democratización abierto en Mauritania tras el golpe de Estado de agosto de 2005 representó un cambio sustancial con respecto al régimen del anterior presidente Uld Taya. La valoración positiva de ese período de transición comenzó a quedar en entredicho tras la remodelación gubernamental de mayo de 2008. El golpe de Estado militar, perpetrado el 6 de agosto de 2008, plantea un escenario político en el que se pone fin a la vía democrática iniciada en 2007. El nomadismo político y la vertebración de los intereses a través de las tribus son algunas de las características que persisten en la vida política de Mauritania.
Resumen: En este ARI se analizan los principales cambios acontecidos en Mauritania desde el golpe de Estado de agosto de 2005, incluidas las implicaciones internas de las remodelaciones gubernamentales de mayo y junio de 2008. Asimismo, se estudian las causas del golpe de Estado del 6 de agosto de 2008, así como las primeras reacciones nacionales e internacionales. El período abierto tras el incruento golpe de Estado de 2005 supuso una transformación con respecto al régimen político instaurado por el anterior presidente, Maauiya Sid Ahmed Uld Taya. La victoria de Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas en marzo de 2007, y el nombramiento del tercer candidato más votado, Zein Ould Zeidán, como primer ministro crearon muchas expectativas entre la población. Sin embargo, sólo había transcurrido poco más de un año cuando Ould Zeidán presentó su dimisión el 6 de mayo de 2008. El período de inestabilidad política parece haberse cerrado con el golpe de Estado del 6 de agosto de 2008, y con él se han desvanecido las esperanzas de consolidar un régimen democrático en Mauritania.
Análisis: El golpe de Estado del 3 de agosto de 2005 se inscribió en la lógica política de Mauritania. Los jefes de Estado han emergido tradicionalmente entre los militares a través del uso de la fuerza desde 1978, fecha en la que se expulsó del poder a Moktar Ould Daddah, el primer jefe de Estado tras la independencia de Mauritania en 1961. El propio Maauiya Sid Ahmed Uld Taya llegó al poder en 1984 a través de un golpe de Estado. En 2003, antes de la convocatoria de unas elecciones presidenciales, se produjo otro intento. Sin embargo, en la actuación del 3 de agosto de 2005, dos militares próximos a Uld Taya: el comandante del batallón de la seguridad presidencial, el coronel Mohamed Ould Abdelaziz, y el director de la seguridad nacional, Ely Ould Mohamed Vall, se hicieron con el poder mientras Uld Taya asistía en Arabia Saudí a los funerales del rey Fahd. En esa ocasión se rompió con la trayectoria golpista mauritana porque se trató de una actuación bien organizada e incruenta, y porque encontró una reacción favorable por parte de la población y de las fuerzas de la oposición.
El Consejo Militar para la Justicia y la Democracia (CMJD) fue el órgano militar constituido para la dirección del país mientras se llevaba a cabo la transición para instaurar unas estructuras de representación y gobierno democráticamente elegidas. Las principales claves del éxito temporal del período de transición fueron la celebración de un referéndum constitucional y de elecciones generales, municipales y presidenciales en un tiempo récord y bajo los principios teóricos de unas elecciones libres y competitivas.
Las reacciones de las grandes potencias y de los organismos internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana, la Liga de Estados Árabes y la Organización Internacional de la Francofonía ante el golpe de 2005 fueron de condena. Algunas de ellas incluso amenazaron con la exclusión de Mauritania como Estado miembro. Sin embargo, el transcurso del tiempo puso de manifiesto la voluntad de respeto y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el CMJD. De esta manera los militares de la junta lograron obtener el apoyo y la financiación para llevar a cabo las distintas convocatorias electorales.
La evolución del sistema político tras el golpe de Estado de 2005 y durante el período de transición
El referéndum constitucional de junio de 2006 dio el pistoletazo de salida a una transformación institucional y normativa. Sin embargo, las modificaciones propuestas no supusieron un cuestionamiento en profundidad de la Constitución, pues la reforma de 2006 no se alejó del texto constitucional de 1991 promovido por Uld Taya. Los principales cambios de la reforma de 2006 estaban orientados de forma especial a permitir la alternancia política, con la reducción del mandato presidencial de 6 a 5 años y con una sola reelección, así como la modificación del controvertido artículo 104, que permitía la pervivencia de normas preconstitucionales con el fin de mantener normas opresivas e inconstitucionales. Su modificación en la reforma constitucional de 2006 permitía la adaptación de leyes y reglamentos anteriores a los nuevos derechos y libertades consagrados en la Constitución. El 96% de los votos emitidos en dicho referéndum fueron favorables a la reforma y el índice de participación alcanzó el 76%.
