Por Javier Tajadura Tejada (EL CORREO DIGITAL, 09/05/08):
Durante los últimos meses, las primarias del Partido Demócrata en las que será elegido el candidato de esta formación a la presidencia de Estados Unidos han ocupado muchas páginas de nuestros medios de comunicación. Todos hemos seguido con atención el duelo entre Hillary Clinton y Barack Obama. La campaña que finalmente enfrente al aspirante demócrata con el republicano Mc-Cain será igualmente objeto de un tratamiento informativo privilegiado. Las propuestas, promesas y proyectos de los diferentes candidatos han sido analizados y expuestos a la opinión pública europea en general, y española en particular. Este interés por la campaña presidencial norteamericana es plenamente comprensible en la medida en que de lo que se trata es de elegir a la persona que va a ocupar una de las magistraturas más poderosas del planeta: la presidencia de Estados Unidos. Dicha elección no puede dejarnos indiferentes puesto que los efectos de muchas de las decisiones que tome el futuro presidente norteamericano trascenderán sus fronteras y se harán sentir en Europa.
Ahora bien, si el interés mostrado por las elecciones presidenciales de Estados Unidos resulta sobradamente justificado, lo que resulta asombroso y, ciertamente, preocupante es el desinterés que existe por la elección del que será primer presidente de Europa, esto es, el presidente del Consejo Europeo. Y es que de la misma manera que un nuevo presidente tomará posesión, en Washington, en enero de 2009, cabe prever que pocos meses después tome posesión de su cargo, en Bruselas, el presidente de Europa.
Tras la reforma operada por el Tratado de Lisboa (que previsiblemente entrará en vigor el año próximo), el Tratado de la Unión Europea incluye al Consejo Europeo entre las instituciones de la Unión y le atribuye funciones políticas de capital importancia. El Consejo Europeo, como es sabido, está integrado por los jefes de Estado o de gobierno de los países miembros, así como por el presidente de la Comisión y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El artículo 15 del Tratado establece que el Consejo Europeo «dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales». Y lo que resulta una innovación fundamental es que para acabar con la excesiva y disfuncional rotación presidencial según la cual cada seis meses un jefe de gobierno de un país miembro asumía la presidencia, el Tratado prevé que «el Consejo Europeo elegirá a su presidente por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio, que podrá renovarse una sola vez». Importa destacar también de este precepto que, frente a la regla general de toma de decisiones por consenso, la designación del presidente es un acto para cuya adopción basta una mayoría cualificada. Al presidente le corresponde, a su vez, la función de «impulsar los trabajos del Consejo Europeo». En este contexto, no creo que sea exagerado afirmar que el futuro del proyecto de integración política de Europa depende, de una u otra suerte, de quién sea la persona que ocupe tan relevante cargo. Europa necesita un presidente que le permita superar la situación de profunda crisis que atraviesa desde el fracaso del Tratado Constitucional.
La crisis de identidad que sufre Europa tiene su origen en la coexistencia de dos concepciones enfrentadas sobre el proyecto europeo. La primera es la de quienes aspiramos al establecimiento de una auténtica unión política (de naturaleza federal) capaz de hacer frente a los grandes retos del siglo XXI. Esta aspiración se basa en la convicción de que el círculo de tareas que por su naturaleza puede ser realizado en mejor manera por los Estados está hoy muy contraído. El Estado nacional se encuentra ya inerme frente a desafíos como el cambio climático, la criminalidad organizada, las crisis sanitarias (’vacas locas’, gripe aviar) o el reto de la inmigración. En esos y en otros muchos campos se requiere una respuesta europea. Dicho con otras palabras, el ámbito de decisión política democrática debe trasladarse del plano nacional al plano europeo. Y ello incluye, innecesario es recordarlo, dotar a la Unión de una política exterior y de seguridad común.
