El Vaticano y la pedofilia

Por Paolo Flores d’Arcais, filósofo y editor de la revista Micromega. Traducción de Carlos Gumpert (EL PAÍS, 14/04/10):

No podemos seguir ocultándonos detrás de un dedo. La cobertura que se les ha facilitado durante décadas a miles de curas pedófilos, en casos no denunciados ante las autoridades judiciales, pone directamente en causa la responsabilidad de Joseph Ratzinger y de Karol Wojtyla. Si se trata de responsabilidad moral o también jurídica no tardarán en decidirlo algunos tribunales americanos. La responsabilidad moral queda en evidencia, en todo caso, por los propios documentos que L’Osservatore Romano (órgano de la Santa Sede) volvió a publicar hace unos días.

Nos referimos a la responsabilidad de los dos pontífices en todos los delitos de pedofilia eclesiástica que no han sido denunciados ante los tribunales estatales. El punto crucial es, efectivamente, éste: el Sumo Pontífice y el Cardenal Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe impusieron una obligación taxativa a todos los obispos, sacerdotes, personal auxiliar, etcétera, para que no llegara a las autoridades civiles nada de lo que tuviera que ver con casos de pedofilia eclesiástica.

La confesión tiene su origen en ellos mismos. L’Osservatore Romano ha vuelto a publicar el motu proprio de Juan Pablo II, que reservaba al “Tribunal Apostólico de la Congregación… los delitos contra la moral”, es decir “los delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo cometidos por clérigos con menores de edad inferior a los 18 años”, y la “Instrucción” ejecutiva de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con estas inderogables disposiciones: “Cada vez que el ordinario o el superior tuvieran noticia con cierta verosimilitud de un delito reservado, tras haber realizado una indagación preliminar, la señalarán a la Congregación para la Doctrina de la Fe”.

Todas las notitiae criminis, en definitiva, debían afluir a los vértices. Papa y Prefecto informados de todo (es más, siendo los únicos en saberlo todo) son, exclusivamente, quienes tienen la primera y última palabra acerca de los procedimientos que se han de seguir. La “pena” máxima (casi nunca infligida) no va más allá de la reducción al estado laico del sacerdote. Por lo general, el castigo se limita a trasladar al sacerdote de una parroquia a otra. Donde, obviamente, reiterará su delito. “Pena” exclusivamente canónica, en todo caso. No ha de efectuarse denuncia alguna ante las autoridades civiles: “Las causas de esta clase quedan sujetas al secreto pontificio”. ¿En qué consiste éste?

Hallamos la explicación en un documento vaticano de marzo de 1974, una “Instrucción” emanada por el entonces secretario de Estado, el cardenal Jean Villot, siguiendo la voluntad de Pablo VI. “En determinados asuntos de mayor importancia se requiere un particular secreto, que viene a ser llamado secreto pontificio y que ha de ser guardado con obligación grave… Quedan cubiertos por el secreto pontificio…”. Y se enumeran a continuación numerosísimos casos, entre ellos la pedofilia eclesiástica. Más interesante aún resulta la minuciosa lista de personas que “tienen obligación de guardar el secreto pontificio”: “Los cardenales, los obispos, los prelados superiores, los oficiales mayores y menores, los consultores, los expertos y el personal de rango inferior, los legados de la Santa Sede y sus subalternos”, etcétera.

En definitiva, de forma exhaustiva, todo el mundo. La “suciedad” debe quedar en los “sótanos del Vaticano”, inaccesible a la curiosidad excesivamente seglar de policías y jueces. La impunidad penal de los sacerdotes pedófilos queda garantizada. Es más, para alcanzar tal objetivo se exige un juramento de una solemnidad sobrecogedora. Reza la instrucción: “Aquellos que entren en posesión del secreto pontificio deberán prestar juramento con la siguiente fórmula: ‘Yo… en presencia de…, tocando con mi propia mano los sacrosantos evangelios de Dios, prometo guardar fielmente el secreto pontificio… de manera que en modo alguno, bajo ningún pretexto, sea por un bien mayor, sea por motivo urgentísimo y gravísimo, me sea lícito violar el mencionado secreto… Que Dios me ayude y me ayuden estos santos evangelios suyos que toco con mi propia mano”. Fórmula solemne y terrible, que nos exime de todo comentario.

