Por José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo (EL PAÍS, 06/02/08):
La sabiduría ancestral de la curia italiana se puso de relieve en los tiempos en que la hegemonía política de la democracia cristiana se veía amenazada por el eurocomunismo. En los períodos electorales, los curas italianos, manteniendo esa exquisita equidistancia de los que saben que el cielo comienza en la tierra, advertían desde sus púlpitos que no querían inmiscuirse en política, pero recordaban a sus feligreses que ellos eran demócratas y eran cristianos.
Apenas habíamos asimilado las manifestaciones callejeras de cardenales y obispos por las más diversas reivindicaciones cuando nos llega el último acuerdo de la Conferencia Episcopal, leído, sin rubor aparente, por un portavoz recientemente elevado a la dignidad episcopal. Y resulta que, como diagnosticó en su día el incombustible ministro demócrata-cristiano Giulio Andreotti, a la política española le manca fineza, le falta estilo y cultura democrática.
La letanía de la jerarquía española es la habitual: aborto, eutanasia, matrimonio de personas del mismo sexo, laicismo, educación para la ciudadanía, nacionalismo y terrorismo… con una apostilla inédita: no es moral conversar con los terroristas.
A nadie puede extrañarle la posición de la Iglesia Católica sobre el aborto y la eutanasia. Personalmente, sigo sin entender su rechazo a la homosexualidad masculina. En cuanto a su oposición al divorcio, resulta jurídicamente surrealista. No lo admite, pero favorece las nulidades de los matrimonios canónicos con una flexibilidad y ligereza que desborda todas las posibilidades que establece la legislación civil. Se acuerda la nulidad, previo costoso proceso canónico, si los contrayentes son inmaduros, no creían en el carácter sacramental de la unión o no la han “consumado”. Se admite también la nulidad cuando los cónyuges lo hayan contraído con el propósito deliberado de no tener hijos o no guardarse fidelidad.
Pero la cúpula episcopal ha dado un paso adelante con su última declaración. Lanzada directamente a la arena política en pleno periodo electoral, ha roto todos los cánones de imparcialidad y equilibrio, pronunciándose a tumba abierta sobre el sentido que debe tener el voto del que comulga con sus creencias, ritos y ceremonias, y advirtiéndole del grave peligro de ganar el mundo y perder su alma.
Así que la nota emitida por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal (formada por 18 obispos) desprecia su condición de parte que actúa en función de los Acuerdos Internacionales entre el Estado español y la Santa Sede, y se pone por solideo las normas, internacionalmente admitidas, sobre el derecho de los Tratados (Viena, 23 de mayo de 1969). Cabe recordar que las obligaciones contraídas lo son para las dos partes, con arreglo a su contenido y a los principios de lealtad recíproca y buena fe.
Los obispos sugieren que su nota sólo pretende meditar de nuevo sobre la Instrucción Pastoral aprobada el 23 de noviembre de 2006 por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal bajo el título Orientaciones morales ante la situación de España. Pero lo cierto es que, vulnerando de forma explícita su posición en el marco de los acuerdos jurídicos con el Estado español, han abandonado su condición de parte institucional para expresarse como beligerantes ciudadanos implicados hasta el cuello de la sotana en la contienda electoral.
La trampa es muy burda. Conservan intacta su condición de parte contratante de un Tratado Internacional y al mismo tiempo se disfrazan de su condición de españoles para disparar contra los programas de determinados partidos políticos. Nos dicen que no pretenden que los gobernantes se sometan a los criterios de la moral católica, pero al mismo tiempo sostienen que esta moral es el mejor medio para mantener el vigor y la autenticidad de las instituciones democráticas.
En esta línea, no consiguen separar el trigo de la paja, y por ello reconocen la legitimidad de las posiciones nacionalistas no violentas, para, en el renglón siguiente, invocar la autoridad de Juan Pablo II y denunciar “los peligros del separatismo”. Una vela a Dios y otra al Diablo.
En el rosario interminable de agravios contra el Gobierno, lo verdaderamente novedoso de la declaración electoral de los obispos es alguna precisión sobre el terrorismo. No les mueve la lógica condena de esta actividad, algo que compartimos los que sabemos que gracias a los asesinos terroristas estuvo a punto de volver el nacionalcatolicismo el 23 de febrero de 1981. No, ahora perfilan más su posición partidista. Empiezan añadiendo la obviedad de que una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población. Y luego, decididos a introducirse por terrenos pantanosos y oscuros, afirman dogmáticamente que nunca se puede tener a los terroristas como interlocutores políticos. Manipulan así la Instrucción Pastoral al omitir las referencias a las medidas de indulgencia en el caso de renuncia definitiva al uso de las armas. Esta aportación, por cierto, no tiene nada que ver con la moral católica, históricamente tan acomodaticia a toda clase de situaciones terrenales.
Señores obispos, termino como ustedes en su nota: que el Señor les ilumine y fortalezca para que se den cuenta del daño que están haciendo a la convivencia entre los españoles.
