Por Guillem López-Casasnovas, catedrático de Hacienda Pública de la UPF (EL PERIÓDICO, 11/02/08):
Toda campaña electoral arrastra un puñado de propuestas y declaraciones de intenciones que dan vidilla a la contienda y ayudan a concretar el ideario político de cada partido. Una reacción posible a estas ofertas es ignorarlas y basarse en la experiencia vivida: la reputación que cada cual merece en este mercado de promociones. Lo mismo ocurre con la presentación anual de los presupuestos públicos. Los partidos y medios se hacen eco de anteproyectos y proyectos que se guían más por lemas que por contenidos. Cada año, se dice, se da prioridad al gasto social y las infraestructuras, y el proceso se acompaña de la creación de nuevos puestos de trabajo, sin que haya que incrementar los impuestos porque la mejora en la eficiencia en el gasto lo permitirá. Un esquema que no hay que criticar en exceso: mal para el gobierno si es optimista con las previsiones, por los peligros de ser poco realista; mal si es realista, por el síntoma de falta de ilusión que eso pueda reflejar.
UNA ALTERNATIVA más neutra es analizar fríamente lo que reflejan las propuestas electorales en el binomio populismo-firmeza ideológica de los partidos que las formulan, a qué tipo de votante medio intentan acercarse y con qué formato los publicistas se hacen eco de ello para captar la atención de los ciudadanos. Este tipo de análisis es conocido en la teoría de la hacienda pública por los trabajos de la sociología financiera italiana de principios del siglo pasado, y más recientemente, de la mano de la teoría de la public choice (opción pública). Así, en este tipo de manual maquiavélico sobre lo que deben hacer los gobiernos para seducir a los votantes hay recetas conocidas, tanto por el lado de los ingresos, para generar ilusión fiscal (en el sentido de que el ciudadano sea iluso y no se dé cuenta de una subida de impuestos), como por el lado del gasto, para una mejor percepción y visibilidad en los programas prometidos.
Entre las primeras estrategias, es de sobra conocido que un modelo de impuestos con múltiples figuras tributarias se ve menos que si se pagaran todos los impuestos de una sola tacada. Con esa fórmula, se comprobaría que la mitad de la renta se destina a pagar impuestos, es decir, que trabajamos para el Estado más de la mitad del año. Igualmente, el contribuyente percibe menos la fiscalidad indirecta (las múltiples transacciones con IVA o cuando ponemos gasolina, las dos terceras partes de cuyo precio son impuestos) que la directa (cuando liquidamos en junio el impuesto sobre la renta). Del mismo modo, financiar el gasto público aumentando el déficit y el endeudamiento permite disfrutar hoy de más servicios, pero a cargo de los contribuyentes del mañana, aparentando así beneficios sin costes fiscales.
Otro recurso de la Administración para recaudar más es no actualizar las bases a declarar según la inflación real, a la hora de aplicar las tarifas progresivas de un impuesto, o no aumentar las deducciones y bonificaciones fiscales.
Hay métodos para mejorar la visibilidad del gasto. Veamos algunos.
Primero. Una oferta electoral que depende de lo que cada uno ha de pagar es más creíble que la que se vincula al contexto económico general. No es lo mismo crear miles de plazas de policía que aumentar los millones de puestos de trabajo.
Segundo. Una promesa que comporte un beneficio general sin condiciones se recibe mejor que la subvención que depende de un comportamiento concreto. Es el caso de prometer el aumento del gasto social hasta niveles europeos (sin especificar cómo se financia) frente a deducciones para las pymes, o una desgravación en el IRPF si el contribuyente ahorra.
Tercero. Una promesa alcanzable a corto plazo suele valorarse más que la de medio y largo. Una cosa es hacer una bajada de retenciones del IRPF el día siguiente de la formación de Gobierno y otra, la rebaja de un impuesto, que requiere un trámite legislativo, cuyo beneficio no se ve hasta al cabo de un tiempo.
Cuarto. Una promesa a todo el mundo se agradece más que otra que afecta a unos pocos: una bajada del IVA aplicable al consumo de electricidad se percibe mejor, por ejemplo, que la eliminación del impuesto de patrimonio.
Quinto. Un beneficio que se ofrece sin condiciones de elegibilidad, como es la mejora de las infraestructuras, es más valorado que el que requiere alguna contingencia penosa para poderla disfrutar: nadie desea aprovecharse de la oferta de plazas de residencias asistidas para dependientes graves buscando alcanzar esa situación.
Sexto. Una prestación universal que favorece el acceso a un servicio para toda la población se percibe mejor que una selectiva lista de condiciones para recibir una ayuda, como las condiciones para el acceso a viviendas protegidas.
Séptimo. Una prestación indiscriminada (sea el destinatario rico o pobre, como los 2.500 euros del cheque bebé) suele percibirse mejor que la de un salario mínimo (afecta solo a los más pobres).
Octavo. Una prestación que se promete en dinero suele ser más valorada que otra que se suministra en especie: los cheques para guarderías en lugar de las plazas públicas gratuitas. La primera beneficia a todos, especialmente a los que no consumían servicio público, mientras que la segunda opción, solo a los que acceden a una guardería pública.
En este análisis no he hecho ninguna consideración de equidad social ni de efectividad redistributiva. Y desde este esquema el lector deberá analizar ahora la propuesta de los 400 euros del presidente Zapatero en términos de populismo y de ideario. El juicio es de cada cual. Pero en cualquier caso, por el espacio que ha ocupado y ocupa en los medios, seguro que tenemos que felicitar al publicista.
