Por Jesús López-Medel, diputado del PP por Madrid (EL PERIÓDICO, 18/11/07):
Guatemala. Julio del 2000. Tres años antes se habían suscrito los acuerdos de paz. Acababa así una guerra civil en la que, junto a la guerrilla y el Ejército, fuerzas paramilitares cometieron un brutal genocidio de casi 300.000 mayas. Para trasmitir las ventajas de la participación política mediante los cauces democráticos, y no con la utilización de la violencia, acudí allí para estar con los dirigentes del Frente Revolucionario que poco antes eran, evidentemente, proscritos e ilegales.
Fue una experiencia política extraordinaria. Aún más, humana. Convivir con ellos me permitió conocer e introducirme en la profunda Guatemala y en aldeas recónditas. Lo que más me sobrecogió fue la gran abundancia de niños en unas condiciones de gran penuria. A los seis años ya son mano de obra vendiendo productos, realizando labores agrarias o trabajos infames.
ME INTERESÉ por sacar algunos de allí, acogerlos y traerlos a España para adoptarlos. Consulté en la embajada. Pero la información fue desalentadora por la ausencia de garantías jurídicas y morales sobre el sistema legal vigente en el país. Meses después, volví allí y me entrevisté con una abogada especializada en estos temas. Por la elevada suma (cinco millones de pesetas de entonces), me facilitaban en muy pocos meses un niño que yo podía elegir. Y ello con todas las bendiciones legales y administrativas.
Comprendo que algunas personas puedan plantearse la pregunta moral de si en caso de duda del origen del niño pueden cerrarse los ojos y pensar que por encima de esas sombras está (además del interés propio) el asegurar un futuro afectivo y de prosperidad a una criatura que en ese lugar y condiciones solo tendría garantizadas penuria y desesperanza.
Sin embargo, aunque todo pudiese tener apariencia de legalidad, mi decisión, tras leer un informe rotundo de Unicef, fue desistir. Desde entonces se han destapado varios escándalos sobre tráfico de niños en Guatemala. España y casi todos los países (salvo EEUU) cerraron las puertas a la adopción allí.
Hace dos meses acudí a Guatemala como observador internacional de la Organización de Estados Americanos en las elecciones. Aún conociendo el tema del tráfico de niños por esa experiencia y lo que leía en internet, recibí un gran impacto. Lo que sabía era poco frente a lo que pude ver y escuchar por mí mismo. Asistí a espectáculos obscenos y repugnantes de compra de niños. ¡En el propio hotel! Era constante la entrada de mujeres con bebés, en otros casos embarazadas, y era inevitable que, sentado en el vestíbulo, oyese las conversaciones entre las partes contratantes. Total impunidad. Además, varios hoteles ofrecen entre sus servicios una sección de “adopciones”.
Pero, además de los casos de transacciones de niños con consentimiento de sus familias a cambio de un dinero, y la abundancia de madres de alquiler, también existe allí algo infame en el siglo XXI: el secuestro de niños. El Estado ha permitido un auténtico tejido de negocio de élites profesionales inmunes a la justicia. Para el socialdemócrata, recién elegido presidente, Álvaro Colom, es un reto acabar con esa podredumbre. Le recordaremos los compromisos que expresó al preguntarle sus planes en presencia del embajador de España, también interesado por el asunto.
Pero Guatemala no es, evidentemente, el único lugar donde esto sucede. Los hechos recientes de Chad lo revelan. El asunto mereció especial interés informativo al haber sido apresados unos compatriotas. ¿Cuántos días habrían sido noticia en nuestra prensa estos tremendos hechos si no se hubiera detenido a unos franceses y a una tripulación española?
ME ALEGRO DE que los españoles apresados salieran de allí, pero desde entonces la noticia desapareció. En mi mente siguen los niños centroafricanos que iban a ser transportados de modo manifiestamente ilegal y llevados a la civilización (?) que, bajo la apariencia de salvar a unos niños, es capaz de propiciar algo tan aberrante como el tráfico de personas. También pienso en los que impunemente y con éxito han podido sacar antes de ése y otros lugares. Una amiga que había intentado adoptar un niño del Congo hace un año (en un fracaso claro de la Generalitat y de la entidad privada irresponsable), me escribió un sms: “Todos hablan de los franceses y españoles detenidos, pero ¿quién se acuerda de los niños?”.
Lamentablemente, en nuestros países tan avanzados hay redes conectadas allí con la venta de niños, por no hablar del reciente caso de explotación en Etiopía por una oenegé catalana. No somos inocentes, al menos por la ausencia de control de las organizaciones intervinientes. También dudo de la inocencia de personas o entidades de Chad y países próximos, con altos niveles de corrupción, que participan en el negocio.
Se aprueba este jueves en el Congreso la ley de adopción internacional. Su valoración es positiva. Debemos reforzar las garantías jurídicas exigibles a todos los intervinientes en adopciones para asegurar un respeto escrupuloso de las normas locales e internacionales. También para castigar severamente su vulneración, incrementar los controles, coordinarnos mejor y salvaguardar los valores éticos exigibles.
