Por Felipe González, ex presidente del Gobierno español (EL PAÍS, 07/05/08):
Hace una década se produjo una crisis en el sistema financiero de un gran número de países emergentes. Empezó por el Sureste Asiático. China la eludió y, aunque se considerara que sus medidas habían sido poco ortodoxas, su aceptación fue entusiasta en Davos. El contagio pasó a Rusia y a Turquía y desde allí saltó el Atlántico golpeando primero a Brasil, más tarde a Argentina y a otros de manera dramática.
Se decía que los países centrales estaban al abrigo de esta crisis financiera, pero mi percepción de las implicaciones del fenómeno de la globalización me llevaba a decir que era inevitable que se terminaran contaminando los mercados financieros de estos países.
En la primavera de 2000 -un año y medio antes de los terribles atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono-, los mercados financieros del mundo desarrollado se desplomaron, mostrando la interdependencia que marca el signo de la nueva era, tanto en el sistema financiero internacional como en la economía global. A nosotros como país también nos llegó. El ajuste frente a aquella crisis fue más rápido de lo previsto, en el conjunto del sistema.
Ahora, la crisis financiera internacional ha empezado por los países más desarrollados con una dimensión y calado que aún no podemos evaluar. En particular por Estados Unidos y Reino Unido. Ha repercutido en el resto de Europa en grados diferentes e inevitablemente ha tocado a nuestro país.
De nuevo, pero en dirección contraria, se oye decir que los países emergentes, en particular los más exitosos, no están comprometidos por esta crisis de los centrales. Incluso se están desviando operaciones hacia sus mercados de valores en magnitudes considerables. Y de nuevo, como hace diez años, tiendo a creer que la interdependencia, y por tanto el contagio, es una característica inseparable de la globalización de la economía y del sistema financiero en el mundo. Por eso, los efectos de esta sacudida no se van a quedar en los mercados centrales sino que se van a extender al resto.
Empezamos a constatar consecuencias globales en aspectos diversos de la situación económica. Por ejemplo, las limitaciones o prohibiciones a la exportación de alimentos para enfrentar el encarecimiento de los precios son perfectamente comprensibles, pero, me temo que salvo el efecto coyuntural o aparente, agravarán la carrera de los precios, provocarán operaciones especulativas y de acumulación.
En el trasfondo de la nuevarealidad mundial, se está produciendo una transferencia enorme de ahorro desde los países altamente desarrollados y con gran hábito de consumo, a los países productores de materias primas -energéticas y otras- y a los emergentes como China, que están ahorrando y acumulando capital. Así, la destrucción de ahorro en esta crisis financiera y los compromisos agobiantes de pago frente al futuro de grandes zonas desarrolladas tiene una imagen especular en los excedentes de capital de los países petroleros o de los fuertemente ahorradores con altas tasas de crecimiento.
Realidades nuevas que es difícil prever cómo se van a manejar y cuáles serán sus resultados en las relaciones de fuerza mundiales, pero que es inevitable que tengamos en cuenta porque nos afectan directamente como país, cómo afectan al área de la Unión Europea en la que nos insertamos.
Como en toda crisis de estas características, en la que dominan los elementos exógenos e inciertos, tenemos que analizar las repercusiones presentes y las por venir que puedan preverse, y reaccionar minimizando los efectos negativos y aprovechando las ventajas relativas de que podamos disponer.
La principal ventaja relativa de que disponemos como país, a diferencia de nuestros vecinos, es el ahorro público obtenido en una buena gestión de la bonanza de los últimos años. Pero también es cierto que el impacto de la desaceleración en la actividad relacionada con el cemento y el ladrillo es mayor para nosotros que para otros.
Seguramente nos puede ayudar la situación comparativamente mejor del sector financiero, más allá del aumento de la morosidad que estamos viendo, porque han sido más prudentes que otros y los controles han funcionado más. Pero también se nos planteará el reto de cambiar nuestro modelo de crecimiento, incorporando valor para mejorar nuestra competitividad en la economía global.
