Por Barnett R. Rubin es director de Estudios del Centro para la Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia (EL PAÍS, 13/11/07):
El atentado terrorista que el pasado 6 de noviembre mató a 70 personas, entre ellas 59 escolares, en la provincia de Baghlan, en el norte de Afganistán, simboliza la situación en la que se encuentra hoy el país: los avances que había hecho en los últimos años corren grave peligro a causa del deterioro de la seguridad.
La comisión económica de la Cámara Baja de la Asamblea Nacional había ido allí, procedente de Kabul, para celebrar la reestructuración de una fábrica de azúcar de propiedad estatal. Es un proyecto para el que habían prestado ayuda técnica tanto el Gobierno alemán como varias empresas alemanas. La Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación había contribuido a organizar a los agricultores con el fin de garantizar el abastecimiento constante de las materias primas. Un programa financiado por USAID había ayudado al Gobierno a reestructurar la empresa para su privatización.
Esta fábrica es el tipo de empresa que el Gobierno afgano considera fundamental para escapar de las garras de la pobreza, la inseguridad, el desempleo y el narcotráfico. La fábrica de azúcar crea puestos de trabajo porque añade valor a una cosecha comercial, la remolacha azucarera, con lo que garantiza a los campesinos unos ingresos lícitos estables.
En la delegación de Kabul figuraban varios de los más destacados líderes de la Asamblea Nacional afgana, elegida en el otoño de 2005 después de más de tres decenios en los que el país ha vivido prácticamente sin ningún órgano electo. El presidente de la comisión económica, Sayed Mustafa Kazemi, que murió en el atentado, era un dirigente político de la minoría chií del país. Perteneciente a un grupo cuyos miembros ni siquiera habían disfrutado de igualdad como ciudadanos durante gran parte de la historia de Afganistán, se convirtió en destacado portavoz de la oposición. Fue a Baghlan acompañado de parlamentarios de todas las regiones y todos los grupos étnicos de la zona.
Al comenzar su visita, la delegación fue recibida por funcionarios locales y por ancianos de todas las comunidades de esta provincia. Niños vestidos con el traje nacional se reunieron para darle la bienvenida con cantos patrióticos. La expansión del sistema escolar es uno de los logros de los que más se enorgullece el país. Este año se han inscrito en los colegios más de seis millones de niños. Por primera vez en la historia, esa cifra constituye más de la mitad de la población en edad escolar. Pero cuando los niños se disponían a cantar, se produjo una explosión, seguramente causada por un terrorista suicida, que mató a Kazemi, a otros cinco parlamentarios y a 59 niños y profesores. Fue el mayor atentado terrorista desde la instauración del nuevo Gobierno afgano, a finales de 2001.
¿Quién llevó a cabo el atentado? La primera sospecha recayó sobre los talibanes, los antiguos gobernantes, que han establecido bases seguras en las áreas tribales de Pakistán y su provincia de Baluchistán. Junto al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, y otros grupos islamistas afganos, han aprovechado la desatención de Washington y la connivencia de Islamabad para reestablecer gran parte de la base logística que poseían en Afganistán. Según un reciente informe de la ONU, algunos talibanes han establecido bases de entrenamiento para cometer atentados suicidas en zonas tribales de Pakistán, donde reciben ayuda de Al Qaeda. Efectivamente, Pakistán se ha convertido, más que en un área para actuar en Afganistán, en un nuevo escenario de una guerra regional.
Mientras el presidente paquistaní, Pervez Musharraf, lucha contra las que considera las principales amenazas para su poder personal -el sistema legal y judicial del país, los políticos de la oposición, los medios independientes y la sociedad civil-, en las zonas tribales de su país está asentándose un emirato islámico, dirigido por talibanes afganos y paquistaníes, que gana cada vez más terreno.