Durante el período de transición se crearon distintos organismos como el Comité Interministerial encargado de la Transición, cuya misión era supervisar, impulsar, programar y seguir el proceso para la instauración de un sistema democrático bajo el marco del consenso y la concertación; la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI); la Alta Autoridad para la Prensa y el Audiovisual (HAPA, en sus siglas en francés) y el Observatorio Nacional de las Elecciones (ONE). Asimismo, se realizó un censo administrativo para garantizar el derecho de todos los ciudadanos mauritanos al voto. Se volvió a revisar esta lista electoral para la celebración de las elecciones generales y, posteriormente, las presidenciales, de forma que ningún elector quedara excluido del escrutinio. Estos avances, junto con el compromiso por parte de los militares del CMJD y los miembros del Gobierno nombrados por éstos de no presentarse a las elecciones, ponían de manifiesto la voluntad de la junta militar en el poder de iniciar un proceso de cambio.
Después del referéndum constitucional, se convocaron las elecciones generales y municipales en noviembre y diciembre de 2006, respectivamente. Los índices de participación, aunque fueron algo menores que en el referéndum, rondaron el 70%. El número de partidos políticos legalizados que se presentaron ascendió a 25, además de la presencia de 600 candidatos independientes. Ambos procesos electorales fueron ejemplares y estuvieron exentos de irregularidades. En ellos se respetaron los principios de transparencia, limpieza y libertad, y fueron avalados por la observación electoral internacional y nacional.
En las elecciones generales, celebradas en dos rondas los días 16 y 26 de noviembre, 41 candidatos independientes obtuvieron escaños y decidieron reagruparse en un único partido: la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI). La RNI se convirtió en el gran apoyo a Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y tras su victoria. Este grupo mayoritario es un elemento clave para entender la crisis gubernamental producida en mayo de 2008, y agravada a finales de junio con la presentación de una moción de censura tras el nombramiento de Yahya Ould El Waghef, jefe del partido Pacto Nacional para el Desarrollo y la Democracia (PNDD–ADIL), como primer ministro. Este partido es la nueva formación que reagrupa a los diputados independientes y a los que apoyaron a Ould Cheikh Abdellahi en la segunda vuelta de las presidenciales.
Los partidos de la antigua oposición al régimen de Uld Taya habían constituido el 25 de mayo de 2006 –antes de las elecciones– la Coalición de Fuerzas por el Cambio Democrático (CFCD), cuyo objetivo era evitar que los grupos políticos herederos inmediatos del régimen de Uld Taya alcanzaran el poder. Para frenar esta coalición se constituyó el 8 de enero de 2007 otra precisamente con los partidos pertenecientes a la órbita de los detentadores del poder del anterior régimen, el Partido Republicano Democrático y Social (PRDS) y los afines a Uld Taya. Esta segunda coalición se denominó Mithaq, que significa pacto o convención. Según los resultados de las elecciones generales, los partidos pertenecientes a la CFCD consiguieron 35 escaños mientras que los partidos del Mithaq e independientes lograron aglutinar 60 escaños (en este bloque se han incluido los 5 escaños de la Alianza Popular Progresista (APP), cuyo líder, Ould Boulkheir, rompió con la CFCD y no prestó su apoyo a Ahmed Ould Daddah, de la Reagrupación de Fuerzas Democráticas (RFD), durante la segunda vuelta de las presidenciales. Este giro en su posicionamiento político le sirvió para ser nombrado presidente de la Asamblea Nacional.
La celebración de los distintos procesos electorales permitió la constitución de unos poderes (legislativo y ejecutivo) según los principios de la democracia representativa, mediante una transición de un régimen autoritario con un sistema de partidos caracterizado por la omnipresencia del partido hegemónico (el PRDS), a otro en donde se abrió la participación a las distintas fuerzas políticas, incluidos los partidos de la oposición. Todo ello sin contar con un contexto económico favorable ni un apoyo internacional explícito, puesto que Uld Taya había logrado el apoyo de Estados Unidos tras los atentados del 11–S al colocar a Mauritania como un país “amigo” en la política exterior estadounidense y como una pieza fundamental en su “guerra contra el terror”.