El Gobierno apunta en la dirección de priorizar en las inversiones en infraestructuras, en la vivienda protegida, en la rehabilitación en centros urbanos, entre otras. Parece lo correcto para España, porque la prioridad de las prioridades cuando se tiene margen para actuar anticíclicamente es incidir en inversión generadora de actividad y recuperadora del empleo que se está destruyendo.
Sin embargo, el debate abierto en materia de financiación de las Comunidades Autónomas puede ir a contracorriente de las anteriores prioridades en esta coyuntura de crisis. Inexorablemente, la nueva financiación producirá incrementos de gasto en sectores que lo necesitan de los servicios esenciales transferidos, pero que están desvinculados de los efectos de la desaceleración de la economía y del empleo que necesitamos recuperar.
Es cierto que la negociación estaba prevista desde antes de conocerse la crisis financiera internacional y sus efectos, pero los diferentes actores políticos, económicos y sociales no pueden dejar de considerar la situación actual para redefinir sus objetivos ante la marcha de la economía.
En estas circunstancias, cabría esperar que los responsables autonómicos, junto con los del gobierno central, los agentes económicos y sociales y los responsables políticos, centren la atención en la recuperación de la actividad para frenar la caída del empleo. Inversión más que gasto corriente hasta que veamos un nuevo horizonte en nuestra economía.
Tanto si me coloco en el papel de los responsables de la política económica del gobierno central como en sus homólogos de las comunidades autónomas, de cualquier signo político, el máximo esfuerzo negociador lo dedicaría a esta política anticíclica que atenderá más claramente a las necesidades inmediatas de los ciudadanos y dejaría para un momento posterior -y más favorable- la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica.
Como ambos frentes no pueden ser atendidos a la vez de manera razonable para que sea satisfactorio el resultado, es mejor escalonarlos y centrarse en lo fundamental. Conozco la dinámica propia del mundo de la política y sé que se puede contra argumentar diciendo que son excusas e incumplimientos sobre acuerdos previstos, pero en el fondo la única manera de afrontar la realidad es mirar de frente las necesidades de los ciudadanos, antes que las nuestras.
Hace una década se produjo una crisis en el sistema financiero de un gran número de países emergentes. Empezó por el Sureste Asiático. China la eludió y, aunque se considerara que sus medidas habían sido poco ortodoxas, su aceptación fue entusiasta en Davos. El contagio pasó a Rusia y a Turquía y desde allí saltó el Atlántico golpeando primero a Brasil, más tarde a Argentina y a otros de manera dramática.
Se decía que los países centrales estaban al abrigo de esta crisis financiera, pero mi percepción de las implicaciones del fenómeno de la globalización me llevaba a decir que era inevitable que se terminaran contaminando los mercados financieros de estos países.
En la primavera de 2000 -un año y medio antes de los terribles atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono-, los mercados financieros del mundo desarrollado se desplomaron, mostrando la interdependencia que marca el signo de la nueva era, tanto en el sistema financiero internacional como en la economía global. A nosotros como país también nos llegó. El ajuste frente a aquella crisis fue más rápido de lo previsto, en el conjunto del sistema.
Ahora, la crisis financiera internacional ha empezado por los países más desarrollados con una dimensión y calado que aún no podemos evaluar. En particular por Estados Unidos y Reino Unido. Ha repercutido en el resto de Europa en grados diferentes e inevitablemente ha tocado a nuestro país.
De nuevo, pero en dirección contraria, se oye decir que los países emergentes, en particular los más exitosos, no están comprometidos por esta crisis de los centrales. Incluso se están desviando operaciones hacia sus mercados de valores en magnitudes considerables. Y de nuevo, como hace diez años, tiendo a creer que la interdependencia, y por tanto el contagio, es una característica inseparable de la globalización de la economía y del sistema financiero en el mundo. Por eso, los efectos de esta sacudida no se van a quedar en los mercados centrales sino que se van a extender al resto.