En cuanto a Afganistán, los combatientes talibanes se encuentran ya a menos de una hora de la capital. Para poder construir nuevas torres de telefonía móvil, necesarias por el rápido crecimiento que está teniendo dicho sector, las empresas tienen que llegar a acuerdos con los talibanes en todo el sur, el este y gran parte del oeste del país.
Las compensaciones por la telefonía móvil no son la única fuente de ingresos de los talibanes. Este año, la producción de opio ha crecido un 40% y se ha asentado, sobre todo, en zonas controladas por ellos. Las presiones de Estados Unidos para implantar un programa como el de Colombia, de fumigación aérea de las cosechas en las zonas controladas por los rebeldes, ha suscitado polémica con las autoridades y entre los gobiernos aliados. En especial, los británicos afirman que esa política represiva no detendría realmente a los talibanes y haría que los agricultores dieran la espalda al Gobierno y se aliaran con los rebeldes.
Sin embargo, un portavoz de los talibanes ha negado que su organización tuviera que ver con la matanza de Baghlan. En general, los antiguos gobernantes, cada vez más sensibles a la opinión pública, y envueltos en un intento de diálogo con el Gobierno, no suelen realizar atentados contra grandes concentraciones de gente. Han utilizado a sus terroristas suicidas contra el ejército y la policía, así como contra contingentes militares de la OTAN. Este incidente, en cambio, recuerda más a las tácticas empleadas por los extremistas suníes asociados con Al Qaeda en Irak.
Hace un año, un funcionario iraní me advirtió de que estaban yendo árabes de Irak a Pakistán y Afganistán para entrenar a afganos y paquistaníes en esas tácticas. Quería transmitir esa información al Gobierno de EE UU pero, debido a la escalada del conflicto entre Washington y Teherán, sólo podía hablar conmigo, que era un ciudadano particular. El objetivo de esos atentados sería desencadenar luchas étnicas y sectarias en Afganistán.
Por desgracia, es posible que lo consigan. Después del atentado, los partidarios de Kazemi han denunciado que él era el objetivo principal y que los responsables son los miembros de otro grupo enfrentado al Gobierno, el Hizb-I Islami (Partido Islámico) de Gulbuddin Hikmatyar, viejo cliente de Pakistán, que en otro tiempo contó con el sólido respaldo de la CIA y ahora es aliado de Al Qaeda. Algunos de los jefes de este grupo apoyaron a los talibanes, pero luego se incorporaron al Gobierno de Karzai.
Algunos seguidores de Kazemi aseguran que su asesinato forma parte de un plan más amplio. Las conversaciones entre el Gobierno y los talibanes, dicen, forman parte de un plan para formar una alianza pashtún, apoyada por Pakistán y Estados Unidos, con el fin de desplazar a la Alianza del Norte, mayoritariamente no pashtún y que ha recibido ayuda de Irán. Kazemi estaba considerado como uno de los parlamentarios afganos más próximos a Irán, sobre todo por parte de los servicios de seguridad.
El enfrentamiento creciente entre Estados Unidos e Irán contribuye a desestabilizar Afganistán. Estos dos países respaldaron la coalición de la Alianza del Norte con el presidente Karzai y otros dirigentes pashtunes en 2001. A medida que se avecina el choque entre Washington y Teherán por el programa nuclear iraní y la situación en Irak, cada una de las partes está tratando de consolidar sus alianzas en Afganistán. El responsable de la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido que, si Estados Unidos ataca, Irán llevaría a cabo una serie de atentados devastadores en Irak y Afganistán.
Los afganos tienen cada vez más miedo de que también esté en juego la supervivencia de su país. En 2001, daba la impresión de que todas las potencias regionales y mundiales estaban de acuerdo sobre unas nuevas condiciones políticas para estabilizar la situación, que incluían el apoyo a una amplia coalición. Ahora, esa coalición está a punto de romperse, tanto dentro de Afganistán como en el ámbito internacional. Si se desintegra, ni las fábricas de azúcar ni los teléfonos móviles podrán salvar el país.
