Por Rafael Blasco Castany, consejero de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana (EL MUNDO, 03/06/08):
España es el segundo país del mundo, tras EEUU, en flujo migratorio y, si nos atenemos a los informes de Naciones Unidas de 2007, el décimo en número de residentes extranjeros con casi 4.500.000 -de ellos, el 33% no tiene permiso de residencia-. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2.073.658 estaban dados de alta en la Seguridad Social en marzo de este año.
Durante el periodo 2000-2006, más del 38% del crecimiento medio del PIB anual de España se puede asignar a la inmigración. Por comunidades, el efecto mayor se encuentra en Baleares (82,08%), La Rioja (69,61%), Comunidad Valenciana (60,41%), Canarias (55,21%), Murcia (54,18%), Cataluña (45,24%) y Madrid (44,80%). Estamos, por tanto, ante un fenómeno que no tiene vuelta atrás. Sus beneficios sociales, económicos, culturales y humanitarios están fuera de toda duda. Pero no es menos cierto que, por su novedad, es un fenómeno que requiere iniciativas novedosas.
La inmigración es intensamente beneficiosa para los países receptores. Pero su aporte a las regiones de acogida tiene su contrapunto en la descapitalización humana de los países de origen. Y más aún. Como ocurre en todo fenómeno social, una mala gestión puede trastocar todos los beneficios. El ejemplo más claro es la pésima gestión del fenómeno de la inmigración en los últimos años por parte del Gobierno socialista. Se ha pasado de la política de aventuras de la pasada legislatura al discurso de contención actual. Un cambio radical de posición mientras el número de personas en situación irregular continúa creciendo.
La inmigración es un fenómeno positivo. La suma de sus ventajas es muy superior a los peligros que acechan su mala gestión. Hay enriquecimiento cultural mutuo. La tolerancia se pone a prueba y se afianza. Las condiciones de vida de muchos de ellos se ven mejoradas. Las sociedades suman proyectos y propuestas, y establecen nuevos vínculos tanto desde el punto de vista humano como de las relaciones políticas. Y eso por no hablar de las ventajas económicas.
Los nuevos españoles han aportado más de un tercio del crecimiento económico de este país. Han generado superávit para los presupuestos públicos y han dinamizado la demanda de diversos sectores económicos. Han impulsado la demanda de bienes y servicios, especialmente en los capítulos de vivienda, alimentación y transporte. Y, además, las remesas enviadas a sus familias han ascendido a 8.300 millones de euros. Una cifra muy superior a la que España destina a cooperación exterior.
Sin embargo, el debate sobre las migraciones es complejo. Sus aristas afectan al lado humanitario de las sociedades. También al económico, al social y al cultural; pero especialmente al humano. En una sociedad moderna, los derechos van más allá de la Declaración de Derechos Humanos. No hay que blindar las sociedades ricas, pero hay que establecer los cauces legales para que toda persona que emigre a otro país pueda hacerlo con garantías jurídicas, laborales y sociales.
Sin entrar en el asunto de las competencias estatales o autonómicas, y dejando de lado los asuntos referentes a vigilancia de límites y fronteras, regulaciones o extradiciones, lo evidente es que las personas extranjeras que viven en España lo hacen en el seno de una sociedad democrática. Y ésta tiene sus normas, su historia y una capacidad propia de regenerarse, compartida por la mayoría y abierta al intercambio. A nadie se le debe obligar a formar parte de ella. Pero nadie tampoco debe atacarla. Hay que enriquecerla. Y eso es la integración: un compromiso voluntario del ciudadano con la sociedad de acogida. Ni un paso más. Pero tampoco ni un paso menos.
Este es el eje sobre el que gira la propuesta de inmigración de Mariano Rajoy para toda España, y que, en el ámbito competencial autonómico, la Comunidad Valenciana pone en marcha desde el respeto constitucional a las competencias, tanto estatales como autonómicas.
De lo que se trata es de que quien llegue pueda tener acceso al conocimiento de las nociones básicas para la convivencia en la sociedad española, y de que, a través de ese conocimiento, ellas mismas sean las que decidan el grado o la intensidad con la que quieran llevar su integración social, o de participar socialmente, sin necesidad alguna de renunciar a su cultura y a su modelo individual y social, siempre que no entre en colisión con la legalidad de la sociedad de acogida.