La sabiduría ancestral de la curia italiana se puso de relieve en los tiempos en que la hegemonía política de la democracia cristiana se veía amenazada por el eurocomunismo. En los períodos electorales, los curas italianos, manteniendo esa exquisita equidistancia de los que saben que el cielo comienza en la tierra, advertían desde sus púlpitos que no querían inmiscuirse en política, pero recordaban a sus feligreses que ellos eran demócratas y eran cristianos.
Apenas habíamos asimilado las manifestaciones callejeras de cardenales y obispos por las más diversas reivindicaciones cuando nos llega el último acuerdo de la Conferencia Episcopal, leído, sin rubor aparente, por un portavoz recientemente elevado a la dignidad episcopal. Y resulta que, como diagnosticó en su día el incombustible ministro demócrata-cristiano Giulio Andreotti, a la política española le manca fineza, le falta estilo y cultura democrática.
La letanía de la jerarquía española es la habitual: aborto, eutanasia, matrimonio de personas del mismo sexo, laicismo, educación para la ciudadanía, nacionalismo y terrorismo… con una apostilla inédita: no es moral conversar con los terroristas.
A nadie puede extrañarle la posición de la Iglesia Católica sobre el aborto y la eutanasia. Personalmente, sigo sin entender su rechazo a la homosexualidad masculina. En cuanto a su oposición al divorcio, resulta jurídicamente surrealista. No lo admite, pero favorece las nulidades de los matrimonios canónicos con una flexibilidad y ligereza que desborda todas las posibilidades que establece la legislación civil. Se acuerda la nulidad, previo costoso proceso canónico, si los contrayentes son inmaduros, no creían en el carácter sacramental de la unión o no la han “consumado”. Se admite también la nulidad cuando los cónyuges lo hayan contraído con el propósito deliberado de no tener hijos o no guardarse fidelidad.
Pero la cúpula episcopal ha dado un paso adelante con su última declaración. Lanzada directamente a la arena política en pleno periodo electoral, ha roto todos los cánones de imparcialidad y equilibrio, pronunciándose a tumba abierta sobre el sentido que debe tener el voto del que comulga con sus creencias, ritos y ceremonias, y advirtiéndole del grave peligro de ganar el mundo y perder su alma.
Así que la nota emitida por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal (formada por 18 obispos) desprecia su condición de parte que actúa en función de los Acuerdos Internacionales entre el Estado español y la Santa Sede, y se pone por solideo las normas, internacionalmente admitidas, sobre el derecho de los Tratados (Viena, 23 de mayo de 1969). Cabe recordar que las obligaciones contraídas lo son para las dos partes, con arreglo a su contenido y a los principios de lealtad recíproca y buena fe.
Los obispos sugieren que su nota sólo pretende meditar de nuevo sobre la Instrucción Pastoral aprobada el 23 de noviembre de 2006 por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal bajo el título Orientaciones morales ante la situación de España. Pero lo cierto es que, vulnerando de forma explícita su posición en el marco de los acuerdos jurídicos con el Estado español, han abandonado su condición de parte institucional para expresarse como beligerantes ciudadanos implicados hasta el cuello de la sotana en la contienda electoral.
La trampa es muy burda. Conservan intacta su condición de parte contratante de un Tratado Internacional y al mismo tiempo se disfrazan de su condición de españoles para disparar contra los programas de determinados partidos políticos. Nos dicen que no pretenden que los gobernantes se sometan a los criterios de la moral católica, pero al mismo tiempo sostienen que esta moral es el mejor medio para mantener el vigor y la autenticidad de las instituciones democráticas.
En esta línea, no consiguen separar el trigo de la paja, y por ello reconocen la legitimidad de las posiciones nacionalistas no violentas, para, en el renglón siguiente, invocar la autoridad de Juan Pablo II y denunciar “los peligros del separatismo”. Una vela a Dios y otra al Diablo.
En el rosario interminable de agravios contra el Gobierno, lo verdaderamente novedoso de la declaración electoral de los obispos es alguna precisión sobre el terrorismo. No les mueve la lógica condena de esta actividad, algo que compartimos los que sabemos que gracias a los asesinos terroristas estuvo a punto de volver el nacionalcatolicismo el 23 de febrero de 1981. No, ahora perfilan más su posición partidista. Empiezan añadiendo la obviedad de que una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población. Y luego, decididos a introducirse por terrenos pantanosos y oscuros, afirman dogmáticamente que nunca se puede tener a los terroristas como interlocutores políticos. Manipulan así la Instrucción Pastoral al omitir las referencias a las medidas de indulgencia en el caso de renuncia definitiva al uso de las armas. Esta aportación, por cierto, no tiene nada que ver con la moral católica, históricamente tan acomodaticia a toda clase de situaciones terrenales.
Señores obispos, termino como ustedes en su nota: que el Señor les ilumine y fortalezca para que se den cuenta del daño que están haciendo a la convivencia entre los españoles.
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