El atentado terrorista que el pasado 6 de noviembre mató a 70 personas, entre ellas 59 escolares, en la provincia de Baghlan, en el norte de Afganistán, simboliza la situación en la que se encuentra hoy el país: los avances que había hecho en los últimos años corren grave peligro a causa del deterioro de la seguridad.
La comisión económica de la Cámara Baja de la Asamblea Nacional había ido allí, procedente de Kabul, para celebrar la reestructuración de una fábrica de azúcar de propiedad estatal. Es un proyecto para el que habían prestado ayuda técnica tanto el Gobierno alemán como varias empresas alemanas. La Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación había contribuido a organizar a los agricultores con el fin de garantizar el abastecimiento constante de las materias primas. Un programa financiado por USAID había ayudado al Gobierno a reestructurar la empresa para su privatización.
Esta fábrica es el tipo de empresa que el Gobierno afgano considera fundamental para escapar de las garras de la pobreza, la inseguridad, el desempleo y el narcotráfico. La fábrica de azúcar crea puestos de trabajo porque añade valor a una cosecha comercial, la remolacha azucarera, con lo que garantiza a los campesinos unos ingresos lícitos estables.
En la delegación de Kabul figuraban varios de los más destacados líderes de la Asamblea Nacional afgana, elegida en el otoño de 2005 después de más de tres decenios en los que el país ha vivido prácticamente sin ningún órgano electo. El presidente de la comisión económica, Sayed Mustafa Kazemi, que murió en el atentado, era un dirigente político de la minoría chií del país. Perteneciente a un grupo cuyos miembros ni siquiera habían disfrutado de igualdad como ciudadanos durante gran parte de la historia de Afganistán, se convirtió en destacado portavoz de la oposición. Fue a Baghlan acompañado de parlamentarios de todas las regiones y todos los grupos étnicos de la zona.
Al comenzar su visita, la delegación fue recibida por funcionarios locales y por ancianos de todas las comunidades de esta provincia. Niños vestidos con el traje nacional se reunieron para darle la bienvenida con cantos patrióticos. La expansión del sistema escolar es uno de los logros de los que más se enorgullece el país. Este año se han inscrito en los colegios más de seis millones de niños. Por primera vez en la historia, esa cifra constituye más de la mitad de la población en edad escolar. Pero cuando los niños se disponían a cantar, se produjo una explosión, seguramente causada por un terrorista suicida, que mató a Kazemi, a otros cinco parlamentarios y a 59 niños y profesores. Fue el mayor atentado terrorista desde la instauración del nuevo Gobierno afgano, a finales de 2001.
¿Quién llevó a cabo el atentado? La primera sospecha recayó sobre los talibanes, los antiguos gobernantes, que han establecido bases seguras en las áreas tribales de Pakistán y su provincia de Baluchistán. Junto al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, y otros grupos islamistas afganos, han aprovechado la desatención de Washington y la connivencia de Islamabad para reestablecer gran parte de la base logística que poseían en Afganistán. Según un reciente informe de la ONU, algunos talibanes han establecido bases de entrenamiento para cometer atentados suicidas en zonas tribales de Pakistán, donde reciben ayuda de Al Qaeda. Efectivamente, Pakistán se ha convertido, más que en un área para actuar en Afganistán, en un nuevo escenario de una guerra regional.
Mientras el presidente paquistaní, Pervez Musharraf, lucha contra las que considera las principales amenazas para su poder personal -el sistema legal y judicial del país, los políticos de la oposición, los medios independientes y la sociedad civil-, en las zonas tribales de su país está asentándose un emirato islámico, dirigido por talibanes afganos y paquistaníes, que gana cada vez más terreno.