Guatemala. Julio del 2000. Tres años antes se habían suscrito los acuerdos de paz. Acababa así una guerra civil en la que, junto a la guerrilla y el Ejército, fuerzas paramilitares cometieron un brutal genocidio de casi 300.000 mayas. Para trasmitir las ventajas de la participación política mediante los cauces democráticos, y no con la utilización de la violencia, acudí allí para estar con los dirigentes del Frente Revolucionario que poco antes eran, evidentemente, proscritos e ilegales.
Fue una experiencia política extraordinaria. Aún más, humana. Convivir con ellos me permitió conocer e introducirme en la profunda Guatemala y en aldeas recónditas. Lo que más me sobrecogió fue la gran abundancia de niños en unas condiciones de gran penuria. A los seis años ya son mano de obra vendiendo productos, realizando labores agrarias o trabajos infames.
ME INTERESÉ por sacar algunos de allí, acogerlos y traerlos a España para adoptarlos. Consulté en la embajada. Pero la información fue desalentadora por la ausencia de garantías jurídicas y morales sobre el sistema legal vigente en el país. Meses después, volví allí y me entrevisté con una abogada especializada en estos temas. Por la elevada suma (cinco millones de pesetas de entonces), me facilitaban en muy pocos meses un niño que yo podía elegir. Y ello con todas las bendiciones legales y administrativas.
Comprendo que algunas personas puedan plantearse la pregunta moral de si en caso de duda del origen del niño pueden cerrarse los ojos y pensar que por encima de esas sombras está (además del interés propio) el asegurar un futuro afectivo y de prosperidad a una criatura que en ese lugar y condiciones solo tendría garantizadas penuria y desesperanza.
Sin embargo, aunque todo pudiese tener apariencia de legalidad, mi decisión, tras leer un informe rotundo de Unicef, fue desistir. Desde entonces se han destapado varios escándalos sobre tráfico de niños en Guatemala. España y casi todos los países (salvo EEUU) cerraron las puertas a la adopción allí.
Hace dos meses acudí a Guatemala como observador internacional de la Organización de Estados Americanos en las elecciones. Aún conociendo el tema del tráfico de niños por esa experiencia y lo que leía en internet, recibí un gran impacto. Lo que sabía era poco frente a lo que pude ver y escuchar por mí mismo. Asistí a espectáculos obscenos y repugnantes de compra de niños. ¡En el propio hotel! Era constante la entrada de mujeres con bebés, en otros casos embarazadas, y era inevitable que, sentado en el vestíbulo, oyese las conversaciones entre las partes contratantes. Total impunidad. Además, varios hoteles ofrecen entre sus servicios una sección de “adopciones”.
Pero, además de los casos de transacciones de niños con consentimiento de sus familias a cambio de un dinero, y la abundancia de madres de alquiler, también existe allí algo infame en el siglo XXI: el secuestro de niños. El Estado ha permitido un auténtico tejido de negocio de élites profesionales inmunes a la justicia. Para el socialdemócrata, recién elegido presidente, Álvaro Colom, es un reto acabar con esa podredumbre. Le recordaremos los compromisos que expresó al preguntarle sus planes en presencia del embajador de España, también interesado por el asunto.
Pero Guatemala no es, evidentemente, el único lugar donde esto sucede. Los hechos recientes de Chad lo revelan. El asunto mereció especial interés informativo al haber sido apresados unos compatriotas. ¿Cuántos días habrían sido noticia en nuestra prensa estos tremendos hechos si no se hubiera detenido a unos franceses y a una tripulación española?
ME ALEGRO DE que los españoles apresados salieran de allí, pero desde entonces la noticia desapareció. En mi mente siguen los niños centroafricanos que iban a ser transportados de modo manifiestamente ilegal y llevados a la civilización (?) que, bajo la apariencia de salvar a unos niños, es capaz de propiciar algo tan aberrante como el tráfico de personas. También pienso en los que impunemente y con éxito han podido sacar antes de ése y otros lugares. Una amiga que había intentado adoptar un niño del Congo hace un año (en un fracaso claro de la Generalitat y de la entidad privada irresponsable), me escribió un sms: “Todos hablan de los franceses y españoles detenidos, pero ¿quién se acuerda de los niños?”.
Lamentablemente, en nuestros países tan avanzados hay redes conectadas allí con la venta de niños, por no hablar del reciente caso de explotación en Etiopía por una oenegé catalana. No somos inocentes, al menos por la ausencia de control de las organizaciones intervinientes. También dudo de la inocencia de personas o entidades de Chad y países próximos, con altos niveles de corrupción, que participan en el negocio.
Se aprueba este jueves en el Congreso la ley de adopción internacional. Su valoración es positiva. Debemos reforzar las garantías jurídicas exigibles a todos los intervinientes en adopciones para asegurar un respeto escrupuloso de las normas locales e internacionales. También para castigar severamente su vulneración, incrementar los controles, coordinarnos mejor y salvaguardar los valores éticos exigibles.
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