Toda campaña electoral arrastra un puñado de propuestas y declaraciones de intenciones que dan vidilla a la contienda y ayudan a concretar el ideario político de cada partido. Una reacción posible a estas ofertas es ignorarlas y basarse en la experiencia vivida: la reputación que cada cual merece en este mercado de promociones. Lo mismo ocurre con la presentación anual de los presupuestos públicos. Los partidos y medios se hacen eco de anteproyectos y proyectos que se guían más por lemas que por contenidos. Cada año, se dice, se da prioridad al gasto social y las infraestructuras, y el proceso se acompaña de la creación de nuevos puestos de trabajo, sin que haya que incrementar los impuestos porque la mejora en la eficiencia en el gasto lo permitirá. Un esquema que no hay que criticar en exceso: mal para el gobierno si es optimista con las previsiones, por los peligros de ser poco realista; mal si es realista, por el síntoma de falta de ilusión que eso pueda reflejar.
UNA ALTERNATIVA más neutra es analizar fríamente lo que reflejan las propuestas electorales en el binomio populismo-firmeza ideológica de los partidos que las formulan, a qué tipo de votante medio intentan acercarse y con qué formato los publicistas se hacen eco de ello para captar la atención de los ciudadanos. Este tipo de análisis es conocido en la teoría de la hacienda pública por los trabajos de la sociología financiera italiana de principios del siglo pasado, y más recientemente, de la mano de la teoría de la public choice (opción pública). Así, en este tipo de manual maquiavélico sobre lo que deben hacer los gobiernos para seducir a los votantes hay recetas conocidas, tanto por el lado de los ingresos, para generar ilusión fiscal (en el sentido de que el ciudadano sea iluso y no se dé cuenta de una subida de impuestos), como por el lado del gasto, para una mejor percepción y visibilidad en los programas prometidos.
Entre las primeras estrategias, es de sobra conocido que un modelo de impuestos con múltiples figuras tributarias se ve menos que si se pagaran todos los impuestos de una sola tacada. Con esa fórmula, se comprobaría que la mitad de la renta se destina a pagar impuestos, es decir, que trabajamos para el Estado más de la mitad del año. Igualmente, el contribuyente percibe menos la fiscalidad indirecta (las múltiples transacciones con IVA o cuando ponemos gasolina, las dos terceras partes de cuyo precio son impuestos) que la directa (cuando liquidamos en junio el impuesto sobre la renta). Del mismo modo, financiar el gasto público aumentando el déficit y el endeudamiento permite disfrutar hoy de más servicios, pero a cargo de los contribuyentes del mañana, aparentando así beneficios sin costes fiscales.
Otro recurso de la Administración para recaudar más es no actualizar las bases a declarar según la inflación real, a la hora de aplicar las tarifas progresivas de un impuesto, o no aumentar las deducciones y bonificaciones fiscales.
Hay métodos para mejorar la visibilidad del gasto. Veamos algunos.
Primero. Una oferta electoral que depende de lo que cada uno ha de pagar es más creíble que la que se vincula al contexto económico general. No es lo mismo crear miles de plazas de policía que aumentar los millones de puestos de trabajo.
Segundo. Una promesa que comporte un beneficio general sin condiciones se recibe mejor que la subvención que depende de un comportamiento concreto. Es el caso de prometer el aumento del gasto social hasta niveles europeos (sin especificar cómo se financia) frente a deducciones para las pymes, o una desgravación en el IRPF si el contribuyente ahorra.
Tercero. Una promesa alcanzable a corto plazo suele valorarse más que la de medio y largo. Una cosa es hacer una bajada de retenciones del IRPF el día siguiente de la formación de Gobierno y otra, la rebaja de un impuesto, que requiere un trámite legislativo, cuyo beneficio no se ve hasta al cabo de un tiempo.
Cuarto. Una promesa a todo el mundo se agradece más que otra que afecta a unos pocos: una bajada del IVA aplicable al consumo de electricidad se percibe mejor, por ejemplo, que la eliminación del impuesto de patrimonio.
Quinto. Un beneficio que se ofrece sin condiciones de elegibilidad, como es la mejora de las infraestructuras, es más valorado que el que requiere alguna contingencia penosa para poderla disfrutar: nadie desea aprovecharse de la oferta de plazas de residencias asistidas para dependientes graves buscando alcanzar esa situación.
Sexto. Una prestación universal que favorece el acceso a un servicio para toda la población se percibe mejor que una selectiva lista de condiciones para recibir una ayuda, como las condiciones para el acceso a viviendas protegidas.
Séptimo. Una prestación indiscriminada (sea el destinatario rico o pobre, como los 2.500 euros del cheque bebé) suele percibirse mejor que la de un salario mínimo (afecta solo a los más pobres).
Octavo. Una prestación que se promete en dinero suele ser más valorada que otra que se suministra en especie: los cheques para guarderías en lugar de las plazas públicas gratuitas. La primera beneficia a todos, especialmente a los que no consumían servicio público, mientras que la segunda opción, solo a los que acceden a una guardería pública.
En este análisis no he hecho ninguna consideración de equidad social ni de efectividad redistributiva. Y desde este esquema el lector deberá analizar ahora la propuesta de los 400 euros del presidente Zapatero en términos de populismo y de ideario. El juicio es de cada cual. Pero en cualquier caso, por el espacio que ha ocupado y ocupa en los medios, seguro que tenemos que felicitar al publicista.
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