El cuestionamiento de la transición democrática tras las remodelaciones gubernamentales de mayo y junio de 2008
El éxito temporal del proceso de transición chocó con la incapacidad por parte del Gobierno de gestionar las grandes cuestiones pendientes en Mauritania. La situación económica y social del país no podía cambiar radicalmente en el transcurso de poco más de un año (de agosto de 2005 a abril de 2007, momento en el que se produjo el traspaso de poderes de los militares a las autoridades civiles recién elegidas). Se habían creado muchas expectativas por las posibilidades económicas y de financiación que se abrían gracias al descubrimiento de yacimientos petrolíferos en Mauritania, aunque no se sostuvieron durante mucho tiempo. Ni la capacidad de producción ni de explotación son tan elevadas como se pensó en un primer momento. Por ello, las asignaturas pendientes de carácter económico y social no se han podido resolver con la llegada de los ingresos por la explotación de los yacimientos.
La gestión de dossieres tan complicados como el de la seguridad alimentaria, agravado con la subida de precios de los bienes de primera necesidad y el imparable aumento del precio del barril de petróleo a nivel internacional, ha debilitado al ejecutivo mauritano. Por otra parte, persisten los desequilibrios sociales y las secuelas de la dominación extrema, incluidas las permanentes denuncias de la existencia de situaciones de esclavitud. La integración social y la convivencia entre las distintas comunidades étnicas, así como la gestión del retorno de los expulsados en 1989, es otra de las cuestiones más delicadas de solucionar. El llamado problema del passif humanitaire consiste en la articulación del retorno e integración de los refugiados negro–mauritanos (peul y toucouleur en su mayoría) que vivían en el exilio de Senegal a raíz de la represión del ejército mauritano (dominado por la etnia bidán, o tribus moras) contra esas comunidades entre 1989 y 1991. La mayor dificultad consiste en garantizar el pleno reconocimiento de los derechos políticos y económicos de los recién retornados. El jefe del Estado depuesto el 6 de agosto de 2008, Ould Cheikh Abdallahi, había prometido resolver esta cuestión, aunque sólo se ha permitido el retorno de dos grupos muy reducidos de negro–mauritanos, que están instalados en una especie de campos de refugiados, sin que existan los mecanismos legales e institucionales para su plena integración y, sobre todo, la devolución de sus bienes o tierras.
La seguridad también se presentó como problema para el Gobierno de Zein Ould Zeidán, el primer ministro nombrado en abril de 2007 (Ould Zeidán fue el tercer candidato más votado en las elecciones presidenciales, con un perfil más próximo al de un tecnócrata que al de un líder de un partido). El asesinato de cuatro turistas franceses en diciembre de 2007, la suspensión del rally Lisboa–Dakar y la bomba que estalló en una discoteca en Nuakchot, cercana a la embajada de Israel a principios de 2008, transmitieron la imagen de Mauritania como un país inseguro e incapaz de controlar sus fronteras de una forma eficaz.
El Programa Especial de Intervención del Banco Mundial no escapó tampoco a las críticas. Los posibles destinatarios de sus ayudas veían cómo una gestión caótica alejaba la posibilidad de mejorar la producción agrícola, controlar los precios y asegurar el abastecimiento. La prensa escrita no dejaba de denunciar situaciones de corrupción política y la población, en general, no podía soportar el aumento imparable de los precios, mientras el Gobierno se mostraba incapaz de dar respuesta a las necesidades más acuciantes. Este grave déficit de la llamada “legitimidad por rendimientos” de los poderes públicos generó un contexto propicio para la primera remodelación gubernamental el 11 de mayo de 2008.
Zein Ould Zeidán, presionado por el jefe del Estado, presentó su dimisión el 6 de mayo de 2008, tras poco más de un año desde su nombramiento como primer ministro. Ould Cheikh Abdellahi nombró como sustituto a Yahya Ould El Waghef, jefe del partido Pacto Nacional para el Desarrollo y la Democracia (PNDD–ADIL, mayoritario en el Parlamento). Las principales críticas a este nuevo Gobierno se centraron en torno a varios ejes. Por un lado, a pesar de los intentos por parte del primer ministro de negociar y de abrir la formación del Gobierno a todas las fuerzas políticas, los partidos que se mantuvieron fuera de esta oferta, así como la prensa, afirmaron que esta estrategia no respondió a un intento sincero de conformación de un Gobierno de conciliación o de unidad nacional, pues la oferta hecha desde el poder no era de negociación. El programa del jefe del Estado no se podía cuestionar ni negociar y la respuesta de los líderes consultados para formar parte del Gobierno debía ser prácticamente inmediata. Eso no fue obstáculo para que dos de los partidos de la oposición que habían formado parte de la CFCD, la Unión de Fuerzas del Progreso (UFP) y Tawassoul, aceptaran carteras ministeriales en el Gobierno formado en mayo de 2008. La actitud del partido Tawassoul sorprendió a varios analistas políticos. Durante el Gobierno de Ould Zeidán, este partido había manifestado su firme oposición al mantenimiento de relaciones diplomáticas de Mauritania con Israel. Sin embargo, aceptó formar parte del Gobierno de Yahya Ould El Waghef en mayo de 2008, aunque éste no rompiera las relaciones con Israel.