En cuanto a Afganistán, los combatientes talibanes se encuentran ya a menos de una hora de la capital. Para poder construir nuevas torres de telefonía móvil, necesarias por el rápido crecimiento que está teniendo dicho sector, las empresas tienen que llegar a acuerdos con los talibanes en todo el sur, el este y gran parte del oeste del país.
Las compensaciones por la telefonía móvil no son la única fuente de ingresos de los talibanes. Este año, la producción de opio ha crecido un 40% y se ha asentado, sobre todo, en zonas controladas por ellos. Las presiones de Estados Unidos para implantar un programa como el de Colombia, de fumigación aérea de las cosechas en las zonas controladas por los rebeldes, ha suscitado polémica con las autoridades y entre los gobiernos aliados. En especial, los británicos afirman que esa política represiva no detendría realmente a los talibanes y haría que los agricultores dieran la espalda al Gobierno y se aliaran con los rebeldes.
Sin embargo, un portavoz de los talibanes ha negado que su organización tuviera que ver con la matanza de Baghlan. En general, los antiguos gobernantes, cada vez más sensibles a la opinión pública, y envueltos en un intento de diálogo con el Gobierno, no suelen realizar atentados contra grandes concentraciones de gente. Han utilizado a sus terroristas suicidas contra el ejército y la policía, así como contra contingentes militares de la OTAN. Este incidente, en cambio, recuerda más a las tácticas empleadas por los extremistas suníes asociados con Al Qaeda en Irak.
Hace un año, un funcionario iraní me advirtió de que estaban yendo árabes de Irak a Pakistán y Afganistán para entrenar a afganos y paquistaníes en esas tácticas. Quería transmitir esa información al Gobierno de EE UU pero, debido a la escalada del conflicto entre Washington y Teherán, sólo podía hablar conmigo, que era un ciudadano particular. El objetivo de esos atentados sería desencadenar luchas étnicas y sectarias en Afganistán.
Por desgracia, es posible que lo consigan. Después del atentado, los partidarios de Kazemi han denunciado que él era el objetivo principal y que los responsables son los miembros de otro grupo enfrentado al Gobierno, el Hizb-I Islami (Partido Islámico) de Gulbuddin Hikmatyar, viejo cliente de Pakistán, que en otro tiempo contó con el sólido respaldo de la CIA y ahora es aliado de Al Qaeda. Algunos de los jefes de este grupo apoyaron a los talibanes, pero luego se incorporaron al Gobierno de Karzai.
Algunos seguidores de Kazemi aseguran que su asesinato forma parte de un plan más amplio. Las conversaciones entre el Gobierno y los talibanes, dicen, forman parte de un plan para formar una alianza pashtún, apoyada por Pakistán y Estados Unidos, con el fin de desplazar a la Alianza del Norte, mayoritariamente no pashtún y que ha recibido ayuda de Irán. Kazemi estaba considerado como uno de los parlamentarios afganos más próximos a Irán, sobre todo por parte de los servicios de seguridad.
El enfrentamiento creciente entre Estados Unidos e Irán contribuye a desestabilizar Afganistán. Estos dos países respaldaron la coalición de la Alianza del Norte con el presidente Karzai y otros dirigentes pashtunes en 2001. A medida que se avecina el choque entre Washington y Teherán por el programa nuclear iraní y la situación en Irak, cada una de las partes está tratando de consolidar sus alianzas en Afganistán. El responsable de la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido que, si Estados Unidos ataca, Irán llevaría a cabo una serie de atentados devastadores en Irak y Afganistán.
Los afganos tienen cada vez más miedo de que también esté en juego la supervivencia de su país. En 2001, daba la impresión de que todas las potencias regionales y mundiales estaban de acuerdo sobre unas nuevas condiciones políticas para estabilizar la situación, que incluían el apoyo a una amplia coalición. Ahora, esa coalición está a punto de romperse, tanto dentro de Afganistán como en el ámbito internacional. Si se desintegra, ni las fábricas de azúcar ni los teléfonos móviles podrán salvar el país.
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