Por Javier Tajadura Tejada (EL CORREO DIGITAL, 05/02/08):
Si la agenda política nacional está marcada por las elecciones generales del próximo 9 de marzo, en la agenda internacional el conflicto de Kosovo ocupa, igualmente, un lugar central. La victoria de Boris Tadic en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Serbia el domingo contribuirá, sin duda, a acelerar los acontecimientos. Dicho triunfo pone de manifiesto que la ciudadanía serbia, rechazando al antioccidental Nicolik, ha votado por Europa y por el futuro. En este contexto, resultaría obligado que la Unión Europea abandonara su política antiserbia y asumiera un papel arbitral en el conflicto.
Se trata de un asunto aparentemente irresoluble por las posiciones absolutamente inconciliables de las partes. Por un lado, Serbia aspira a mantener la unidad y la integridad territorial del Estado, y por otro, la provincia de Kosovo aspira a la soberanía, esto es a la independencia plena del Estado Serbio. Estados Unidos y la Unión Europea se han colocado ya del lado de los secesionistas kosovares. Ahora bien, este posicionamiento supone, desde una perspectiva jurídica, una violación manifiesta y grave de todas las normas jurídicas internas e internacionales reguladoras de este tipo de conflictos. Y desde una perspectiva política, la creación de un peligroso precedente de creación de un Estado étnico por la fuerza.
En este contexto, la posición del Gobierno de España, del gobierno resultante de las próximas elecciones generales, resulta crucial. Los ciudadanos tenemos derecho a saber si Rodríguez Zapatero o Rajoy están dispuestos, o no, a aceptar una política de hechos consumados y reconocer a un hipotético nuevo Estado de Kosovo. Y ello porque el precedente kosovar será invocado por quienes defienden la utilización de un presunto derecho a la autodeterminación para llevar a cabo la fragmentación de España.
El Consejo Europeo celebrado el pasado 14 de diciembre transmitió a Serbia el mensaje de que si quiere ingresar en la Unión, previamente deberá aceptar la secesión de Kosovo. En ese marco, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha manifestado su voluntad de solucionar el conflicto de conformidad con la legalidad internacional y mediante una postura unitaria europea. Ahora bien, tal cosa parece imposible. Esto es, habrá que optar por reconocer la independencia de Kosovo, fórmula mayoritariamente aceptada por los Estados de la Unión, violando flagrantemente los principios fundamentales del Derecho Internacional vigente, o desmarcarse de la postura mayoritaria europea, por ilegal e ilegítima, reconociendo la integridad territorial de Serbia.
Creo que, en este contexto, por cuestión de mínima coherencia política, habría que desmarcarse de la posición europea. Es preciso que alguien enarbole la bandera de la razón y del derecho. España puede y debe actuar en defensa de la legalidad y la legitimidad internacionales. Por cuestión de principios, no puede aceptar que el Derecho Internacional sea violado y que se imponga en el orden internacional europeo un estado de naturaleza en el que todo vale (incluso la creación de Estados étnicos por la fuerza). La declaración de independencia de Kosovo sería manifiestamente ilegal no sólo por no contar con una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la avale, sino por su incompatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas que garantiza la integridad territorial de los Estados. El Gobierno de España debe actuar así también por defensa del interés nacional. Como advierten constantemente fuentes diplomáticas serbias y rusas, la ruptura de la legalidad internacional creará un precedente que podría oponerse a España en el caso de que en nuestro país se planteara una situación similar, esto es, una declaración unilateral de independencia por parte de una minoría nacionalista-secesionista. El nacimiento de un Kosovo independiente será considerado como un precedente político en virtud del cual se sostendrá que las fronteras existentes entre los Estados europeos pueden ser modificadas ilegalmente, y que es posible la creación de nuevos Estados por fragmentación de otros, sin contar con la voluntad de estos últimos.
En estas mismas páginas el profesor Taibo ha sostenido que todo esto son «monsergas». Como jurista y como demócrata, no creo que el respeto a la ley y al derecho sean monsergas. Antes bien, son la razón de ser y el fundamento de Europa como ideal y como proyecto ético. Por otro lado, resulta peligroso y falaz oponer -como hace el profesor Taibo- frente al Derecho, que consagra la integridad de Serbia, la supremacía de un supuesto principio democrático del que derivaría un también hipotético derecho a la secesión de Kosovo. Y ello por la razón evidente de que la formulación clásica del principio democrático reza que lo que a todos afecta por todos debe ser decidido. Lo que significa que la minoría kosovar no puede decidir unilateralmente el futuro de Serbia.
Europa tiene una grave responsabilidad en la crisis balcánica. La UE podía y debía haber mediado para que el conflicto se resolviera respetando el Derecho Internacional vigente. Bastaba con hacer saber a ambas partes que su adhesión a la Unión Europea exige como requisito previo un acuerdo de convivencia política de naturaleza federal. Lo que carece de sentido es que Europa aliente la fragmentación de Serbia, exigiéndole -como hizo el Consejo Europeo del pasado 14 de diciembre- como condición para su integración en la Unión Europea, su previa fragmentación en dos Estados diferentes. Y más asombroso resulta todavía que dicha fragmentación se justifique en términos de puro racismo, esto es, en la necesidad de construir un Estado de base étnica. El Gobierno de España, con independencia de quién resulte vencedor en las próximas elecciones generales, no puede ser cómplice de esa locura.