Por otro lado, el primer Gobierno nombrado por Yahya Ould El Waghef el 11 de mayo de 2008 recibió duras críticas por la entrada de ministros próximos al antiguo PRDS y al anterior presidente Uld Taya. Para la prensa escrita mauritana y los partidos de la oposición como la RFD, el hecho de recuperar a destacadas figuras de los gobiernos de Uld Taya por parte del nuevo primer ministro puso en duda el camino iniciado hacia la democratización de las instituciones y de la vida política mauritana, pues dejaba en entredicho las promesas de cambio de Ould Cheikh Abdallahi. El hecho de recurrir a ministros próximos a Uld Taya significaba, por un lado, que no se había conseguido desterrar a la clase política que contribuyó al mantenimiento del régimen dictatorial de Uld Taya, Por otro lado, se ponía de manifiesto que los recursos de poder no se ciñen sólo a las estructuras formales del Estado, sino que forman parte de los equilibrios tribales y de sus relaciones clientelares que determinan, en definitiva, las reglas del juego político.
La figura del jefe del Estado no había sido cuestionada hasta que el líder de la RFD, Ould Daddah, salió en la televisión Al Yazira para criticar principalmente al Gobierno y al primer ministro, a quien reprochó su incapacidad para gobernar y gestionar el país, y también al presidente de la República. Pero lo que más sorprendía de la precipitación de acontecimientos en la vida política mauritana no era el enrarecimiento del debate político entre el principal partido de la oposición y el Gobierno, sino la permanente amenaza por parte del partido mayoritario, el PNDD–ADIL, de su fraccionamiento. Sobre todo, pesaba la amenaza de la presentación de una moción de censura por los disidentes del partido mayoritario. Al final, la dimisión de algunos diputados del partido PNDD–ADIL tuvo como resultado la presentación de una moción de censura al gobierno de Yahya Ould El Waghef el 30 de junio de 2008, firmada por 39 diputados. Según fuentes periodísticas, esta actuación habría estado alentada por algunos militares profundamente descontentos con la gestión del presidente (a quien también apoyaron desde la sombra en su candidatura presidencial) y, especialmente, con la destitución de Ould Zeidán sin contar con ellos. Según esa teoría, tras la ruptura del partido mayoritario estaría la estrategia de algunos de los militares que participaron en el golpe de Estado de 2005 que no terminaban de ver su proyecto puesto en marcha. Entre tanta confusión, lo único que parece evidente es que los militares siguen presentes en la escena política y que la situación económica y las inercias en la estructuración social y en la articulación política de los intereses en términos tribales y clientelares no facilita la tarea de ningún ejecutivo.
Como resultado de la incertidumbre política, Yahya Ould El Waghef presentó su dimisión el 3 de julio de 2008 tras la presentación de una moción de censura. El día 15 se nombró otro Gobierno, encabezado por El Waghef, en el que se intentaron mantener los equilibrios regionales e incluyó a aquellos partidos que mostraban un apoyo claro a Ould Cheikh Abdellahi. En ese nuevo Gobierno se mantuvo o nombró a personas que ocuparon puestos de segunda fila durante el régimen de Uld Taya. Por otro lado, se criticó el hecho de que los nuevos ministros (10 sobre un total de 30) eran personas sin experiencia política y desconocidos para la opinión pública.
El desenlace final: el golpe de Estado del 6 de agosto de 2008
Todas las remodelaciones gubernamentales que se sucedieron de poco sirvieron ante el movimiento de los militares Mohamed Ould Abdelaziz y Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed (conocido como Ghazouani). Estos protagonizaron un golpe de Estado el 6 de agosto de 2008.
El detonante de esta reacción por parte de los militares fue el decreto del presidente Ould Cheikh Abdellahi, hecho público el mismo día 6 de agosto, en el que se destituía a los generales Mohamed Ould Abdelaziz (jefe de la Guardia Presidencial), Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed y Félix Negri. Estos dos primeros habían formado parte de CMJD, tras el golpe de Estado de 2005 y, además, habían apoyado, entre bambalinas, al candidato independiente Ould Cheikh Abdellahi en las elecciones presidenciales. El grave pecado del presidente fue intentar deshacerse de la omnipresencia de éstos en el campo político.
