Por Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra (EL PERIÓDICO, 21/08/08):
Los líderes europeos de los últimos años no han dejado de sorprenderse del lenguaje primario y elemental contenido en las frecuentes invocaciones que Bush hace a Dios, la fe y al juicio del cielo, para ilustrar sus singulares argumentos políticos. Hace unos días, los futuros candidatos a la presidencia de los Estados Unidos manifestaron ante un auditorio de 2.200 ciudadanos, miembros de una iglesia de Lake Forest (California), cosas como las siguientes: que su mayor fracaso moral fue no haber podido salvar su matrimonio (McCain) o cuando en su difícil juventud bebió alcohol y consumió drogas, lo cual lo atribuye a un cierto egoísmo que le hacía estar obsesionado consigo mismo y al margen de los demás (Obama).
Y, en relación a la existencia del mal y la actitud a tomar frente a él, el candidato demócrata sostuvo que como “individuos no borraremos el mal del mundo, es tarea de Dios”; mientras que el republicano contestó: “-Amigo, si soy presidente de Estados Unidos, perseguiré a Osama bin Laden hasta las puertas del infierno y lo atraparé”.
ESTAS Y OTRAS declaraciones relacionadas con sus convicciones morales y religiosas fueron realizadas en una entrevista que con cada uno de ellos y separadamente, realizó el pastor evangélico Rick Warren, un líder religioso autor de best sellers espirituales. Que ambos aceptaran someterse a este interrogatorio público dice mucho de la importancia del hecho religioso en EEUU, un país donde el discurso público es frecuente que recurra a argumentos de esta naturaleza. Un país cuya Constitución establece, sin embargo, una clara separación entre el Estado y la Iglesia y en el que el poder público no ha apoyado ni formal ni económicamente ninguna iglesia. En una sociedad muy plural en la que la diversidad de movimientos religiosos desde la independencia en 1776, alcanza una cifra superior al millar.
Se trata de una diversidad religiosa que a principios del siglo XXI se traduce, según el General Social Survey, en el 53,7% de protestantes (muy repartidos, pero con predominio de los baptistas, metodistas y luteranos); el 25% de católicos; el 7,2% de otras religiones (donde los judíos son el 2%) y el 14,1% restante sin religión. Aunque éste último porcentaje no es sinónimo de negación o indiferencia hacia el hecho religioso, porque según las mismas fuentes estadísticas, de cada 10 estadounidenses, siete afirman que “Dios existe de verdad y sin lugar a dudas”, mientras que solo uno puede identificarse con posiciones ateas o agnósticas. Razón por lo cual no parece funcional que en su discurso público y en su actividad privada un candidato a la presidencia se muestre distante frente a la religión.
Pero en la lógica liberal democrática de la que Estados Unidos no deja de ser un referente, la libertad religiosa es un derecho que concierne a la vida privada de la persona, cuyo ejercicio o su negación han de ser garantizados por el Estado y poco más. Y algo parecido ocurre con las convicciones morales. El escrutinio público sobre el comportamiento de los representantes del pueblo soberano empieza cuando el interés general entra en escena, no antes.
En este sentido, es absolutamente necesario para el debate público conocer qué piensa un candidato sobre el aborto, el matrimonio entre homosexuales o la investigación de células madre. Pero que se pronuncie sobre el fracaso moral que supuso para su vida un matrimonio fallido o haber consumido droga, es un tema que objetivamente trasciende más allá del círculo privado del candidato. Es irrelevante para el interés público, que habrá de gestionar si gana las elecciones. Como lo era también el manido asunto Clinton/Lewinsky en lo que concernía a la vida íntima del entonces presidente. No así cuando después este mintió ante la comisión del Congreso. La mentira del presidente sobre aspectos de su intimidad no era la de un anónimo, sino la del jefe del Estado, lo que hacía de interés público el proceso al que fue sometido.
A PESAR DE dar por sentada la importancia de la devoción religiosa en EEUU, desde la lógica liberal sorprende esta especie de confesión pública de ambos candidatos ante los fieles de una iglesia evangélica, sobre aspectos que habrían de formar parte de su ámbito privado inaccesible a los demás. Han consentido por un claro interés político dirigido a la búsqueda del voto de los cristianos conservadores. Pero lo cierto es que al margen de introducir, una vez más, el factor religioso en la lucha por el poder político, obviando la imprescindible laicidad en la gestión de lo público, y más allá de la considerable dosis de hipocresía puritana que expresan, no deja de sorprender que ambos candidatos hayan hecho dejación del derecho fundamental a la intimidad. Un derecho sobre el que en 1890 dos juristas norteamericanos S.Warren y L. Brandeis construyeron la doctrina del derecho a no ser molestado, salvo que razones de interés público puedan avalar una intromisión. Doctrina que ha servido de referente para perfilar la posterior jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la enmienda IV. Pero ni para Obama ni McCain parece que ello ha sido un elemento a tener en cuenta.