Todas las Instrucciones mencionadas siguen aún en vigor. Frente a documentos ofíciales “expresivos” hasta tal extremo, provoca un notable desconcierto el que nadie exija explicaciones a las cúspides jerárquicas, el Papa y el Prefecto de la Congregación de la Fe, ante tanta evidente responsabilidad. Monseñor Bertone, en la época de la “Instrucción” de Ratzinger, obispo de Vercelli y secretario de la Congregación, en una entrevista de febrero de 2002 a la revista 30Giorni, al periodista que se hacía eco de las obvias preocupaciones de los ciudadanos diciéndole que “podría pensarse sin embargo que todo lo que se le dice fuera de la confesión no se acoge al secreto profesional de un sacerdote…”, le contestaba desabridamente: “Si un fiel no tiene ya ni siquiera la posibilidad de confiarse libremente, fuera de la confesión, con un sacerdote… si un sacerdote no puede hacer lo mismo con su obispo porque tiene miedo de ser denunciado… eso querría decir que ya no existiría la libertad de conciencia”. Libertad de conciencia, nada menos. Esa libertad de conciencia que el mundo moderno, gracias al heroísmo de tantos espíritus heréticos enviados puntualmente a la hoguera, consiguió imponer en contra la Iglesia, es invocada ahora para garantizar la impunidad a miles de curas pedófilos.

¿Qué sentido tiene, por lo tanto, seguir hablando de “zafia propaganda contra el Papa y los católicos” (L’Osservatore Romano), visto que son los propios documentos vaticanos los que desvelan la postura de acorazado rechazo frente a toda hipótesis de denuncia ante las autoridades judiciales seculares? Y téngase en cuenta que el “Motu proprio” y la “Instrucción” de 2001 marcan una fase considerada de mayor severidad de la Santa Madre Iglesia en relación con los sacerdotes pedófilos. No cuesta imaginar lo que ocurría antes.

El cardenal Sodano, decano del Sacro Colegio Cardenalicio, adopta el papel de la víctima: “La comunidad cristiana se siente herida con toda razón cuando se pretende involucrarla en bloque con las vicisitudes, tan graves como dolorosas, de algunos sacerdotes, transformando culpas y responsabilidades individuales en culpas colectivas con una arbitrariedad realmente incomprensible”. No, vuestra eminencia, nadie pretende involucrar en bloque a la comunidad cristiana, la cuestión atañe sólo a la jerarquía de la Iglesia católica. Intentar corresponsabilizar a todos los fieles es “jugar sucio”.

Pero volvamos a la cuestión crucial. Wojtyla y Ratzinger pretendieron e impusieron que los crímenes de pedofilia fueran tratados exclusivamente como pecados, en vez de como delitos, o a lo más como “delitos” de Derecho Canónico. Si el actual Pontífice ha entendido de verdad el alcance de la “suciedad” y la necesidad de combatirla puede demostrarlo de un modo muy sencillo: derogando inmediatamente con un “Motu proprio” las tristemente célebres “Instrucciones” que apelan al “secreto pontificio” y sustituyéndolas con la obligación de denunciar inmediatamente ante las autoridades judiciales cualquier caso. Y abriendo de par en par los archivos a todos los tribunales que lo soliciten, visto que algunos países han decidido plantear para la denuncia de estos crímenes una “moratoria” de un año con el fin de sustraer a la prescripción los casos antiguos.

Y con más razón si se considera que la jerarquía eclesiástica es la misma que pretende transformar en delitos, sancionados por las leyes del Estado, todo lo que considera pecado (aborto, eutanasia, control de la natalidad, etcétera), y que para muchos ciudadanos son únicamente derechos, por más que sean dolorosos.

Post scriptum:

Tras la redacción de este artículo, la oficina de prensa vaticana ha dado a conocer que desde el año 2003 existen nuevos procedimientos operativos, nunca hechos públicos y atribuibles al entonces cardenal Ratzinger, que se resumen en un texto de “líneas maestras” colgado en la página web de la Santa Sede, según el cual “siempre debe seguirse la ley civil en lo que atañe a la denuncia de los delitos ante las autoridades apropiadas”. Estas “líneas maestras” son el texto más extravagante que ha producido nunca la Santa Sede. Texto anónimo y carente de fecha.

Y sobre todo: no se ha presentado nunca denuncia alguna. Si ese documento hubiera estado realmente operativo, la verdadera noticia sería que desde hace siete años todos los obispos del mundo desobedecen al Papa y a su Prefecto para la Congregación de la Defensa de la Fe. Una revelación digna del Premio Pulitzer.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona