Por Mohammad Darawshe, analista político. Traducción: José María Puig de la Bellacasa
La declaración de independencia de Israel garantiza la “total igualdad de derechos sociales y políticos de todos sus habitantes independientemente de su religión, raza o sexo”. Sin embargo, el grupo minoritario más importante - la población árabe que constituye el 20% del total- sigue siendo objeto de discriminación de forma sistemática en las previsiones presupuestarias, concesiones de suelo, oportunidades laborales y acceso a los servicios públicos: es un sector de población excluido del discurso dominante en la esfera política y social. Corregir tal desigualdad reviste la máxima urgencia, no sólo por el bien de la población árabe sino por la prosperidad, estabilidad y cohesión futuras del propio Estado de Israel.
La creciente presencia de las comunidades minoritarias en todo el mundo - deficientemente integradas en la sociedad en que viven y con insuficiente acceso a los servicios públicos, motivo por el cual elevan sonoramente sus protestas- pone a prueba la fortaleza de la democracia. Tal malestar aflora periódicamente en forma de disturbios como por ejemplo los registrados en Francia o de tendencias independentistas como la observada en Kosovo. En Israel, los episodios de octubre del 2000 resultaron en la muerte de 13 ciudadanos árabes muertos por las fuerzas de seguridad, tragedia seguida de una serie de acontecimientos que no han hecho más que intensificar el grado de hostilidad y desconfianza entre árabes y judíos en Israel, como se puso de relieve en la segunda guerra de Líbano, en la cual se cuestionó la lealtad de los ciudadanos árabes hacia el Estado, aunque fueran presa de la angustia por la lluvia de cohetes de Hizbulah y los insuficientes o inexistentes refugios. Nunca ha sido tan urgente como ahora afrontar este problema.
Abraham Fund Initiatives, organización sin ánimo de lucro ni partidista con sede principal en Israel, ha trabajado durante 19 años en el campo de las relaciones judío-árabes. Aunque la labor que promueve los derechos de los ciudadanos árabes y la mejora de las relaciones judío-árabes se ha consolidado durante este periodo, el Gobierno no ha reconocido hasta fecha reciente la importancia de la integración de sus ciudadanos árabes en la matriz social y económica del país.
Una misión reciente de esta organización en territorio de Irlanda del Norte ha revelado la fuerza y virtud de transformación de una acción gubernamental vigorosa y eficaz a la hora de regular e institucionalizar las relaciones de igualdad entre grupos en conflicto. Así, legislar contra la discriminación y promover la igualdad y el acceso equitativo a los servicios públicos - merced a la actuación de instituciones públicas que garanticen la representación justa de ciudadanos árabes en el sector público- son pasos esenciales que debe dar el gobierno para instaurar confianza y crear una sociedad estable e integral.
Mucho puede beneficiarse Israel si se decide a encarar resueltamente la cuestión de la justa valoración e integración - en términos estratégicos y económicos- de la población árabe en su territorio en lugar de considerarla una amenaza. Ranaan Dinur, director general de la oficina del primer ministro israelí, mostró su preocupación en la conferencia de Herzliya sobre la “gran pérdida de potencial (económico) en lo concerniente al sector árabe de la economía”. En efecto, pese a que es el 20% de la población, sólo aporta el 8% del PNB. La falta de confianza y relación positiva entre las fuerzas de seguridad israelíes y la población árabe deriva en un nivel deficiente de seguridad y elevado grado de delincuencia. Afrontar esta cuestión y garantizar la igualdad de derechos propiciará indudablemente una mayor estabilidad interna, fomentará el crecimiento económico del país y fortalecerá la propia seguridad de Israel. En el plano regional, una lograda y cabal integración de ciudadanos árabes en el seno de la sociedad israelí demostrará a los vecinos de Israel que árabes y judíos pueden convivir pacífica y prósperamente, favoreciendo así unas buenas y amistosas relaciones económicas y políticas con Israel.
Si aspiramos a detener el acuciante deterioro de las relaciones judío-árabes que hemos presenciado en los últimos años y abrazar la senda que conduce a una sociedad compartida, judíos y árabes por igual han de reconocer que es urgente promover la integración y la equidad entre la población judía y árabe. El Gobierno de Israel debe admitir la importancia primordial de esta cuestión y hacer honor a sus responsabilidades para edificar una sociedad compartida entre todos sus ciudadanos.