Si la agenda política nacional está marcada por las elecciones generales del próximo 9 de marzo, en la agenda internacional el conflicto de Kosovo ocupa, igualmente, un lugar central. La victoria de Boris Tadic en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Serbia el domingo contribuirá, sin duda, a acelerar los acontecimientos. Dicho triunfo pone de manifiesto que la ciudadanía serbia, rechazando al antioccidental Nicolik, ha votado por Europa y por el futuro. En este contexto, resultaría obligado que la Unión Europea abandonara su política antiserbia y asumiera un papel arbitral en el conflicto.
Se trata de un asunto aparentemente irresoluble por las posiciones absolutamente inconciliables de las partes. Por un lado, Serbia aspira a mantener la unidad y la integridad territorial del Estado, y por otro, la provincia de Kosovo aspira a la soberanía, esto es a la independencia plena del Estado Serbio. Estados Unidos y la Unión Europea se han colocado ya del lado de los secesionistas kosovares. Ahora bien, este posicionamiento supone, desde una perspectiva jurídica, una violación manifiesta y grave de todas las normas jurídicas internas e internacionales reguladoras de este tipo de conflictos. Y desde una perspectiva política, la creación de un peligroso precedente de creación de un Estado étnico por la fuerza.
En este contexto, la posición del Gobierno de España, del gobierno resultante de las próximas elecciones generales, resulta crucial. Los ciudadanos tenemos derecho a saber si Rodríguez Zapatero o Rajoy están dispuestos, o no, a aceptar una política de hechos consumados y reconocer a un hipotético nuevo Estado de Kosovo. Y ello porque el precedente kosovar será invocado por quienes defienden la utilización de un presunto derecho a la autodeterminación para llevar a cabo la fragmentación de España.
El Consejo Europeo celebrado el pasado 14 de diciembre transmitió a Serbia el mensaje de que si quiere ingresar en la Unión, previamente deberá aceptar la secesión de Kosovo. En ese marco, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha manifestado su voluntad de solucionar el conflicto de conformidad con la legalidad internacional y mediante una postura unitaria europea. Ahora bien, tal cosa parece imposible. Esto es, habrá que optar por reconocer la independencia de Kosovo, fórmula mayoritariamente aceptada por los Estados de la Unión, violando flagrantemente los principios fundamentales del Derecho Internacional vigente, o desmarcarse de la postura mayoritaria europea, por ilegal e ilegítima, reconociendo la integridad territorial de Serbia.
Creo que, en este contexto, por cuestión de mínima coherencia política, habría que desmarcarse de la posición europea. Es preciso que alguien enarbole la bandera de la razón y del derecho. España puede y debe actuar en defensa de la legalidad y la legitimidad internacionales. Por cuestión de principios, no puede aceptar que el Derecho Internacional sea violado y que se imponga en el orden internacional europeo un estado de naturaleza en el que todo vale (incluso la creación de Estados étnicos por la fuerza). La declaración de independencia de Kosovo sería manifiestamente ilegal no sólo por no contar con una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la avale, sino por su incompatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas que garantiza la integridad territorial de los Estados. El Gobierno de España debe actuar así también por defensa del interés nacional. Como advierten constantemente fuentes diplomáticas serbias y rusas, la ruptura de la legalidad internacional creará un precedente que podría oponerse a España en el caso de que en nuestro país se planteara una situación similar, esto es, una declaración unilateral de independencia por parte de una minoría nacionalista-secesionista. El nacimiento de un Kosovo independiente será considerado como un precedente político en virtud del cual se sostendrá que las fronteras existentes entre los Estados europeos pueden ser modificadas ilegalmente, y que es posible la creación de nuevos Estados por fragmentación de otros, sin contar con la voluntad de estos últimos.
En estas mismas páginas el profesor Taibo ha sostenido que todo esto son «monsergas». Como jurista y como demócrata, no creo que el respeto a la ley y al derecho sean monsergas. Antes bien, son la razón de ser y el fundamento de Europa como ideal y como proyecto ético. Por otro lado, resulta peligroso y falaz oponer -como hace el profesor Taibo- frente al Derecho, que consagra la integridad de Serbia, la supremacía de un supuesto principio democrático del que derivaría un también hipotético derecho a la secesión de Kosovo. Y ello por la razón evidente de que la formulación clásica del principio democrático reza que lo que a todos afecta por todos debe ser decidido. Lo que significa que la minoría kosovar no puede decidir unilateralmente el futuro de Serbia.
Europa tiene una grave responsabilidad en la crisis balcánica. La UE podía y debía haber mediado para que el conflicto se resolviera respetando el Derecho Internacional vigente. Bastaba con hacer saber a ambas partes que su adhesión a la Unión Europea exige como requisito previo un acuerdo de convivencia política de naturaleza federal. Lo que carece de sentido es que Europa aliente la fragmentación de Serbia, exigiéndole -como hizo el Consejo Europeo del pasado 14 de diciembre- como condición para su integración en la Unión Europea, su previa fragmentación en dos Estados diferentes. Y más asombroso resulta todavía que dicha fragmentación se justifique en términos de puro racismo, esto es, en la necesidad de construir un Estado de base étnica. El Gobierno de España, con independencia de quién resulte vencedor en las próximas elecciones generales, no puede ser cómplice de esa locura.
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