Empezamos a constatar consecuencias globales en aspectos diversos de la situación económica. Por ejemplo, las limitaciones o prohibiciones a la exportación de alimentos para enfrentar el encarecimiento de los precios son perfectamente comprensibles, pero, me temo que salvo el efecto coyuntural o aparente, agravarán la carrera de los precios, provocarán operaciones especulativas y de acumulación.
En el trasfondo de la nuevarealidad mundial, se está produciendo una transferencia enorme de ahorro desde los países altamente desarrollados y con gran hábito de consumo, a los países productores de materias primas -energéticas y otras- y a los emergentes como China, que están ahorrando y acumulando capital. Así, la destrucción de ahorro en esta crisis financiera y los compromisos agobiantes de pago frente al futuro de grandes zonas desarrolladas tiene una imagen especular en los excedentes de capital de los países petroleros o de los fuertemente ahorradores con altas tasas de crecimiento.
Realidades nuevas que es difícil prever cómo se van a manejar y cuáles serán sus resultados en las relaciones de fuerza mundiales, pero que es inevitable que tengamos en cuenta porque nos afectan directamente como país, cómo afectan al área de la Unión Europea en la que nos insertamos.
Como en toda crisis de estas características, en la que dominan los elementos exógenos e inciertos, tenemos que analizar las repercusiones presentes y las por venir que puedan preverse, y reaccionar minimizando los efectos negativos y aprovechando las ventajas relativas de que podamos disponer.
La principal ventaja relativa de que disponemos como país, a diferencia de nuestros vecinos, es el ahorro público obtenido en una buena gestión de la bonanza de los últimos años. Pero también es cierto que el impacto de la desaceleración en la actividad relacionada con el cemento y el ladrillo es mayor para nosotros que para otros.
Seguramente nos puede ayudar la situación comparativamente mejor del sector financiero, más allá del aumento de la morosidad que estamos viendo, porque han sido más prudentes que otros y los controles han funcionado más. Pero también se nos planteará el reto de cambiar nuestro modelo de crecimiento, incorporando valor para mejorar nuestra competitividad en la economía global.
El Gobierno apunta en la dirección de priorizar en las inversiones en infraestructuras, en la vivienda protegida, en la rehabilitación en centros urbanos, entre otras. Parece lo correcto para España, porque la prioridad de las prioridades cuando se tiene margen para actuar anticíclicamente es incidir en inversión generadora de actividad y recuperadora del empleo que se está destruyendo.
Sin embargo, el debate abierto en materia de financiación de las Comunidades Autónomas puede ir a contracorriente de las anteriores prioridades en esta coyuntura de crisis. Inexorablemente, la nueva financiación producirá incrementos de gasto en sectores que lo necesitan de los servicios esenciales transferidos, pero que están desvinculados de los efectos de la desaceleración de la economía y del empleo que necesitamos recuperar.
Es cierto que la negociación estaba prevista desde antes de conocerse la crisis financiera internacional y sus efectos, pero los diferentes actores políticos, económicos y sociales no pueden dejar de considerar la situación actual para redefinir sus objetivos ante la marcha de la economía.
En estas circunstancias, cabría esperar que los responsables autonómicos, junto con los del gobierno central, los agentes económicos y sociales y los responsables políticos, centren la atención en la recuperación de la actividad para frenar la caída del empleo. Inversión más que gasto corriente hasta que veamos un nuevo horizonte en nuestra economía.
Tanto si me coloco en el papel de los responsables de la política económica del gobierno central como en sus homólogos de las comunidades autónomas, de cualquier signo político, el máximo esfuerzo negociador lo dedicaría a esta política anticíclica que atenderá más claramente a las necesidades inmediatas de los ciudadanos y dejaría para un momento posterior -y más favorable- la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica.
Como ambos frentes no pueden ser atendidos a la vez de manera razonable para que sea satisfactorio el resultado, es mejor escalonarlos y centrarse en lo fundamental. Conozco la dinámica propia del mundo de la política y sé que se puede contra argumentar diciendo que son excusas e incumplimientos sobre acuerdos previstos, pero en el fondo la única manera de afrontar la realidad es mirar de frente las necesidades de los ciudadanos, antes que las nuestras.
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