La declaración de independencia de Israel garantiza la “total igualdad de derechos sociales y políticos de todos sus habitantes independientemente de su religión, raza o sexo”. Sin embargo, el grupo minoritario más importante - la población árabe que constituye el 20% del total- sigue siendo objeto de discriminación de forma sistemática en las previsiones presupuestarias, concesiones de suelo, oportunidades laborales y acceso a los servicios públicos: es un sector de población excluido del discurso dominante en la esfera política y social. Corregir tal desigualdad reviste la máxima urgencia, no sólo por el bien de la población árabe sino por la prosperidad, estabilidad y cohesión futuras del propio Estado de Israel.
La creciente presencia de las comunidades minoritarias en todo el mundo - deficientemente integradas en la sociedad en que viven y con insuficiente acceso a los servicios públicos, motivo por el cual elevan sonoramente sus protestas- pone a prueba la fortaleza de la democracia. Tal malestar aflora periódicamente en forma de disturbios como por ejemplo los registrados en Francia o de tendencias independentistas como la observada en Kosovo. En Israel, los episodios de octubre del 2000 resultaron en la muerte de 13 ciudadanos árabes muertos por las fuerzas de seguridad, tragedia seguida de una serie de acontecimientos que no han hecho más que intensificar el grado de hostilidad y desconfianza entre árabes y judíos en Israel, como se puso de relieve en la segunda guerra de Líbano, en la cual se cuestionó la lealtad de los ciudadanos árabes hacia el Estado, aunque fueran presa de la angustia por la lluvia de cohetes de Hizbulah y los insuficientes o inexistentes refugios. Nunca ha sido tan urgente como ahora afrontar este problema.
Abraham Fund Initiatives, organización sin ánimo de lucro ni partidista con sede principal en Israel, ha trabajado durante 19 años en el campo de las relaciones judío-árabes. Aunque la labor que promueve los derechos de los ciudadanos árabes y la mejora de las relaciones judío-árabes se ha consolidado durante este periodo, el Gobierno no ha reconocido hasta fecha reciente la importancia de la integración de sus ciudadanos árabes en la matriz social y económica del país.
Una misión reciente de esta organización en territorio de Irlanda del Norte ha revelado la fuerza y virtud de transformación de una acción gubernamental vigorosa y eficaz a la hora de regular e institucionalizar las relaciones de igualdad entre grupos en conflicto. Así, legislar contra la discriminación y promover la igualdad y el acceso equitativo a los servicios públicos - merced a la actuación de instituciones públicas que garanticen la representación justa de ciudadanos árabes en el sector público- son pasos esenciales que debe dar el gobierno para instaurar confianza y crear una sociedad estable e integral.
Mucho puede beneficiarse Israel si se decide a encarar resueltamente la cuestión de la justa valoración e integración - en términos estratégicos y económicos- de la población árabe en su territorio en lugar de considerarla una amenaza. Ranaan Dinur, director general de la oficina del primer ministro israelí, mostró su preocupación en la conferencia de Herzliya sobre la “gran pérdida de potencial (económico) en lo concerniente al sector árabe de la economía”. En efecto, pese a que es el 20% de la población, sólo aporta el 8% del PNB. La falta de confianza y relación positiva entre las fuerzas de seguridad israelíes y la población árabe deriva en un nivel deficiente de seguridad y elevado grado de delincuencia. Afrontar esta cuestión y garantizar la igualdad de derechos propiciará indudablemente una mayor estabilidad interna, fomentará el crecimiento económico del país y fortalecerá la propia seguridad de Israel. En el plano regional, una lograda y cabal integración de ciudadanos árabes en el seno de la sociedad israelí demostrará a los vecinos de Israel que árabes y judíos pueden convivir pacífica y prósperamente, favoreciendo así unas buenas y amistosas relaciones económicas y políticas con Israel.
Si aspiramos a detener el acuciante deterioro de las relaciones judío-árabes que hemos presenciado en los últimos años y abrazar la senda que conduce a una sociedad compartida, judíos y árabes por igual han de reconocer que es urgente promover la integración y la equidad entre la población judía y árabe. El Gobierno de Israel debe admitir la importancia primordial de esta cuestión y hacer honor a sus responsabilidades para edificar una sociedad compartida entre todos sus ciudadanos.
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