Los golpistas constituyeron un Alto Consejo de Estado, formado por 11 militares y afirmaron la pretensión de organizar nuevas elecciones, en breve, sin concretar fechas. El propio Abdelaziz, quien encabeza el Alto Consejo de Estado, afirmó que no se trataba de un golpe de Estado, sino que es una actuación para “redirigir” la situación del país. Las contradicciones de los golpistas han sido numerosas. Por un lado, los militares han prometido no disolver el Parlamento y respetar el estado de derecho, las libertades de los ciudadanos y las instituciones democráticas existentes. Por otro, han retenido al presidente de la República, al primer ministro y al ministro del Interior. Estos dos últimos fueron liberados el 11 de agosto de 2008, aunque el primero de ellos fue detenido de nuevo unos días más tarde. Las primeras medidas que tomaron los golpistas, tras hacerse con el control del palacio presidencial, la televisión, la radio y el aeropuerto de Nuakchot, fueron derogar el decreto presidencial que los había relevado de sus puestos y la destitución de los responsables de la televisión y la radio.
Las principales reacciones internacionales fueron de condena. La Unión Africana fue la primera en tomar una decisión firme y la primera en suspender la ayuda a Mauritania. Estados Unidos decidió cancelar la ayuda a Mauritania y exigir la inmediata vuelta al orden constitucional y democrático anterior. Esa fue también la postura de la Unión Europea. Francia, que en un principio tuvo declaraciones menos contundentes y abogó por mantener la “estabilidad” del país sin hacer una condena expresa del golpe, decidió posteriormente la suspensión de la ayuda financiera que no afecte directamente a la ayuda alimentaria.
Las reacciones internas o nacionales que se han podido seguir a través de la prensa local han sido de distinto calado. Por un lado, el mismo día del golpe se reunió de forma espontánea un centenar de personas para defender y apoyar a Ould Cheikh Abdellahi, aunque el grupo fue rápidamente dispersado. Por otro lado, ha habido manifestaciones más numerosas y consentidas de apoyo a los golpistas. En general, la ciudadanía parece no haberse movilizado ni a favor ni en contra. Probablemente, los problemas cotidianos y la desafección política les han alejado de los movimientos y las maniobras de unos y otros, aunque las hagan en su nombre.
En cuanto a las formaciones políticas, el escenario ha quedado también dividido. Algunos de los parlamentarios que dimitieron del PNDD–ADIL y que estuvieron detrás de la presentación de la moción de censura y del hostigamiento institucional desde mayo de 2008 han apoyado claramente a los militares que se han hecho con los resortes del poder. La posición del RFD y de su líder Ould Daddah es quizá de las notas más llamativas. Sin apoyar claramente a los golpistas, sí ha justificado su actuación como consecuencia de la deriva del régimen bajo las manos de Ould Cheikh Abdellahi. Según Ould Daddah, éste no había sabido gestionar el país y lo estaba conduciendo a la ruina. En esta línea se inscriben cuatro partidos (RFD, AJD/MR, MDD y HATEM), los cuales, sin aplaudir abiertamente el golpe de Estado, dan por finalizado la época Abdellahi, y parecen prepararse para la negociación con los militares y establecer las condiciones para una nueva transición.
Una nueva coalición ha sido formada en apoyo al presidente Ould Cheikh Abdellahi, por el partido PNDD–ADIL, APP, Tawassoul, UFP y el Partido por la Libertad, la Igualdad y la Justicia (PLEJ). La coalición ha sido denominada Frente Nacional por la Defensa de la Democracia (FNDD). Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Messaoud Ould Boulkheir, realizó unas declaraciones en las que afirmaba que no reconocía más poder ejecutivo legítimo que el depositado en el presidente elegido democráticamente, Sidi Ould Cheikh Abdellahi.
Conclusiones: Si la crisis gubernamental desatada en mayo de 2008 abría muchas incertidumbres con respecto a la estabilidad del Gobierno y su continuidad, el posterior golpe de Estado parece haber disipado algunas de esas dudas. El golpe militar del 6 de agosto de 2008 ha truncado el proceso de transición hacia la democracia que había iniciado Mauritania tres años atrás. La situación de ingobernabilidad que vivía el país (económica, social y política) se ha agravado con el golpe de Estado, que no ha venido más que a generar más dificultades.
Las turbulencias políticas del verano de 2008 parecen demostrar que los cambios democráticos no se habían asentado en la cultura política de Mauritania, mucho más difícil y lenta de cambiar. La fuerte presencia de los militares en la vida política, el presidencialismo o la política del “gran hombre” en el que se centran todas las esperanzas y todos los poderes (avalado, además, por la Constitución), el nomadismo político y la vertebración de los intereses a través de las tribus son algunas de las características que persisten en la vida política de Mauritania y que no facilitan la tarea de ningún ejecutivo.
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