Nuevo escenario

Por Felipe González, ex presidente del Gobierno español (EL PAÍS, 25/03/08):

Pasada la vorágine de la campaña, en la que me impliqué más que en las que me afectaban directamente como presidente del Gobierno, ha llegado el momento de evaluar la situación, sin las pasiones propias de este periodo, para encarar los próximos meses y años de legislatura.

Siguiendo la pauta de disponibilidad y no interferencia en las decisiones que han de tomar otros, sólo quiero detenerme en las que considero prioridades de carácter general, tanto las que afectan directamente a los ciudadanos como las que marcarán el devenir de España en el concierto internacional.

El empeoramiento de la situación económica internacional y nacional parece cantado y tendrá impacto en los próximos meses en términos de empleo e inversión. Habrá operaciones empresariales de envergadura, forzadas por la desaceleración o inducidas por el nuevo escenario para tomar posiciones y redimensionar o absorber algunas empresas.

En nuestro caso soportamos los efectos de la crisis financiera internacional, de la subida de los precios de la energía y de otras materias primas como las alimentarias. Específicamente nos afecta el problema de la construcción y, como trasfondo, un desafío de cambio de modelo productivo que nos permita ganar competitividad.

Tenemos algunas ventajas que deberían permitirnos un margen de maniobra superior a otros países de nuestro entorno europeo. Entre las más destacables señalaría el superávit de 2,5% del PIB y la salud del sistema financiero en su conjunto.

Merece la pena actuar rápidamente en este frente, activando los proyectos de inversión en infraestructuras y vivienda que puedan recuperar ritmo de actividad y compensar la caída inevitable de empleo.

Aún no sabemos la profundidad de la crisis financiera internacional, que hace convivir esa extraña situación de falta de liquidez en el sistema y excedente de ahorro en las zonas productoras de petróleo y algunas potencias emergentes. Lo único cierto es el desplazamiento de la acumulación de capital de los países consumidores de energía a los productores. Es lógico que éstos intenten tomar posiciones en los países afectados por la crisis financiera y de la construcción. Entre las opiniones que se vierten no comparto la de una caída sustancial de los precios del petróleo, aunque haya una flexión a la baja si la desaceleración en Estados Unidos se transforma en recesión. Por debajo de la situación actual sigue existiendo una crisis de oferta en materia energética que no tiene visos de superarse en el horizonte de los próximos años, ni en refino ni en producción.

Por eso, en nuestro país, Go-bierno, patronal y sindicatos deben coordinar acciones y acuerdos a corto, pero también a largo plazo, sobre unas medidas que les presente el Gobierno, abiertas a las iniciativas de los interlocutores. Además, habría que ser prudentes con la fiscalidad porque el descenso de la recaudación puede ser sensible y agotar el margen de maniobra.

Esta coordinación de acciones debería comprender a los responsables de las comunidades autónomas para evaluar los impactos relativos de la nueva situación en distintas partes del territorio nacional. Teniendo en cuenta el grado de descentralización competencial, los proyectos han de contar con los poderes autonómicos.

Como los resultados del 9 de marzo refuerzan la posición del Partido Socialista, es lógico que el Gobierno defienda la autonomía del proyecto ganador de las elecciones, en el doble sentido de libertad para decidir en representación de los intereses generales y de margen de maniobra para conseguir mayorías parlamentarias estables. Los socialistas deben reforzar esa autonomía del Ejecutivo y en ningún caso limitarla.

Más allá de las consideraciones socioeconómicas, el mapa electoral y el grado de crispación que se ha vivido en estos años muestran un aumento de las fracturas sociales y territoriales que no beneficia a nadie, si se toma en serio el objetivo de la convivencia en la pluralidad de las ideas y en la diversidad de los sentimientos de pertenencia, que deben ser esenciales para los gobernantes actuales o para los que aspiren a serlo.

Al Gobierno le corresponde la iniciativa para ir corrigiendo esta deriva, pero no toda la responsabilidad, porque si la oposición no asume que la confrontación en materias como terrorismo, instituciones judiciales o distribución territorial del poder no puede mantenerse en los términos que hemos vivido, la fractura irá aumentando y perjudicando la gobernanza.

Los pactos de Estado son imprescindibles para el fortalecimiento del país y conviene no engañarse con un abuso de bipartidismo en la materia, más allá de los resultados globales. Lo mismo hay que decir de la moderación inexcusable de los que tienen poder territorial en una comunidad y pueden pretender condicionar abusivamente a los demás.

Compartimos un espacio público como ciudadanos, en el que están incluidos la diversidad de sentimientos de pertenencia y la pluralidad de las ideas, que debemos gobernar como riqueza en la complejidad y no como un lastre ni como un factor que altere la igualdad básica de nuestra condición de ciudadanos.

Es posible y deseable un proceso rápido de despolitización de la justicia y desjudialización de la política. Renovar las instituciones judiciales, dejar tranquilos a los tribunales, acatar seriamente las consecuencias de sus resoluciones, son elementos esenciales y evidentes que parecen estar ocultos por la incomprensible ceguera de la crispación.

Si el escenario postelectoral hubiera sido inverso, estaría viendo las cosas de la misma forma. Es decir, que la preocupación sería de la misma naturaleza, agravada por el hecho de que la confrontación territorial podría ser más aguda y peligrosa para mantener democráticamente la cohesión.

En materia de lucha contra el terrorismo hay fuerzas políticas como CiU con una trayectoria impecable, o como el PNV con Imaz o con el decaído Pacto de Ajuriaenea, o como IU, que deben ser incluidas en una política de Estado seria. El camino desandado en este tema es dramático a pesar de que el terrorismo de ETA esté más débil que nunca y sepa que no tiene ninguna posibilidad de extorsionar a la democracia española, aunque nos causen sufrimiento. Se fortalecen con nuestras desavenencias y ésa debería ser razón suficiente para acabar con ellas.

Recordé durante la campaña que, cuando tenía una mayoría absoluta, había llevado a la mesa de negociaciones, con todas las fuerzas políticas, la necesaria unidad frente al terror. Era el llamado Pacto de Madrid, de la misma naturaleza que el de Ajuriaenea. Después se fue abandonando irresponsablemente, pero marcó el principio del fin de los violentos.

Asimismo llevé al Parlamento los diez puntos básicos de nuestra política exterior que fueron debatidos y aprobados por más del 90% de los representantes. Nadie podía decir que no tuviera mayoría para decidir sobre estos temas básicos, pero tenía la convicción de que estos consensos nos fortalecían como país, hacia dentro y hacia fuera.

Política territorial, incluida financiación; política antiterrorista, en sus diversos frentes; política exterior y de seguridad, comprendido el lugar que nos corresponde en la Unión Europea, deberían constituir un paquete de consenso básico sobre el que merece la pena hacer el máximo esfuerzo siendo Gobierno u oposición con vocación de llegar a serlo.