Los líderes europeos de los últimos años no han dejado de sorprenderse del lenguaje primario y elemental contenido en las frecuentes invocaciones que Bush hace a Dios, la fe y al juicio del cielo, para ilustrar sus singulares argumentos políticos. Hace unos días, los futuros candidatos a la presidencia de los Estados Unidos manifestaron ante un auditorio de 2.200 ciudadanos, miembros de una iglesia de Lake Forest (California), cosas como las siguientes: que su mayor fracaso moral fue no haber podido salvar su matrimonio (McCain) o cuando en su difícil juventud bebió alcohol y consumió drogas, lo cual lo atribuye a un cierto egoísmo que le hacía estar obsesionado consigo mismo y al margen de los demás (Obama).
Y, en relación a la existencia del mal y la actitud a tomar frente a él, el candidato demócrata sostuvo que como “individuos no borraremos el mal del mundo, es tarea de Dios”; mientras que el republicano contestó: “-Amigo, si soy presidente de Estados Unidos, perseguiré a Osama bin Laden hasta las puertas del infierno y lo atraparé”.
ESTAS Y OTRAS declaraciones relacionadas con sus convicciones morales y religiosas fueron realizadas en una entrevista que con cada uno de ellos y separadamente, realizó el pastor evangélico Rick Warren, un líder religioso autor de best sellers espirituales. Que ambos aceptaran someterse a este interrogatorio público dice mucho de la importancia del hecho religioso en EEUU, un país donde el discurso público es frecuente que recurra a argumentos de esta naturaleza. Un país cuya Constitución establece, sin embargo, una clara separación entre el Estado y la Iglesia y en el que el poder público no ha apoyado ni formal ni económicamente ninguna iglesia. En una sociedad muy plural en la que la diversidad de movimientos religiosos desde la independencia en 1776, alcanza una cifra superior al millar.
Se trata de una diversidad religiosa que a principios del siglo XXI se traduce, según el General Social Survey, en el 53,7% de protestantes (muy repartidos, pero con predominio de los baptistas, metodistas y luteranos); el 25% de católicos; el 7,2% de otras religiones (donde los judíos son el 2%) y el 14,1% restante sin religión. Aunque éste último porcentaje no es sinónimo de negación o indiferencia hacia el hecho religioso, porque según las mismas fuentes estadísticas, de cada 10 estadounidenses, siete afirman que “Dios existe de verdad y sin lugar a dudas”, mientras que solo uno puede identificarse con posiciones ateas o agnósticas. Razón por lo cual no parece funcional que en su discurso público y en su actividad privada un candidato a la presidencia se muestre distante frente a la religión.
Pero en la lógica liberal democrática de la que Estados Unidos no deja de ser un referente, la libertad religiosa es un derecho que concierne a la vida privada de la persona, cuyo ejercicio o su negación han de ser garantizados por el Estado y poco más. Y algo parecido ocurre con las convicciones morales. El escrutinio público sobre el comportamiento de los representantes del pueblo soberano empieza cuando el interés general entra en escena, no antes.
En este sentido, es absolutamente necesario para el debate público conocer qué piensa un candidato sobre el aborto, el matrimonio entre homosexuales o la investigación de células madre. Pero que se pronuncie sobre el fracaso moral que supuso para su vida un matrimonio fallido o haber consumido droga, es un tema que objetivamente trasciende más allá del círculo privado del candidato. Es irrelevante para el interés público, que habrá de gestionar si gana las elecciones. Como lo era también el manido asunto Clinton/Lewinsky en lo que concernía a la vida íntima del entonces presidente. No así cuando después este mintió ante la comisión del Congreso. La mentira del presidente sobre aspectos de su intimidad no era la de un anónimo, sino la del jefe del Estado, lo que hacía de interés público el proceso al que fue sometido.
A PESAR DE dar por sentada la importancia de la devoción religiosa en EEUU, desde la lógica liberal sorprende esta especie de confesión pública de ambos candidatos ante los fieles de una iglesia evangélica, sobre aspectos que habrían de formar parte de su ámbito privado inaccesible a los demás. Han consentido por un claro interés político dirigido a la búsqueda del voto de los cristianos conservadores. Pero lo cierto es que al margen de introducir, una vez más, el factor religioso en la lucha por el poder político, obviando la imprescindible laicidad en la gestión de lo público, y más allá de la considerable dosis de hipocresía puritana que expresan, no deja de sorprender que ambos candidatos hayan hecho dejación del derecho fundamental a la intimidad. Un derecho sobre el que en 1890 dos juristas norteamericanos S.Warren y L. Brandeis construyeron la doctrina del derecho a no ser molestado, salvo que razones de interés público puedan avalar una intromisión. Doctrina que ha servido de referente para perfilar la posterior jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la enmienda IV. Pero ni para Obama ni McCain parece que ello ha sido un elemento a tener en cuenta.
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