Los ciudadanos españoles tenemos una larga tradición de educación obligatoria. Desde la escuela se inculcan valores como el humanismo, la democracia, la participación o la solidaridad. Unos valores que, pese a su extensión por todo el mundo, no han cuajado de igual modo en todas las regiones del planeta. Y eso genera distorsiones internacionales. Pero en el actual fenómeno de la inmigración muchas de estas tensiones, aun cuando individuales, pueden irradiarse a sociedades aparentemente inmunes.
Muchos países europeos han dado ya esta paso. Sociedades avanzadas en países como Bélgica, el Reino Unido, Francia, Suecia o Dinamarca han hecho de la integración un compromiso entre la sociedad de acogida y el recién llegado.
Este es el caso del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que, dentro del marco constitucional de sus competencias, mediante una iniciativa legislativa, quiere ofrecer a los ciudadanos extranjeros la posibilidad de comprometerse voluntariamente. Un compromiso que agilizará enormemente el proceso de información sobre la sociedad valenciana y española y hará que las personas extranjeras recién llegadas puedan resolver con mayor facilidad sus dudas y buscar soluciones a sus problemas a través de las distintas organizaciones e instituciones públicas y privadas que estarán a su disposición con ese fin.
Una actuación del Gobierno de la Generalitat por la que se compromete a poner a disposición de los recién llegados los instrumentos necesarios para favorecer su integración, como cursos de idiomas, formación, contextualización social, etcétera. Y asume el compromiso de respetar la cultura de estas personas siempre que sea acorde con nuestro marco democrático-constitucional.
Por otro lado, los extranjeros residentes en la Comunitat Valenciana se comprometen a conocer y respetar los valores, principios y costumbres españolas y valencianas, así como a utilizar los medios que pone a su disposición la Generalitat para facilitar su integración.
Es una medida útil, integradora y beneficiosa para el conjunto de la sociedad valenciana y que debería ser tomada como ejemplo dentro del ámbito del Estado español, estableciendo unas pautas básicas de compromiso para todos los extranjeros no comunitarios que lleguen a España, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan, que podría ampliarse con las peculiaridades de cada una de ellas.
Un instrumento que, como su propio nombre indica, pretende impulsar la integración social de las personas inmigrantes que aquí residen, porque nuestra sociedad requiere de esa integración social para conformar un futuro sin tensiones sociales, ni discriminaciones por cuestión de raza, sexo o confesión, tal y como proclama nuestra Constitución.
España es el segundo país del mundo, tras EEUU, en flujo migratorio y, si nos atenemos a los informes de Naciones Unidas de 2007, el décimo en número de residentes extranjeros con casi 4.500.000 -de ellos, el 33% no tiene permiso de residencia-. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2.073.658 estaban dados de alta en la Seguridad Social en marzo de este año.
Durante el periodo 2000-2006, más del 38% del crecimiento medio del PIB anual de España se puede asignar a la inmigración. Por comunidades, el efecto mayor se encuentra en Baleares (82,08%), La Rioja (69,61%), Comunidad Valenciana (60,41%), Canarias (55,21%), Murcia (54,18%), Cataluña (45,24%) y Madrid (44,80%). Estamos, por tanto, ante un fenómeno que no tiene vuelta atrás. Sus beneficios sociales, económicos, culturales y humanitarios están fuera de toda duda. Pero no es menos cierto que, por su novedad, es un fenómeno que requiere iniciativas novedosas.
La inmigración es intensamente beneficiosa para los países receptores. Pero su aporte a las regiones de acogida tiene su contrapunto en la descapitalización humana de los países de origen. Y más aún. Como ocurre en todo fenómeno social, una mala gestión puede trastocar todos los beneficios. El ejemplo más claro es la pésima gestión del fenómeno de la inmigración en los últimos años por parte del Gobierno socialista. Se ha pasado de la política de aventuras de la pasada legislatura al discurso de contención actual. Un cambio radical de posición mientras el número de personas en situación irregular continúa creciendo.
La inmigración es un fenómeno positivo. La suma de sus ventajas es muy superior a los peligros que acechan su mala gestión. Hay enriquecimiento cultural mutuo. La tolerancia se pone a prueba y se afianza. Las condiciones de vida de muchos de ellos se ven mejoradas. Las sociedades suman proyectos y propuestas, y establecen nuevos vínculos tanto desde el punto de vista humano como de las relaciones políticas. Y eso por no hablar de las ventajas económicas.