Esta concepción suscita, en algunos Estados miembros (singularmente Reino Unido), y en determinadas formaciones políticas, un rechazo profundo. Los que se oponen a la construcción de una Europa federal pretenden diluir el proyecto europeo en un mero mercado único. Se presentan como defensores de una soberanía nacional (que es más formal que real) y no sólo se oponen a transferir a la Unión más competencias, sino que expresamente aspiran a la renacionalización de ciertas políticas. Por otro lado, defienden la existencia de políticas exteriores propias e independientes, generalmente más vinculadas a Washington que a intereses específicamente europeos. Dicho con otras palabras, están a favor de una Europa de libre cambio, de una Europa económica, pero se oponen al nacimiento de una Europa política.
Éste es el marco en que se desenvuelve el debate político europeo y el que explica que el porvenir de Europa dependerá, en gran medida, de la concepción que del proyecto de integración albergue y defienda el futuro presidente del Consejo Europeo.
En el momento presente, en algunos círculos se baraja ya una candidatura para el cargo que nos ocupa: la del antiguo primer ministro británico Tony Blair. La candidatura británica contaría con el apoyo de Francia y existen razones para creer que Italia también podría respaldarla. En este sentido, es preciso advertir de que la posibilidad de que Tony Blair se convierta en el primer presidente de Europa supone una muy seria amenaza para el proceso de integración europea. Reino Unido ha sido y es el principal defensor de la visión mercantilista de la Unión: no ha adoptado el euro, no forma parte del ‘espacio Schengen’, no se encuentra vinculado por la Carta Europea de derechos fundamentales y se muestra totalmente contrario a la existencia de una política exterior común europea.
Ante la posible candidatura de Blair, resulta obligado que los partidarios de la Europa federal presenten un candidato alternativo. Alemania y España tienen, en esta situación, una gran responsabilidad. Ambos Estados debieran proponer a una personalidad relevante, cuyo compromiso con Europa sea incuestionable y capaz de suscitar el consenso entre el Partido de los Socialistas Europeos y el Partido Popular Europeo. Debe tratarse de un candidato con capacidad y con voluntad de profundizar en la integración de una Europa de 27 Estados. Ello exigirá, inexcusablemente, certificar que el mecanismo tradicional de reforma de los Tratados por unanimidad ha quedado definitivamente agotado. La principal tarea del nuevo presidente debiera consistir precisamente en impulsar una reforma de la Unión en la que no quepa (como hasta ahora) el derecho de veto.
Durante los últimos meses, las primarias del Partido Demócrata en las que será elegido el candidato de esta formación a la presidencia de Estados Unidos han ocupado muchas páginas de nuestros medios de comunicación. Todos hemos seguido con atención el duelo entre Hillary Clinton y Barack Obama. La campaña que finalmente enfrente al aspirante demócrata con el republicano Mc-Cain será igualmente objeto de un tratamiento informativo privilegiado. Las propuestas, promesas y proyectos de los diferentes candidatos han sido analizados y expuestos a la opinión pública europea en general, y española en particular. Este interés por la campaña presidencial norteamericana es plenamente comprensible en la medida en que de lo que se trata es de elegir a la persona que va a ocupar una de las magistraturas más poderosas del planeta: la presidencia de Estados Unidos. Dicha elección no puede dejarnos indiferentes puesto que los efectos de muchas de las decisiones que tome el futuro presidente norteamericano trascenderán sus fronteras y se harán sentir en Europa.
Ahora bien, si el interés mostrado por las elecciones presidenciales de Estados Unidos resulta sobradamente justificado, lo que resulta asombroso y, ciertamente, preocupante es el desinterés que existe por la elección del que será primer presidente de Europa, esto es, el presidente del Consejo Europeo. Y es que de la misma manera que un nuevo presidente tomará posesión, en Washington, en enero de 2009, cabe prever que pocos meses después tome posesión de su cargo, en Bruselas, el presidente de Europa.