Los nuevos españoles han aportado más de un tercio del crecimiento económico de este país. Han generado superávit para los presupuestos públicos y han dinamizado la demanda de diversos sectores económicos. Han impulsado la demanda de bienes y servicios, especialmente en los capítulos de vivienda, alimentación y transporte. Y, además, las remesas enviadas a sus familias han ascendido a 8.300 millones de euros. Una cifra muy superior a la que España destina a cooperación exterior.
Sin embargo, el debate sobre las migraciones es complejo. Sus aristas afectan al lado humanitario de las sociedades. También al económico, al social y al cultural; pero especialmente al humano. En una sociedad moderna, los derechos van más allá de la Declaración de Derechos Humanos. No hay que blindar las sociedades ricas, pero hay que establecer los cauces legales para que toda persona que emigre a otro país pueda hacerlo con garantías jurídicas, laborales y sociales.
Sin entrar en el asunto de las competencias estatales o autonómicas, y dejando de lado los asuntos referentes a vigilancia de límites y fronteras, regulaciones o extradiciones, lo evidente es que las personas extranjeras que viven en España lo hacen en el seno de una sociedad democrática. Y ésta tiene sus normas, su historia y una capacidad propia de regenerarse, compartida por la mayoría y abierta al intercambio. A nadie se le debe obligar a formar parte de ella. Pero nadie tampoco debe atacarla. Hay que enriquecerla. Y eso es la integración: un compromiso voluntario del ciudadano con la sociedad de acogida. Ni un paso más. Pero tampoco ni un paso menos.
Este es el eje sobre el que gira la propuesta de inmigración de Mariano Rajoy para toda España, y que, en el ámbito competencial autonómico, la Comunidad Valenciana pone en marcha desde el respeto constitucional a las competencias, tanto estatales como autonómicas.
De lo que se trata es de que quien llegue pueda tener acceso al conocimiento de las nociones básicas para la convivencia en la sociedad española, y de que, a través de ese conocimiento, ellas mismas sean las que decidan el grado o la intensidad con la que quieran llevar su integración social, o de participar socialmente, sin necesidad alguna de renunciar a su cultura y a su modelo individual y social, siempre que no entre en colisión con la legalidad de la sociedad de acogida.
Los ciudadanos españoles tenemos una larga tradición de educación obligatoria. Desde la escuela se inculcan valores como el humanismo, la democracia, la participación o la solidaridad. Unos valores que, pese a su extensión por todo el mundo, no han cuajado de igual modo en todas las regiones del planeta. Y eso genera distorsiones internacionales. Pero en el actual fenómeno de la inmigración muchas de estas tensiones, aun cuando individuales, pueden irradiarse a sociedades aparentemente inmunes.
Muchos países europeos han dado ya esta paso. Sociedades avanzadas en países como Bélgica, el Reino Unido, Francia, Suecia o Dinamarca han hecho de la integración un compromiso entre la sociedad de acogida y el recién llegado.
Este es el caso del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que, dentro del marco constitucional de sus competencias, mediante una iniciativa legislativa, quiere ofrecer a los ciudadanos extranjeros la posibilidad de comprometerse voluntariamente. Un compromiso que agilizará enormemente el proceso de información sobre la sociedad valenciana y española y hará que las personas extranjeras recién llegadas puedan resolver con mayor facilidad sus dudas y buscar soluciones a sus problemas a través de las distintas organizaciones e instituciones públicas y privadas que estarán a su disposición con ese fin.
Una actuación del Gobierno de la Generalitat por la que se compromete a poner a disposición de los recién llegados los instrumentos necesarios para favorecer su integración, como cursos de idiomas, formación, contextualización social, etcétera. Y asume el compromiso de respetar la cultura de estas personas siempre que sea acorde con nuestro marco democrático-constitucional.
Por otro lado, los extranjeros residentes en la Comunitat Valenciana se comprometen a conocer y respetar los valores, principios y costumbres españolas y valencianas, así como a utilizar los medios que pone a su disposición la Generalitat para facilitar su integración.
Es una medida útil, integradora y beneficiosa para el conjunto de la sociedad valenciana y que debería ser tomada como ejemplo dentro del ámbito del Estado español, estableciendo unas pautas básicas de compromiso para todos los extranjeros no comunitarios que lleguen a España, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan, que podría ampliarse con las peculiaridades de cada una de ellas.
Un instrumento que, como su propio nombre indica, pretende impulsar la integración social de las personas inmigrantes que aquí residen, porque nuestra sociedad requiere de esa integración social para conformar un futuro sin tensiones sociales, ni discriminaciones por cuestión de raza, sexo o confesión, tal y como proclama nuestra Constitución.
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