Tras la reforma operada por el Tratado de Lisboa (que previsiblemente entrará en vigor el año próximo), el Tratado de la Unión Europea incluye al Consejo Europeo entre las instituciones de la Unión y le atribuye funciones políticas de capital importancia. El Consejo Europeo, como es sabido, está integrado por los jefes de Estado o de gobierno de los países miembros, así como por el presidente de la Comisión y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El artículo 15 del Tratado establece que el Consejo Europeo «dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales». Y lo que resulta una innovación fundamental es que para acabar con la excesiva y disfuncional rotación presidencial según la cual cada seis meses un jefe de gobierno de un país miembro asumía la presidencia, el Tratado prevé que «el Consejo Europeo elegirá a su presidente por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio, que podrá renovarse una sola vez». Importa destacar también de este precepto que, frente a la regla general de toma de decisiones por consenso, la designación del presidente es un acto para cuya adopción basta una mayoría cualificada. Al presidente le corresponde, a su vez, la función de «impulsar los trabajos del Consejo Europeo». En este contexto, no creo que sea exagerado afirmar que el futuro del proyecto de integración política de Europa depende, de una u otra suerte, de quién sea la persona que ocupe tan relevante cargo. Europa necesita un presidente que le permita superar la situación de profunda crisis que atraviesa desde el fracaso del Tratado Constitucional.
La crisis de identidad que sufre Europa tiene su origen en la coexistencia de dos concepciones enfrentadas sobre el proyecto europeo. La primera es la de quienes aspiramos al establecimiento de una auténtica unión política (de naturaleza federal) capaz de hacer frente a los grandes retos del siglo XXI. Esta aspiración se basa en la convicción de que el círculo de tareas que por su naturaleza puede ser realizado en mejor manera por los Estados está hoy muy contraído. El Estado nacional se encuentra ya inerme frente a desafíos como el cambio climático, la criminalidad organizada, las crisis sanitarias (’vacas locas’, gripe aviar) o el reto de la inmigración. En esos y en otros muchos campos se requiere una respuesta europea. Dicho con otras palabras, el ámbito de decisión política democrática debe trasladarse del plano nacional al plano europeo. Y ello incluye, innecesario es recordarlo, dotar a la Unión de una política exterior y de seguridad común.
Esta concepción suscita, en algunos Estados miembros (singularmente Reino Unido), y en determinadas formaciones políticas, un rechazo profundo. Los que se oponen a la construcción de una Europa federal pretenden diluir el proyecto europeo en un mero mercado único. Se presentan como defensores de una soberanía nacional (que es más formal que real) y no sólo se oponen a transferir a la Unión más competencias, sino que expresamente aspiran a la renacionalización de ciertas políticas. Por otro lado, defienden la existencia de políticas exteriores propias e independientes, generalmente más vinculadas a Washington que a intereses específicamente europeos. Dicho con otras palabras, están a favor de una Europa de libre cambio, de una Europa económica, pero se oponen al nacimiento de una Europa política.
Éste es el marco en que se desenvuelve el debate político europeo y el que explica que el porvenir de Europa dependerá, en gran medida, de la concepción que del proyecto de integración albergue y defienda el futuro presidente del Consejo Europeo.
En el momento presente, en algunos círculos se baraja ya una candidatura para el cargo que nos ocupa: la del antiguo primer ministro británico Tony Blair. La candidatura británica contaría con el apoyo de Francia y existen razones para creer que Italia también podría respaldarla. En este sentido, es preciso advertir de que la posibilidad de que Tony Blair se convierta en el primer presidente de Europa supone una muy seria amenaza para el proceso de integración europea. Reino Unido ha sido y es el principal defensor de la visión mercantilista de la Unión: no ha adoptado el euro, no forma parte del ‘espacio Schengen’, no se encuentra vinculado por la Carta Europea de derechos fundamentales y se muestra totalmente contrario a la existencia de una política exterior común europea.
Ante la posible candidatura de Blair, resulta obligado que los partidarios de la Europa federal presenten un candidato alternativo. Alemania y España tienen, en esta situación, una gran responsabilidad. Ambos Estados debieran proponer a una personalidad relevante, cuyo compromiso con Europa sea incuestionable y capaz de suscitar el consenso entre el Partido de los Socialistas Europeos y el Partido Popular Europeo. Debe tratarse de un candidato con capacidad y con voluntad de profundizar en la integración de una Europa de 27 Estados. Ello exigirá, inexcusablemente, certificar que el mecanismo tradicional de reforma de los Tratados por unanimidad ha quedado definitivamente agotado. La principal tarea del nuevo presidente debiera consistir precisamente en impulsar una reforma de la Unión en la que no quepa (como hasta ahora) el derecho de veto.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario